La mayoría de las demandas contra España están vinculadas a inversores en energías renovables, que invocan el Tratado sobre la Carta de la Energía (ECT). "Una especie de mega tratado de protección de la inversión en el sector energético", en palabras de Lucía Bárcena, responsable de la campaña #StopISDS en Ecologistas en Acción. La Carta de la Energía, explica, "contiene el mecanismo ISDS, y por tanto concede a las corporaciones enormes poderes para demandar a los estados en caso de cambios en el sistema energético". Algo que, además, "podría significar un obstáculo enorme para aprobar y llevar a cabo políticas de justicia climática y transición energética".
Como ejemplo de ello, Bárcena cita estos dos casos: el de la empresa minera candiense Edgewater, que ha
demandado al Estado español por cancelar la licencia de explotación de una mina a cielo abierto en Corcoesto (Galicia) invocando un tratado bilateral de inversiones entre España y Panamá y "socavando con ello el derecho a la defensa del medioambiente y la salud del pueblo gallego". La protagonista del otro caso es Vatenfall, una empresa
energética sueca, ha demandado a Alemania dos veces por su plan de salir de la energía nuclear en 2020,
Más de cuarenta demandas contra España
España ya ha sido demandado ante tribunales de arbitraje privados más de 40 veces invocando este tratado. Si los inversores ganan todos los litigios, el Estado tendrá que pagar más de 7.700 millones de euros. Aunque, como puntualizan desde Ecologistas en Acción, "la cifra no está clara porque el gobierno no está dando la información".
En mayo de 2017 se resolvió una de estas demandas en el CIADI, el tribunal de arbitraje del Banco Mundial, resultando favorable a los inversores del caso Eiser Infraestructure, por lo que se condenó a España al pago de una multa de 128 millones de euros, más intereses, por los perjuicios que el recorte de primas provocó a tres plantas termosolares en las que había invertido el fondo luxemburgués.
Este caso, como la de la mayoría de los casos presentados ante el CIADI, responde a la reforma del sector de las energías renovables que entró en vigor en el año 2014 mediante con la Orden Ministerial IAT/1045/2014. Las empresas que demandan son todas multinacionales de la energía, entidades financieras y fondos privados de inversión que, de acuerdo con la responsable de #StopISDS, "hicieron inversiones puramente especulativas en el sector de las renovables esperando obtener altas rentabilidades gracias a las primas que otorgaba el Estado y, cuando se recortaron dichas subvenciones, pasaron a utilizar los instrumentos que les brinda la lex mercatoria para reclamar el lucro cesante."
También las multinacionales españolas utilizan esta forma de "justicia paralela", como la define Lucía Bárcena. De hecho, la responsable de #StopISDS dice que son de las que más recurren a ella "para cobrar unas fortunas y socavar la soberanía en otros países. Por ejemplo, Naturgy (antigua Gas Natural Fenosa) y Telefónica han interpuesto demandas de arbitraje contra Colombia por regulaciones públicas en el sector de servicios", indica Bárcena.
A por millones de firmas en un año
Con la campaña ‘Paremos a las multinacionales. Stop ISDS!", las ONG, organizaciones sociales y sindicatos europeos involucrados, que pertenecern a 18 países de la Unión Europea, quieren recabar millones de firmas para exigir que se elimine este sistema de solución de controversias entre inversores y estados, que se encuentra en la mayoría de los tratados de comercio y de inversión y en el acuerdo económico y comercial global (CETA).
En concreto, exigen la eliminación de los tribunales corporativos en todas sus formas, salir de los tratados de comercio e inversión que contengan el ISDS u otro mecanismo parecido, y no firmar nuevos tratados de este calado en el futuro. En su lugar, piden promover el establecimiento de un tratado vinculante de las Naciones Unidas sobre empresas transnacionales con respecto a los derechos humanos, que permita responsabilizar a las transnacionales en caso de que los violen en cualquier territorio donde tenga actividad. La responsable de Ecologistas en Acción recuerda que 321 defensores y defensoras de derechos humanos y ambientales fueron asesinadas en 2018 por oponerse a abusos corporativos. "A día de hoy, sin embargo, las personas afectadas por las violaciones de los derechos humanos cometidas por las transnacionales no logran acceder a la justicia", puntualiza.
La recogida de firmas arrancó el 22 de enero, coincidiendo con el primer día del Foro Mundial Económico en Davos y tiene una duración prevista de un año. "Mientras que los representantes del BBVA, Repsol, Telefónica, Iberdrola están en Davos sentados junto a los responsables políticos, muchos de ellos están a su vez demandando a los gobiernos para socavar las políticas progresistas que necesitamos. Pedimos a los líderes de la UE que utilicen Davos para comprometerse a poner fin al arbitraje entre inversores y estados, y respaldar leyes vinculantes que responsabilicen a las empresas multinacionales por la violación de los derechos humanos, sociales económicos y ambientales”.
