En la presentación, Marina Serrano, presidenta de aelēc, ha destacado la relevancia para la transición energética de este instrumento para involucrar en ella a los consumidores, situando a la ciudadanía, como marca la Estrategia de Descarbonización para 2050, en el centro de los cambios que deben acometerse en el sector eléctrico. También ha aclarado que, bajo el término “comunidades energéticas locales” (CEL), se reúnen dos figuras jurídicas de la normativa europea: las “comunidades ciudadanas de energía”, de la Directiva de Mercado Interior; y las “comunidades de energías renovables”, de la Directiva para el fomento del uso de energías renovables. Estas últimas se han traspuesto a nuestra legislación por el Real Decreto-Ley 23/2020, publicado el pasado 23 de junio. Serrano ha señalado que el desarrollo de todo este marco estratégico y normativo en proyectos concretos es precisamente el gran reto para las administraciones y también para los gestores de infraestructuras, como facilitadores del papel activo de los consumidores.
La sesión de hoy de #webinarsAELEC ha contado con una intervención inicial por parte de Miguel Rodrigo, jefe del Departamento de Marco Regulatorio y Estrategia Corporativa del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), institución que está jugando un papel destacado en el impulso de las comunidades energéticas. Miguel Rodrigo ha resaltado el papel de la participación ciudadana en este proceso de cambio que atraviesa el sector energético: “Los ciudadanos han de estar en el centro de la transición energética. Es una cuestión que la Unión Europea, desde el Paquete de Energía Limpia, identifica como prioritaria, y cuya importancia ya se ha recogido en la planificación energética española a través del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Una de las formas de facilitar esa participación activa es a través de las comunidades de energías renovables, concepto que ya se ha incluido en la Ley del Sector Eléctrico a través en el Real Decreto ley 23/2020. Falta, no obstante, aún mucho por hacer, y el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia supone una oportunidad para facilitar el desarrollo de proyectos de este tipo. Por ello, el pasado viernes el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico lanzó una call de expresiones de interés específica para comunidades de energía locales, que estará abierta hasta el próximo 21 de febrero”.
El panel de expertos que ha participado hoy en #webinarsAELEC ha estado formado por Joan Herrera, director de Acción Ambiental y Energía del Ayuntamiento del Prat de Llobregat; Íñigo del Guayo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Almería y vicepresidente de la Asociación Española de Derecho de la Energía (AEDEN); Alexandre Diez, consejero y fundador de Ampere Energy; y Pedro González, director de Regulación de aelēc. Luis Merino, codirector de la revista Energías Renovables, ha ejercido como moderador del debate.
En su intervención, Joan Herrera ha incidido en el papel de los ciudadanos: “Los consumidores tendrán un lugar incluyente de participación directa en la producción, consumo o reparto de energía. Y no es solo música, dos directivas a trasponer crean dos figuras: las comunidades ciudadanas de energía y las comunidades de energías Renovables, que pueden ser creadas por ciudadanía, empresas locales y entes locales, que podrán operar en energía en todo lo que uno pueda imaginar. Hay que facilitar su creación, su interrelación con los actores energéticos, y hacer que la agenda energética sea una agenda local”.
Íñigo del Guayo ha abordado la situación normativa de estas figuras jurídicas y su necesaria trasposición a nuestra legislación: “Dos años después de la introducción en la legislación de la Unión Europea de las comunidades energéticas, España no ha implementado esas previsiones. Lo que ha hecho el Gobierno hasta ahora es muy limitado. Por tanto, es imposible evaluar si la legislación española equilibra correctamente el interés de los miembros de las comunidades con el interés de la sociedad en su conjunto. La primera subasta renovable, dentro de una ronda de nuevas subastas, no ha concretado la forma de adjudicar potencia renovable a las comunidades. Debe permitirse a las comunidades participar activamente en el mercado, para que no sean necesarios incentivos ineficientes. Se deben fomentar las comunidades energéticas, incluso si están impulsadas por el beneficio, entre otros objetivos”.
En esa línea, Alexandre Diez ha señalado que “sin la consolidación normativa y el mercado de las comunidades energéticas, el modelo de transición estaría claramente incompleto. Las CEL son la expresión misma del cambio de modelo energético centrándose en los beneficios del consumidor como protagonista de dicho cambio. Gracias a la implementación de sistemas de gestión inteligentes de la energía, las comunidades permitirán reducir los costes de la energía consumida, aumentar el comfort energético de los ciudadanos, mejorar la resiliencia del sistema eléctrico, facilitar una transición socialmente más justa ayudando en la lucha contra la pobreza energética y proteger el medioambiente. Por lo tanto, es preciso disponer de la normativa que desarrolle y haga efectivos estos modelos de la transición, con urgencia regulatoria”.
Por último, Pedro González, ha destacado las diferencias entre las dos figuras jurídicas que se integran bajo el paraguas de las CEL: “Las comunidades ciudadanas de energía y las comunidades de energías renovables son nuevas alternativas que surgen dentro del marco normativo europeo. Sin embargo, son modelos de negocio distintos que hacen que optar por uno u otro dependa finalmente de los objetivos que realmente se persiguen. La normativa deberá ir dando forma a cada una ellas para que responda convenientemente a sus propósitos”, ha comentado Pedro González, quien también ha remarcado que, en cualquier caso, la colaboración con el resto de agentes del sector es esencial para su correcto desarrollo y, en este sentido, los gestores de la red de distribución son claros facilitadores de estos nuevos modelos de negocio que deben servir para involucrar al consumidor de forma activa en el proceso de transición energética, con una mayor electrificación para alcanzar los objetivos que perseguimos de descarbonización.
