La mitigación, la protección y la adaptación frente al cambio climático, el freno de la pérdida de biodiversidad, la lucha contra la contaminación, un sistema alimentario sostenible, la detención de la sobreexplotación del territorio y del agua, así como la protección de las personas más vulnerables frente a los efectos de la crisis ecológica y la perspectiva de género en todas las políticas son, para los ecologistas, los principales desafíos a los que se enfrenta España.
Estos retos requieren de la coordinación y colaboración de todos los ministerios, aunque el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), el departamento dirigido por Aagesen, tiene una responsabilidad central en abordar estas cuestiones desde una visión ambiciosa, transversal y de largo plazo, han señalado las organizaciones ecologistas en un comunicado.
"La crisis climática y ecológica está asociada a su vez con una crisis social donde las personas en situación de mayor vulnerabilidad sufren los impactos ambientales con mayor intensidad. Entendemos que sin justicia social no habrá transición ecológica: sólo mediante la acción coordinada y coherente de las distintas políticas sectoriales será posible satisfacer los objetivos que la transición ecológica justa nos demanda en este tiempo crucial", subrayan las organizaciones.
En la reunión de este jueves, Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han trasladado a la ministra un completo listado de demandas concretas agrupadas en torno a tres ejes:
Luchar, protegerse y adaptarse frente a la emergencia climática
La DANA del pasado mes de octubre es un ejemplo de por qué España debe elevar su ambición climática para cumplir con sus responsabilidades internacionales. Además, para las organizaciones ecologistas, la adaptación a los impactos del cambio climático es urgente y debe priorizar a las personas más vulnerables y a las soluciones basadas en la naturaleza.
Por todo ello, defienden un sistema energético más justo, democrático y sostenible, que empode a la ciudadanía y reduzca los abusos del oligopolio eléctrico. También exigen un despliegue de energías renovables que sea compatible con la biodiversidad, la producción sostenible de alimentos y las necesidades locales, evitando malas prácticas y enfoques descontrolados. Además, piden atajar la sobreexplotación del agua para garantizar su disponibilidad, calidad y la protección de los ecosistemas acuáticos.
Conservar la naturaleza para proteger la vida
Ante el grave proceso de pérdida de biodiversidad, las cinco grandes consideran necesario adoptar medidas extraordinarias para cumplir con el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal y, especialmente, las 23 metas orientadas a detener la pérdida de biodiversidad en 2030.
Entre ellas figuran combatir la fragmentación de hábitats y consolidar una red coherente de zonas naturales, incrementar la protección de los ecosistemas marinos y costeros, y avanzar en las medidas encaminadas a una gestión del territorio forestal. En este sentido ponen especial atención al establecimiento por parte de las comunidades autónomas de mecanismos y condiciones para incentivar las externalidades positivas de los terrenos que se hallen ubicados en espacios declarados protegidos o en los cuales existan acuerdos de custodia del territorio.
Salvaguardar el territorio y asegurar una vida sana y una economía circular
Para los ecologistas, este objetivo requiere a su vez actuar en varios frentes. En primer lugar piden regular la actividad minera para que se adapte a los estándares más estrictos de sostenibilidad y seguridad. Por otro lado, demandan planes de acción que protejan el suelo frente a su uso como receptor de residuos mezclados de la industria y la agricultura.
Paralelamente, exigen al Gobierno que garantice el derecho colectivo a un aire limpio a través de normativas locales más estrictas, y también demandan atajar la reducción de la generación de residuos para avanzar hacia una economía circular y sostenible.
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