El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IDMA) ha difundido un comunicado en el que pide al Gobierno "que adopte medidas urgentes y que diseñe un plan de cierre ordenado y progresivo de las centrales térmicas de carbón". Lo hace al hilo del anuncio de la Comision Europea de apertura de una investigación a ciertas ayudas estatales (que ascenderían a 440 millones de euros desde 2007). Según el Instituto, dichas ayudas, llamadas "de incentivo medioambiental", fueron otorgadas para que las centrales térmicas instalaran sistemas de desulfuración para cumplir con los límites de emisión de óxidos de azufre exigidos en la normativa europea. Pues bien, "precisamente por ser esos límites obligatorios, Bruselas considera que las ayudas no representaban un incentivo para que las centrales redujesen las emisiones contaminantes perjudiciales para la salud y el medio ambiente". Y no son incentivos porque las ayudas se destinan "solo" a cumplir con los niveles de emisión "obligatorios establecidos por la UE". Además, según la Comisión, estas ayudas irían en contra del principio "Quien contamina paga" y darían una ventaja competitiva al carbón frente a otros tipos de energía.
El Instituto recuerda además que "los mecanismos de capacidad ya han sido cuestionados anteriormente en el seno de la Comisión"
En junio de 2016, en sus Comentarios al Informe Intermedio de la Investigación Sectorial sobre los Mecanismos de Capacidad, el Instituto IDMA denunció esas ayudas a los sistemas de desulfuración, en vigor desde 2007. Según el Instituto, las beneficiarias de esas ayudas han sido sobre todo las centrales térmicas de carbón que además están acogidas a excepciones que les permiten emitir hasta 7 veces por encima de los límites de la UE (limites fijados para proteger la salud). Estas excepciones -continúa el Instituto- han sido, en primer lugar, el Plan Nacional de Reducción de Emisiones y, después, el actualmente vigente Plan Nacional Transitorio, recurrido por IDMA ante el Tribunal Supremo, y al que se acogen la mayoría de las 15 centrales de carbón españolas. Además -añade IDMA-, el Ministerio de Energía acaba de publicar el borrador de un Real Decreto para evitar el cierre de las centrales de carbón. Según el Instituto, en un contexto en el que los gases generados por las térmicas de carbón causan más de 700 muertes prematuras al año, costes sanitarios entre 880 y 1.667 millones de euros y daños irreparables al medio ambiente, "este tipo de medidas son cuestionables desde el punto de vista jurídico".
Del abandono ordenado y progesivo de una generación que produce afecciones ambientales y sobre la salud de las personas
Según la directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IDMA), la abogada ambiental Ana Barreira, "este tipo de pagos por capacidad viola el Derecho de la UE relativo a las ayudas del Estado. Además -añade-, el Gobierno sabe que el apoyo al carbón y a las centrales térmicas no responde a las exigencias globales de protección a la salud y al medio ambiente". La directora del Instituto IDMA recalca en ese sentido que "la mayoría de países occidentales están adoptando medidas que impulsan el abandono ordenado y progresivo del carbón para cumplir con las obligaciones del Acuerdo de París". Los motivos de ese abandono progresivo están muy claros para Barreira: "las emisiones de las centrales térmicas contribuyen al cambio climático y afectan a nuestra salud. La falta de planificación y visión a medio y largo plazo del Ministerio -denuncia Barreira- "traerá consecuencias graves para España, que se está quedando atrás a pesar de estar recibiendo avisos constantes de diferentes actores, desde oenegés a la propia Comisión Europea. El respeto al estado de derecho -concluye la abogada- es fundamental en la transición energética".
A continuación, las centrales térmicas de carbón de España
