En el comunicado, publicado en las cuentas de Twitter de cada asociación, se especifica que, de prosperar dicha iniciativa presidencial, "desmantelaría a la industria de energía renovable en nuestro país", para agregar que "esto encarecería la generación de electricidad y produciría daños irremediables al medio ambiente, cancelando la transición energética en el país y posicionando a México en contra de la lucha global frente al cambio climático".
Respecto del último aspecto señalado, se especifica que de ser así el país norteamericano "violaría flagrantemente el Acuerdo de París y las metas obligatorias de energía limpia de la legislación nacional".
En otro párrafo se explica que la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica "busca eliminar la lógica económica y ambiental en el despacho de electricidad del Sistema Eléctrico Nacional", al darle prioridad "a energía sucia y más costosa", frente a la "barata y limpia" de la energía renovable, lo que imposibilitaría, se afirma, su operación.
El comunicado aporta como datos que "el 99 % de la energía eólica y solar que se genera en México es producto de la inversión privada", que "ha permitido la mitigación de 19 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera cada año"; que "los más de 300 proyectos eólicos y solares en operación suman una capacidad total de más de 12,9 GW", lo que representa "19 mil millones de dólares de inversión directa, nacional y extranjera, y más de 86 mil empleos en todo el país".
"En contraste -sigue- CFE ha preferido históricamente la generación eléctrica con fuentes fósiles. Mientras la capacidad instalada de energía renovable del sector privado se multiplicó por siete en los últimos siete años, la contribución de CFE al desarrollo de capacidad instalada en energías eólicas y solares fue cercano a cero".
"Hemos ganado nuestra participación de mercado compitiendo en costos -continúa el comunicado-. Relegar, o incluso excluir, a los actores privados que han invertido en el desarrollo y la sustentabilidad del país, tiene efectos retroactivos y expropiatorios, y lo más grave, elevaría el costo de la electricidad".
El comunicado concluye haciendo un llamado al Poder Legislativo "a considerar los múltiples e irreversibles efectos adversos de esta iniciativa en su discusión y eventual discusión".
