Mientras se discute tanto a nivel de la UE como a nivel nacional sobre los objetivos de reducción de emisiones y de energías renovables para 2030 y 2050 (necesarios para poder cumplir con el Acuerdo de París ya ratificado por parte de España y la UE), la recuperación económica en nuestro país se ha hecho hasta ahora a base de quemar combustibles fósiles y aumentar las emisiones de CO2.
La transición energética debería suponer un cambio en la manera en que se suministra la energía para el crecimiento económico para alcanzar una economía impulsada por energías renovables autóctonas. Sin embargo, esto no es lo que ha ocurrido en España en los últimos 3 años. El siguiente gráfico resume la evolución de las emisiones de CO2 en los principales sectores energéticos entre 2014 y 2017:
Estos datos hacen urgente la puesta en marcha de las instalaciones de renovables adjudicadas sin necesidad de incentivos en las subastas de 2016 y 2017, para reducir las emisiones del sector eléctrico.
Según cálculos de AEE, si se ponen en marcha todas las instalaciones adjudicadas en las subastas, las emisiones del sector eléctrico podrían disminuir en un 13% en 2020 respecto a 2017 (con una aportación hidráulica equivalente a la media de los últimos 5 años), alcanzando el valor más bajo desde 1996.
Pero mientras el sector eléctrico está ya trabajando para reducir sus emisiones en los otros sectores (el sector transporte y en el residencial/comercial) es urgente tomar medidas adicionales para no seguir aumentando las emisiones de CO2. En este sentido, la electrificación tanto del transporte como de la climatización tienen que empezar a avanzar. De lo contrario podrían estar en peligro el cumplimiento de los objetivos para 2020.
Tal como recoge el informe elaborado de forma consensuada entre los socios de la AEE sobre los elementos necesarios para la transición energética, a mediano y largo plazo es necesario establecer unos objetivos para 2030 y 2050 acordes con el reto de descarbonizar el consumo energético español, y planificar el despliegue de las alternativas renovables en cada uno de los sectores de forma que se alcancen los objetivos intermedios y el final.
Al principio será más coste-eficiente poner en marcha instalaciones renovables eólicas y fotovoltaicas y tomar medidas simples de eficiencia energética. Pero en la próxima década habrá que, adicionalmente al despliegue constante de más renovables en el sector eléctrico, ir progresivamente electrificando los sectores del transporte y residencial (utilizando las tecnologías renovables eléctricas y el almacenamiento en baterías como base). El coste de las baterías para almacenamiento de electricidad renovable predecible pero variable (como la eólica o la solar fotovoltaica) se espera que se reduzca para 2022-2025, de tal manera que la hibridación de estas dos tecnologías más almacenamiento podría ser para la segunda mitad de la década la opción de generación regulable más barata.
Para que sea posible llevar a buen puerto el cumplimiento del Acuerdo de París y el objetivo de descarbonizar el consumo energético español para 2050, sería conveniente conseguir un pacto de estado entre el mayor número posible de partidos políticos con el mayor grado de representación de los ciudadanos posible, que establezca la senda y los objetivos mediante los cuales alcanzar esa meta. Un pacto de estado en estos términos, plasmado en una ley de cambio climático y transición energética, daría el marco político y normativo necesario para que tanto el sector privado como el público y los ciudadanos puedan poner su granito de arena en este reto que es una oportunidad para la sociedad española.
Por otra parte, una fiscalidad que vaya aumentando progresivamente la penalización a las emisiones de CO2 daría una parte de las señales de precio para las inversiones en el cambio de tecnología y generaría ingresos para financiar medidas para facilitar la participación de toda la sociedad en el proceso (reconversión de procesos industriales, cambios en la modalidad de transporte, acondicionamiento de edificios, etc).
El caso del sector eléctrico
Como se puede ver en el gráfico, desde que empieza la recuperación económica del país en 2014 hasta 2017 aumenta la demanda de energía en un 3,9%. Si se elimina la variabilidad de la hidráulica, se puede ver que el resto de las tecnologías eléctricas renovables no han aumentado, mientras que las instalaciones con carbón, gas y petróleo han aumentado su generación en casi 20 TWh. Así no es de extrañar que el precio del mercado eléctrico en 2017 fuera de 52,24 €/MWh mientras que en 2014 fue de 42,13€/MWh.
Fuente:
REE, OMIE y elaboración AEE
2014 fue un año húmedo y 2017 un año muy seco, por lo que la aportación de la hidráulica fue sustancialmente menor el año pasado. El problema radica en que la menor generación hidráulica no fue sustituida por otras fuentes renovables porque no se promovió el despliegue de nuevas instalaciones renovables (prácticamente paralizadas desde entonces), sino que fue sustituida por generación térmica convencional (carbón, gas y petróleo). Otra peculiaridad de 2017 fue que se batió el récord de importaciones de electricidad con 9,1 TWh (la mayor parte de Francia), mientras que en 2014 exportábamos electricidad por 3,4 TWh.
Las emisiones de CO2 del sector eléctrico han aumentado de forma acorde a la mayor utilización de las centrales térmicas fósiles. Sin embargo, si se ponen en marcha las instalaciones de eólica y FV adjudicadas en las subastas de 2016 y 2017, las emisiones del sector eléctrico podrían disminuir en un 13% para 2020. Pero si no se hubieran adjudicado los 8.500 MW eólicos y fotovoltaicos en las subastas, y por lo tanto la potencia renovable hubiese sido la misma en 2020 que en 2017, las emisiones de CO2 se incrementarían por lo menos en un 6% adicional. La reducción de emisiones se conseguirá gracias a los 7.000-9.000 millones de euros que las empresas del sector van a invertir en las nuevas instalaciones eólicas y fotovoltaicas.
Transporte (derivados del petróleo) y gas
En el sector transporte, la situación es también similar pero no hay medidas adoptadas equiparables a las del sector eléctrico sobre la mesa para reducir las emisiones de CO2. La mayor actividad económica unida a la bajada de los precios de los combustibles entre 2014 y 2017 han provocado un importante repunte del consumo de éstos. En tres años el consumo ha aumentado en 2,3 millones de toneladas, un 9,2%. Lo que ha aumentado las emisiones de CO2 y de contaminantes atmosféricos en prácticamente igual medida.
El consumo de gas para la industria y los sectores residencial y comercial (excluyendo el consumo para generación eléctrica) ha experimentado una evolución similar. La mayor actividad económica unida a la bajada de los precios de gas natural entre 2014 y 2017 han provocado un importante repunte del consumo de éstos. En tres años el consumo ha aumentado de 250 a 275 GWh (térmicos), un aumento del 10,2%, lo que ha aumentado las emisiones de CO2 en prácticamente igual medida.
