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La UE ridiculiza el real decreto de autoconsumo que proyecta el Gobierno

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La Comisión Europea (CE) publicó ayer una comunicación consultiva “sobre mercado minorista de electricidad” que evidencia que el autoconsumo no solo puede reducir el peso de la factura eléctrica en cualquier hogar, sino que, además, puede suponer –en el caso concreto de los colectivos más vulnerables- una solución de lucha contra la pobreza energética. El documento de la CE incluye una lista con las mejores prácticas que se están llevando a cabo en toda Europa en materia de autoconsumo, prácticas que se encuentran exactamente en las antípodas del proyecto de real decreto que está elaborando el Gobierno para regular esta solución de ahorro. ¿Algún ejemplo? Mientras que el Gobierno alemán ha establecido rebajas fiscales -hasta un 30%- por la adquisición de una batería para instalaciones de autoconsumo de hasta 30 kW y facilita préstamos a tipo de interés bajo para su compra, el proyecto de real decreto de regulación del autoconsumo que ha presentado el Gobierno español propone la ilegalización de la instalación de baterías en sistemas de autoconsumo.
La UE ridiculiza el real decreto de autoconsumo que proyecta el Gobierno

La Fundación Renovables, que publicó ayer un exhaustivo análisis del texto elaborado por la Comisión Europea, exige –a la luz de esa comunicación consultiva- que el Ejecutivo Rajoy “retire su propuesta [de real decreto de regulación del autoconsumo] y la redacte de nuevo tomando nota de las recomendaciones de la Comisión Europea”. Según la Fundación, “la Unión Energética de la Comisión Europea ha puesto a los consumidores en el centro de su política energética con el objetivo de que los beneficios de la democratización de la energía lleguen a la ciudadanía en su totalidad, dándole mayor peso y un papel activo en el sector”. Y, efectivamente, la nota de prensa publicada ayer por la institución europea destaca que “los consumidores deben ser libres de generar y consumir su propia energía en condiciones justas para ahorrar dinero, ayudar el medio ambiente y asegurar la seguridad de suministro”.

Democratización
La Fundación Renovables celebra que la Comisión, “guiada por los principios de democratización de la energía recogidos en la Unión Europea”, haya recogido en su comunicación “las mejores prácticas internacionales“, recomendaciones que van “en dirección contraria” –explica- al proyecto de Real Decreto sobre Autoconsumo que está perfilando el Gobierno español. Según la Fundación, el documento de trabajo sobre mejores prácticas publicado por la CE “dista en todo de la propuesta del Gobierno, delatando la intención del Ejecutivo Rajoy de frenar de facto el autoconsumo en España”. Más explícito aún, el presidente de la Fundación, Domingo Jiménez Beltrán, ha dicho que esa propuesta es un “ataque frontal” contra la ciudadanía española y a favor de las empresas energéticas, un ataque –ha concluido- que obstaculiza “la transición energética y la inevitable democratización energética”.

Mejores prácticas aconsejadas para la regulación
a.- Primas o balance neto, pero no regalo a las multinacionales
La Comisión se decanta porque la retribución de la energía excedentaria tienda gradualmente al precio de mercado mayorista, partiendo incluso de modelos que priman esa energía excedentaria por su carácter de renovable (electricidad limpia, no emisora de gases de efecto invernadero) y pasando por otros donde se valora la energía excedentaria a precio minorista (balance neto). En España, los autoconsumidores están apostando por modelos de inyección cero (instalaciones que son dotadas de dispositivos que evitan que, en caso de que haya generación pero no consumo, esa electricidad generada llegue a la red). Esta solución transitoria –a la espera de que llegue el autoconsumo con algún tipo de balance neto, como en otros países- no es la idónea, pues obviamente desperdicia energía que puede ser generada, pero está siendo empleada ahora mismo por muchos autoconsumidores que no quieren regalar su energía excedentaria a la red.

b.- Contra las barreras burocráticas y administrativas para el autoconsumo
La Comisión Europea subraya que los procedimientos administrativos y de autorización complejos e injustamente onerosos son una barrera (el proyecto de RD que ha perfilado el Ejecutivo Rajoy ha sido acusado por todos los actores del sector de incluir todo tipo de barreras al autoconsumo). La CE, que señala en ese sentido los ejemplos de buenas prácticas de Portugal, Hungría, Italia y Suecia, aboga por procedimientos simplificados para pequeñas instalaciones, incluyendo la mera comunicación en lugar de la autorización previa (autorización previa que retrotrae a censura previa –propia de otros tiempos- o a ataque preventivo… seguramente porque beben todos de la misma fuente ideológica). La propuesta del gobierno español –dice la Fundación- pretende aplicar el procedimiento de autorización previsto en el Real Decreto 1699/2011, que está pensado para instalaciones que venden energía a la red, cuando de lo que se trata es de instalaciones diseñadas para autoconsumir, no para generar y vender. La Fundación considera que esa fórmula ideada por el Ejecutivo Rajoy supone “una traba arbitraria, innecesaria e injustificada que puede llegar hasta duplicar el coste de una instalación”.

c.- No a impuestos y cargos discriminatorios
La Comisión Europea en ningún caso propone cargos o impuestos discriminatorios ni sobre la energía vertida a la red ni sobre aquella autoconsumida, a diferencia de lo que hace el Ejecutivo Rajoy en su propuesta de regulación del autoconsumo, en el que incluye el coloquialmente denominado “impuesto al sol”. El documento de “Nuevo acuerdo con los consumidores” lanzado ayer propone –dice la Fundación- una revisión de la estructura de las tarifas eléctricas para que reflejen los costes reales, sean justas, sencillas y transparentes para los consumidores al mismo tiempo que apoyan la consecución de los objetivos europeos en materia de renovables y eficiencia energética; “nada que ver con la falta de objetividad con la que se ha duplicado en España la parte fija de la factura eléctrica en los dos últimos años”. En España, por el contrario, 300 diputados (300 de los 323 presentes en el Congreso aquel día) paralizaron la propuesta -de Izquierda Plural- de hacer una auditoría energética hace exactamente dos años (véase la historia aquí, pues no tiene desperdicio).

La Fundación Renovables entiende que “no tiene sentido cargar con gravámenes e impuestos una medida de eficiencia energética; y mucho menos, discriminar el autoconsumo respecto de otras alternativas de ahorro. Además –matiza la Fundación-, una parte relevante de la tarifa eléctrica corresponde al término de potencia que el consumidor seguirá pagando aunque autoconsuma parte de su energía”. En lo que a este extremo se refiere, la diferencia con respecto a otras naciones de nuestro entorno es abismal: en Italia –repasa la Fundación-, las instalaciones inferiores a veinte kilovatios (20 kW) no pagan ningún tipo de cargo (una instalación de ese tamaño ya es de una cierta entidad; en una vivienda unifamiliar puede valer con un sistema solar fotovoltaico de entre cinco y diez kilovatios, en función del tamaño de la misma). Las instalaciones italianas superiores a los 20 kW deben atender un cargo de 36 euros… al año. En Portugal, están exentas hasta que el autoconsumo alcance el 3% de la potencia total instalada en el país.

Por el contrario –lamenta la Fundación-, en España, el Ejecutivo Rajoy “quiere cargar la energía producida que ni siquiera alcanza la red eléctrica con un importe equivalente a nada menos que el 40% de lo que le habría costado al consumidor comprarla a red”. Ello supondría que “al año podría corresponder a más de 200 €, haciendo que a paridad de consumo de electricidad, un hogar que comprara toda su energía de la red pagaría menos que otro que autoconsumiera parte de su demanda”.

d.- No a la retroactividad
Si se aplican cambios de retribución o de cualquier otro aspecto regulatorio –dice la Fundación-, que no sean retroactivos, para garantizar la seguridad jurídica de las inversiones en autoconsumo; y asegurar condiciones económicas predecibles. Al contrario, el Proyecto de Real Decreto que ha elaborado el ministerio de Industria ilegaliza a posteriori todas las instalaciones que no quedan recogidas en su texto dando un pírrico plazo de 6 meses para su adaptación. Del mismo modo, propone un marco económico transitorio que tan solo dura cuatro años sin especificar cuáles serán las condiciones a posteriori.

e.- Iniciativas comunitarias
La Fundación apuesta por garantizar un marco estable para la agregación de la demanda y para el Autoconsumo compartido, como unión de varios generadores/consumidores, incluyendo el almacenamiento de energía compartido, bien sea en comunidades, en polígonos industriales u otras posibilidades es clave para la Comisión Europea. Los agregadores podrán facilitar la participación de los consumidores en el mercado mayorista. Sin embargo, el Proyecto de Real Decreto de Autoconsumo impone que el productor y el consumidor de una instalación de autoconsumo sean la misma persona, eliminando todas las demás posibilidades de participación ciudadana en el sector energético.

Además, al proponer un límite de 100 kWp para las instalaciones fotovoltaicas y eólicas para autoconsumo impide que se desarrollen en España proyectos de éxito –señala la Fundación- como el de una instalación fotovoltaica de 320 kWp de una procesadora de productos alimentarios italiana que gracias al autoconsumo consigue reducir sus facturas energéticas un 35%. En España, esos proyectos también están surgiendo en tiempo presente. Energías Renovables los ha ido recogiendo a lo largo de los últimos meses. Precisamente uno de los más emblemáticos lo protagoniza una empresa del sector alimentario: granja porcina, provincia de Lérida, 345 kilovatios de potencia.

f.- Almacenamiento descentralizado
El almacenamiento de energía descentralizado es clave para activar medidas de gestión de la demanda y aumenta la capacidad de autosuficiencia gracias al autoconsumo, explican desde la Fundación. Al mismo tiempo –continúa- puede, junto a la gestión de la demanda, incrementar la flexibilidad del sistema de modo tal que sea más fácil integrar cuotas crecientes de energías renovables. Por todo ello, la Fundación denuncia que el proyecto de Real Decreto, que quiere impedir el almacenamiento de energía para las instalaciones de pequeña potencia e imponer un cargo abusivo en los demás casos, impediría consecuentemente el desarrollo de otros casos de interés especialmente para las aplicaciones residenciales. Por ejemplo, una instalación fotovoltaica residencial para una vivienda unifamiliar con baterías con la mitad de la capacidad de almacenamiento ofertada recientemente por Tesla (3 kWh) puede aumentar la ratio de energía autoconsumida desde un 30% inicial hasta un 45-75%, según el perfil de consumo. En España, ya hay casos de instalaciones solares fotovoltaicas de autoconsumo con baterías de almacenamiento. Y en Energías Renovables las hemos localizado y revelado (véase).

El Proyecto PV Parity ha demostrado que el autoconsumo apoyado por almacenamiento de energía y gestión de la demanda puede reducir los costes adicionales del sistema de la integración europea de fotovoltaica hasta elevados niveles de penetración en hasta un 20%. El Gobierno alemán concede la devolución de impuestos hasta un 30% por la adquisición de una batería para autoconsumo de hasta 30 kW y préstamos a tipo de interés bajo para su compra. Entre tanto, aquí, en España, el Gobierno intenta ilegalizar esa posibilidad y, si bien de momento no lo ha conseguido, lo cierto es que su mensaje del miedo –terrorismo regulatorio- está teniendo un gran peso disuasorio en amplias capas de la sociedad.

g.- El autoconsumo, la tabla de salvación de los pobres
La Fundación Renovables apuesta por viabilizar “modelos de negocio e instrumentos de financiación que posibiliten el acceso al autoconsumo por parte de todos los consumidores. El Proyecto de RD del Gobierno impide de un plumazo compatibilizar autoconsumo y el acogerse a la tarifa regulada, incluyendo el Bono Social”. La Comunicación de la Comisión Europea conlleva una consulta pública en la que la Fundación Renovables ya ha anunciado que participará para pedir que la Unión Energética y sus desarrollos lleven al emerger de las soluciones para un nuevo modelo energético basado en las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética. Entre otras cosas, la Fundación Renovables asegura que pedirá que la Comisión Europea aproveche la oportunidad para eliminar todas las subvenciones a las energías fósiles y nuclear tal y como adoptado por el G20 y como herramienta fundamental para alcanzar el objetivo expresado en la Comunicación de favorecer la paridad de condiciones para que los consumidores entren en el mercado eléctrico como productores de renovables y para mayor transparencia de los costes y precios de la energía.

Además, la Fundación denuncia que el proyecto de Real Decreto del Gobierno da la espalda a las mejores prácticas internacionales para la democratización de la energía y por ello exige que se retire y se sustituya urgentemente por un nuevo texto acorde a las recomendaciones de la Comisión Europea. La Fundación Renovable recuerda que la transición hacia un modelo renovable, eficiente y racional es inevitable y que el autoconsumo tendrá un importante rol en ella. El comunicado de la Fundación concluye con una frase muy explícita: “oponerse al cambio retrasará y encarecerá su llegada; pero no podrá evitarla”.

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