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La UE ratifica el Protocolo de Kioto

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La ratificación del Protocolo sobre cambio climático tuvo lugar el viernes pasado en la sede de las Naciones Unidas (Nueva York), en una ceremonia que contó con la presencia de la comisaria de Medio Ambiente, Margot Wallström, y el presidente de turno del Consejo, el español Jaume Matas, junto con otros ministros de Medio Ambiente de los Quince. El Protocolo de Kioto establece que los países industrializados reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero un 5% en base a las emisiones de 1990, para el periodo 2008-2012, con el fin de frenar el calentamiento del planeta, previsto en 5,8ºC para finales de este siglo. Su ratificación por parte de la UE antes del 1 de junio era una de las prioridades que se había marcado la Presidencia Española para cumplir así los plazos y que pueda entrar en vigor antes de la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible de Johannesburgo, que comienza a finales de agosto. Para que el Protocolo entre en vigor será necesario que lo ratifiquen al menos 55 partes de la Convención y que las emisiones de esas partes representen al menos el 55% de las emisiones mundiales.

Los ecologistas piden medidas reales
Los grupos ecologistas han mostrado su satisfacción por la ratificación del Protocolo por parte de la UE, aunque han solicitado al Gobierno español la aplicación de "medidas reales" para poder cumplir los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero.

En este sentido, el responsable de la campaña de Cambio Climático de Greenpeace, José Luis García, ha declarado a Efe que la ratificación del Protocolo "marca el camino que deberían seguir todos los países", por lo que "ahora hay que plantearse qué tiene que hacer España para cumplir los objetivos establecidos, teniendo en cuenta que ha habido una total falta de responsabilidad por parte del Gobierno, y estamos en más del doble del nivel de emisiones permitido por Kioto".

En este sentido, Greenpeace pide al Gobierno que cambie el plan de infraestructuras energéticas "ya que supone aumentar más las emisiones (un 58 por ciento)", hacer una moratoria en la puesta en marcha de centrales térmicas para fomentar la utilización de energías renovables, y modificar la política de transportes hacia una reducción de uso e intensidad del transporte por carretera.

Mar Asunción, responsable del área de Cambio Climático de WWF/Adena, considera, igualmente, que hay que establecer las leyes pertinentes para que los compromisos que se adquieren en el Protocolo de Kioto se puedan cumplir. "Lo más importante es que la estrategia nacional de lucha contra el cambio climático sea una realidad", afirma. Para ello, WWF/Adena plantea que se inicie la reducción de emisiones "allí donde más se está emitiendo que es el sector eléctrico y el de transportes", y se apueste por "el incremento y el apoyo de las energías renovables, eficiencia energética y el ahorro energético".

Beatriz García, coordinadora de la campaña de Cambio Climático de Amigos de la Tierra, se pronuncia en el mismo sentido: "el Gobierno español no está haciendo mucho para alcanzar las cuotas de reducción de emisiones y se deberían tomar medidas que se traduzcan en políticas reales de ahorro energético".

En esta línea, Joaquín Nieto, secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de CC.OO., ha explicado a Efe que el próximo 27 de junio, en la comisión permanente del Consejo Nacional del Clima, deberán plantearse propuestas de acción inmediata al Gobierno español, los gobiernos autonómicos y los municipales, para favorecer el ahorro y eficiencia energética. "Estas medidas solo podrán prosperar si tienen una financiación por parte del Gobierno por lo que proponemos que se destinen unos 300 millones de euros para su financiación, cantidad que perfectamente puede salir readecuando la tarifa eléctrica", agrega.

Según el último inventario de la Agencia Europea de Medio Ambiente, más de la mitad de los países de la Unión Europea rebasan actualmente las cuotas de emisiones de gases causantes del efecto invernadero fijadas en el Protocolo de Kioto. España es el país que menos se ajusta al objetivo de la UE.
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