La transición energética también tiene una importante perspectiva de género, como resume el informe publicado por IRENA a principios de año. A partir de la información recogida mediante encuestas, el informe demuestra que, si bien la desigualdad de género es inferior en las renovables que en otros sectores energéticos tradicionales, todavía nos queda mucho camino por recorrer. En el plano internacional, también nos llegan desde Estados Unidos los ecos del Green New Deal que, empujado por algunas congresistas y el Sunrise Movement, aspira a convertir la transición energética en el principal eje de discusión política y en la propuesta estratégica para transformar la economía del país. El Green New Deal se acompaña de una reforma tributaria progresiva para financiarlo. A la capacidad redistributiva de los impuestos progresivos se suma en este caso el hecho de que las rentas más altas contaminan más y son más responsables del cambio climático.
Falta ambición
En Europa, 2019 ha sido el año donde hemos empezado a comprobar las debilidades de la estrategia climática de la Unión Europea. Si bien es probable que los objetivos de reducción de emisiones a nivel europeo para 2020 se alcancen, es decir que las emisiones se reduzcan en un 20% con respecto a las de 1990, no está tan claro que esto sea así para los objetivos de 2030 (reducir las emisiones en un 40%, con respecto a 1990). Los borradores de los Planes Nacionales de Energía y Clima que los países miembros han enviado a Bruselas no son lo suficientemente ambiciosos y no describen con la precisión requerida las medidas que se implementarán para conseguir estos objetivos.
Aparecen además grupos sociales con bajos ingresos que identifican la transición energética como una amenaza y reclaman que esta no les perjudique. Varios países ensayan estrategias para incorporar la dimensión de la justicia social en la toma de decisiones relacionadas con esta transición. Alemania utiliza la Comisión del Carbón para llegar a un acuerdo consensuado sobre cuándo dejar de utilizar esta tecnología para generar electricidad. Francia, mediante la Convención Ciudadana para el Clima, intenta encontrar soluciones que conjuguen la acción climática decidida y las demandas de los chalecos amarillos. En Reino Unido, acaba de comenzar a funcionar la Asamblea Ciudadana del Clima, una de las exigencias del movimiento de desobediencia civil pacífica Extinction Rebellion.
¿Y España?
Si cerramos todavía más el foco, en España, 2019 se recordará como el año que puso fin al despropósito regulatorio del autoconsumo. Por fin, disponemos de una normativa razonable que no obstaculiza el desarrollo de esta tecnología. La transición energética también acelera en nuestro país, las empresas que en el pasado no han visto este proceso con buenos ojos toman posiciones, Endesa anuncia el cierre anticipado de sus centrales de carbón e Iberdrola ofrece instalaciones de autoconsumo a sus clientes. A esto se suma a la entrada de Repsol en el sector eléctrico a finales de 2018. La fotovoltaica se prepara para despegar, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) pronostica 37 GW en 2030, lo que supone aproximadamente multiplicar por 7 la potencia instalada actualmente de esta tecnología. Al mismo tiempo, el operador de la red eléctrica recibe peticiones de conexión de plantas que suman una potencia fotovoltaica superior a 100 GW, y aunque se teme que gran parte respondan a una motivación especulativa, el elevado interés es símbolo también de la madurez de esta tecnología.
Sin embargo, debemos preguntarnos si el marco actual es suficiente para aprovechar las ventajas de esta fuente de generación distribuida. Sería deseable que gran parte de la nueva potencia a instalar, de acuerdo con el objetivo del PNIEC, lo sea en forma de instalaciones en tejado, que reduzcan el impacto ambiental y democraticen el sistema eléctrico aumentando el número de actores que participan en él. Para ello quizás no basta solo con una regulación que permita el autoconsumo, sino que esta debe garantizar el acceso a estos sistemas de toda la población, también de aquellos con menos recursos.
Esta búsqueda de justicia distributiva en nuestra sociedad y justicia intergeneracional debe impregnar todas las discusiones asociadas a la transición, porque no se trata solo de transitar hacia un sistema que utilice otras tecnologías sino de hacerlo hacia un modelo energético más justo. La celebración de la COP en Madrid a principios de diciembre es un marco excelente para reflexionar sobre estas cuestiones. Si somos optimistas, 2020 puede ser el año en el que España apruebe una Ley de Transición Energética y Cambio Climático. Es imprescindible que esta ley contemple los mecanismos para garantizar que la ciudadanía pueda participar de esta transición sin dejar a nadie atrás.
