El clúster Ricam hizo público ayer un comunicado en el que explica que “esta nueva tasa del 6% sólo puede ser trasladada al consumidor por las compañías eléctricas, pero no por las renovables, incrementando así el déficit tarifario que precisamente se pretende reducir". En definitiva –señala Ricam–, las renovables "pagarán un importe superior a las convencionales que no les será devuelto a través de los derechos de cobro sobre el déficit tarifario que sí disfrutan las grandes eléctricas”.
El “cluster” Ricam, que cuenta con el apoyo de las patronales canarias del metal y de las nuevas tecnologías Femete y Femepa, recuerda que, “en enero de este año, ya advertimos de las terribles consecuencias que suponía la eliminación del sistema de asignación de potencia para nuevas instalaciones; el sector confiaba en alguna norma que desbloquease esta situación en el archipiélago, dadas las inmejorables condiciones de sol y viento y el menor coste de producción con renovables frente a fuentes contaminantes, pero la realidad es otra y no se ve una solución a tiempo que evite la desaparición de un tejido empresarial al que todos los expertos colocaban como uno de los motores de la recuperación económica”. El clúster Ricam ha remitido cartas al ministro de Industria, al presidente del gobierno de Canarias y a la consejera de Industria en las que les solicita “mantener nuevos encuentros para buscar soluciones conjuntas con el objetivo de poner por delante el desarrollo de un sistema eléctrico en el que se apueste por las tecnologías más baratas, como son las renovables, así como por facilitar que los ciudadanos puedan generar y consumir la energía en sus viviendas”.
En palabras del presidente de Ricam, Julián Monedero, “cada día las empresas nos enfrentamos a un panorama lleno de incertidumbre y sin opciones de seguir desarrollando nuestro trabajo. Han sido muchas las propuestas que hemos puesto sobre la mesa y prácticamente ninguna se ha atendido”, en referencia a las iniciativas de Ricam acerca de una normativa propia para las islas en materia de renovables, así como instrumentos de apoyo administrativo y financiero a nuevas instalaciones sin impacto sobre el gasto público, especialmente para mejorar el acceso al crédito a familias y empresas interesadas en invertir en estos sistemas. Monedero constata por otra parte un creciente interés entre la población del archipiélago por producir energía con medios propios, “pero las trabas administrativas y la dificultad de acceso al crédito no les animan a adquirir unos productos y servicios que han reducido considerablemente sus precios por el avance técnico y los efectos de la crisis".
