La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha abierto una actuación de oficio ante la Secretaría de Estado de Energía para pedir información sobre el nuevo sistema para conocer la repercusión que tendrá en la factura eléctrica del consumidor medio el incremento y las razones del cambio.
Tras la reforma, publicada en el BOE del pasado 1 de febrero, la parte fija del peaje, que se paga en función de la potencia contratada, ha pasado a representar un 60% de la factura, mientras que el 40% restante corresponde a la parte variable, que se paga en función del consumo.
Industria ha justificado su decisión asegurando que la nueva ponderación beneficiará a las familias con una sola vivienda, que dejarán de financiar la luz de los que tengan otras viviendas (segundas residencias o viviendas vacías). Sin embargo, la Defensora del Pueblo advierte –al igual que lo ha hecho el sector de las renovables, asociaciones y sindicatos– que la reducción de la parte variable de la factura desincentiva a los consumidores que tratan de ahorrar frente a aquellos que no lo hacen, pues sus esfuerzos no tendrán reflejo en la factura. Así, con la nueva ponderación quienes consuman menos electricidad financiarán, a juicio de la Institución, el gasto eléctrico de aquellas que no ahorren.
Además, la Institución tiene abierta una iniciativa para aclarar la comprensión de los recibos de la luz ya que considera que existe desinformación sobre los conceptos que integran la factura eléctrica. Por ello, se ha solicitado a la Secretaría de Estado de Energía que informe sobre las actuaciones previstas para garantizar que los conceptos de la factura eléctrica son trasladados a los consumidores de manera transparente y comprensible.
