La previsión de superávit de tarifa para el ejercicio 2015 se ha estimado en unos 1.000 millones de euros, que vienen a sumarse a los más de 550 millones registrados en 2014, con lo que se puede dar por resuelto el desequilibrio de ingresos y gastos que ha venido dando lugar al déficit de tarifa. En esos dos años los recortes a las energías renovables han sido de más de 4.500 millones de euros, lo que supone una reducción en torno al 30% sobre la remuneración prevista. Para APPA, estos recortes a las renovables han sido desproporcionados, máxime si se comparan con los aplicados a otras partidas del sistema eléctrico, apenas afectados por la reforma.
En 2014, según datos de la CNMC, la Distribución y el Transporte fueron retribuidos con 4.986 millones de euros y 1.673 millones, respectivamente, cifras ambas en línea con lo que venían percibiendo antes de la citada reforma. En 2015, las retribuciones estuvieron en la misma línea, 4.931 millones para la Distribución y 1.690 millones para el Transporte.
“Ahora, el Gobierno en funciones en sus propuestas de órdenes ministeriales para establecer las retribuciones reguladas del Transporte y la Distribución aprovecha la existencia de superávit y plantea una subida de la Distribución del 3,7% hasta llegar a los 5.114 millones de euros y de un 0,89% para el Transporte hasta alcanzar los 1.705 millones de euros. Ello, a pesar de que en los últimos años ha disminuido la demanda eléctrica y obviando, una vez más, cualquier posible restitución de los derechos cercenados a las renovables”, subraya APPA.
Medidas compensatorias
Para paliar la situación crítica que viven las empresas de renovables, la situación plantea una serie de medidas que de alguna manera compensen el esfuerzo exagerado que tienen que soportar con relación a otros costes del sistema. La asociación propone que se mantenga durante toda la vida útil de la instalación el valor fijado para la rentabilidad razonable, que se elimine la fiscalidad pseudoambiental que soportan las renovables, particularmente el impuesto a la producción eléctrica, y que se compense a las renovables por su efecto depresor en el mercado eléctrico.
Además, APPA reclama que se fijen instrumentos alternativos para la financiación de los desajustes y que se trasladen a los PGE los costes que no tienen nada que ver con la generación eléctrica. Asimismo, la asociación considera imprescindible poner en valor los efectos positivos de las energías renovables mediante el establecimiento de mecanismos que graven a las energías contaminantes por sus externalidades negativas, bajo el principio de “el que contamina paga”.
