El Gobierno aprobó el pasado 28 de marzo en Consejo de Ministros, tras alcanzar un acuerdo en Bruselas con la Comisión Europea, el decreto que incluye la prórroga del mecanismo, que básicamente desliga la evolución del precio del gas del precio de la electricidad, dados los fuertes incrementos que la materia prima había registrado a raíz de la guerra en Ucrania. De este modo, en la primera sesión plenaria del Congreso tras el parón de Semana Santa se abordará la previsible convalidación del decreto, de cuya defensa se encargará la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. El decreto original de este mecanismo salió adelante en junio del año pasadocon una mayoría de 197 síes y las abstenciones de PP y Vox.
El acuerdo original de junio de 2022 entre España, Portugal y la Comisión Europea (lo que se ha conocido como la solución ibérica) iba estar en vigor durante 12 meses, concluyendo el próximo 31 de mayo. Pero las tres partes se pusieron de acuerdo en que no han cambiado las condiciones que justificaron su puesta en marcha, dentro del marco de medidas por la guerra en Ucrania, de modo que el mecanismo puede aplicarse mientras este marco está vigente, según explica el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En consecuencia, se prolongará otros siete meses sin descartar que pueda prorrogarse más tiempo, siempre que el marco mencionado se mantenga.
El acuerdo no solamente representa una extensión de la "excepción ibérica" que ya se aplicaba, sino que implica algunos ajustes para acomodarlo, como la referencia de precios, que hasta ahora incrementaba en cinco euros al mes, y ahora será más suave. En el acuerdo original, el citado precio de referencia para el gas tenía un valor medio de 48,8 euros por megavatio hora (MWh): era de 40 euros/MWh durante seis meses, elevándose 5 euros/MWh cada mes a partir de entonces. En estos momentos el precio de referencia está en 55 euros/MWh y la prolongación del sistema implica una modificación de la senda establecida, de modo que se incrementará en 1,1 euros/MWh desde abril, para concluir en 65 euros/MW.
Según cifras del Gobierno, la excepción ibérica ha supuesto, desde que entró en funcionamiento el 15 de junio del año pasado hasta finales de enero, un ahorro de más de 5.100 millones de euros para los consumidores eléctricos españoles.