La vicepresidenta del Gobierno Teresa Ribera y el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, han presentado hoy, en el puesto de la Guardia Civil de Chinchón (Madrid), el plan de transición energética que el Ejecutivo va a implementar en el instituto armado y en la Policía Nacional. El objetivo del plan, que incluye un total de 249 actuaciones en dependencias de la Policía Nacional, casas cuartel de la Guardia Civil y centros penitenciarios, es "reducir paulatinamente la demanda energética y la dependencia de combustibles fósiles de las infraestructuras y edificios asignados a Interior, fomentar en ellos las energías de origen renovable y el autoconsumo, y facilitar la transición a una movilidad de cero emisiones en las flotas de vehículos policiales". El plan se financiará con fondos del PRTR, Plan para la Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Rehabilitar instalaciones con criterios de máxima eficiencia y facilitar una movilidad verde en pequeños municipios y áreas rurales, donde se concentra la mayor parte de las actuaciones, “expresa bien el compromiso de este Gobierno de hacer de la transición energética -ha dicho la vicepresidenta- una oportunidad para las personas y una apuesta de desarrollo justo para todos los territorios”.
En el mismo sentido, el titular de Interior ha subrayado “la obligación de las administraciones públicas de liderar los cambios trascendentales que demanda la sociedad moderna hacia un modelo de desarrollo mucho más sostenible”.
Edificios, infraestructuras, movilidad
El Programa firmado con el Ministerio del Interior establece un total de 249 actuaciones en 188 municipios de toda España divididas en tres áreas: edificios, infraestructuras y movilidad. Entre las iniciativas para la rehabilitación de edificios destaca la renovación energética de una superficie de total acumulada de 486.692 metros cuadrados.
En materia de infraestructuras, entre otras actuaciones, se llevará a cabo la renovación del alumbrado exterior de 8.210 puntos de luz, así como la instalación de sistemas de autoconsumo y generación térmica con fuentes de origen renovable para una potencia de 1.711 kWp en las dependencias de la Dirección General de la Guardia Civil, Dirección General de la Policía e Instituciones Penitenciarias en diferentes localizaciones de España. La inversión prevista permitirá reducir al menos un 30% el consumo energético conjunto de estas instalaciones.
Respecto a la movilidad, el Plan contempla la sustitución de vehículos existentes por 5.882 vehículos nuevos “Cero Emisiones” y la instalación de 3.336 puntos de recarga para vehículos eléctricos en los 1.292 cuarteles de la Guardia Civil para dar cobertura a los nuevos vehículos.
La medida -explican desde el Ministerio- acercará las tecnologías verdes al ámbito rural, donde se ubican la mayor parte de los cuarteles que recibirán las inversiones, y mejorará las capacidades del Instituto Armado para ofrecer servicio a la ciudadanía en las zonas más despobladas del país. Así, se verán beneficiados 60 municipios de menos de 5.000 habitantes y el 80% de las actuaciones se realizan en municipios de menos de 100.000 habitantes.
En línea con los mandatos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, todas las actuaciones deberán estar finalizadas antes del 31 de diciembre de 2023 y cumplir con el principio de "no causar un perjuicio significativo al medio ambiente" (Do No Significant Harm por sus siglas en inglés).
Seguimiento desde el IDAE
El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía será el encargado del seguimiento de las actuaciones y, por su parte, el Ministerio del Interior remitirá informes periódicos sobre el estado de ejecución de las mismas.
Las disposiciones normativas nacionales y europeas, así como los objetivos previstos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, requieren que la Administración Pública aborde un proceso de transición energética, con el fin de reducir paulatinamente la demanda energética de los edificios e infraestructuras públicas, reducir la dependencia de combustibles fósiles, introducir tecnologías de alta eficiencia energética, y fomentar las energías de origen renovable y el autoconsumo, así como la movilidad sostenible de los trabajadores del sector público.
El Acuerdo suscrito con el Ministerio de Interior forma parte de un paquete global de 1.070 millones de euros que tiene como objetivo modernizar las administraciones públicas en el ámbito de la transición ecológica, en coherencia con el Pacto Verde Europeo y la Directiva de la Eficiencia Energética, incluyendo medidas dirigidas hacia el ahorro y eficiencia energética, y el compromiso con las energías renovables y movilidad sostenible.
Los objetivos principales del Plan de Transición Energética de la Administración General del Estado (AGE) son la sustitución de 7.000 vehículos por otros "de bajas emisiones" y la renovación energética de 1.000.000 metros cuadrados de superficie en edificios públicos de la AGE.
