El estudio, que se ha presentado hoy y que lleva por título Comprendiendo la pobreza energética. Un análisis de la persistencia, indica que alrededor de 42 millones de europeos podrían ser reconocidos como pobres energéticos, al no poder acceder a unos servicios energéticos esenciales y a precios razonables en el hogar. Asimismo, se ha detectado un aumento notable de la incidencia en 2023, en gran medida atribuible a la crisis energética y a la fuerte subida de los precios del gas y de la electricidad, que siguen afectando principalmente a los hogares más vulnerables.
Así, el 6,9% de la población de la Unión Europea se enfrentaba en 2023 a dificultades para mantener sus viviendas a una temperatura adecuada de confort. En España, al igual que en Portugal, la situación es aún peor ya que afecta a un 20,8% de la población.
De acuerdo con los autores del estudio, “esta situación subraya la gravedad del desafío que enfrenta nuestro país junto a otros países mediterráneos y del Este de Europa, acentuando la necesidad de reducir la proporción de hogares definidos como pobres en términos energéticos, un objetivo político cada vez más relevante”. “La transición hacia economías descarbonizadas debe diseñarse e implementarse de tal manera que no genere ni profundice en las desigualdades existentes”, añaden.
Mayor riesgo para las mujeres
Los bajos ingresos son uno de los principales determinantes de la pobreza energética, de modo que la brecha salarial y de pensión entre hombres y mujeres dificulta que las mujeres mejoren su bienestar y sigan siendo afectadas con mayor intensidad por la pobreza energética, al ser menos capaces de afrontar los costes de la energía o de inversión en equipos con mayor eficiencia energética.
Asimismo, el estudio ha constatado que los hogares en los que el sustentador principal es una mujer muestran un mayor riesgo de padecer pobreza energética transitoria, lo que pone de manifiesto la necesidad de que las políticas energéticas que abordan la pobreza energética introduzcan esta cuestión de una manera más consciente y efectiva.
“Con estos datos, el objetivo final de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética (ENPE) consistente en la reducción de la pobreza energética en España, respecto a la situación de 2017, en al menos un 25% para el año 2025, está muy lejos de verse cumplido”, concluyen los autores del trabajo.
Nuevas soluciones
Entre las medidas planteadas en la mesa de debate que ha seguido a la presentación del estudio, Maria-Eugenia Sanin, coordinadora del Applied Economics & Policy Group del Center for Economics at Paris-Saclay (CEPS), ha señalado instaurar mecanismos de protección social integrales, como se aplica en algunos países, en los que una tarjeta social identifica la situación de vulnerabilidad y la ayuda es integral: alimentos, energía, vivienda, educación. “Todos los miembros de la familia tienen un seguimiento en términos de subsidio, y se evitan errores de exclusión. Como la vivienda forma parte de esa protección, se puede integrar la cuestión de la pobreza energética”, ha dicho Sanin, que también ha propuesto aplicar innovación regulatoria y financiera para reducir tanto la pobreza energética como su persistencia.
Luis Ayala, catedrático de Economía de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y miembro del Comité Técnico de la Fundación FOESSA, ha destacado que “las dificultades y costes de acceso a servicios energéticos se multiplican cuando una renta es baja”, por lo que ha pedido “políticas más ambiciosas” para evitar que los problemas puntuales se conviertan en crónicos”.
Víctor Marcos Morell, director general de planificación y coordinación energética del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), ha pedido la implicación de todos los sectores en la lucha contra la pobreza energética, “dada la cantidad y la importancia del trabajo necesario como parte de la estrategia nacional”. Además, señaló la importancia de unir el término de eficiencia energética al de pobreza, incidiendo en la relevancia de establecer un objetivo específico enfocado a mejorar la eficiencia energética en colectivos vulnerables.
