El estudio sobre pobreza energética en la ciudad de Madrid ha puesto de relieve que el 23% de la población madrileña se encuentra en riesgo de pobreza energético y que esta afecta en especial a los hogares en los que la principal sustentadora es una mujer, ya se trate de mujeres que reciben una pensión o de mujeres al frente de hogares monoparentales con menores a su cargo.
En este sentido, las investigadoras Ana Sanz y Carmen Sánchez-Guevara han señalado que la vulnerabilidad aumenta hasta el 31,8% en el caso de los hogares liderados por mujeres, siendo de hasta el 44,6% en el de los hogares unifamiliares de mujeres mayores de 65 años, o hasta el 51,2% en el de los hogares monoparentales configurados por una mujer con uno o más hijos al cargo.
“Esto supone que los hogares en los que la mujer proporciona el sustento principal, el riesgo de sufrir pobreza energética se incrementa entre un 35 y un 120% respecto a la media” afirma la doctora Carmen Sánchez-Guevara, autora de una metodología de evaluación que ha permitido distinguir diferentes grupos de vulnerabilidad asociada a la pobreza energética.
A esto se añade el hecho de que entre las consecuencias más graves de la pobreza energética se encuentra el impacto que tiene para la salud de las personas el habitar viviendas en las que no se cumplen unas condiciones mínimas de habitabilidad térmica: estudios recientes han mostrado diferencias en el modo en el que las altas temperaturas afectan a las mujeres.
Primeros resultados
El proyecto FEMinización de la pobreza Energética en MADrid (Femenmad) está liderado por el Grupo de Investigación Arquitectura Bioclimática en un entorno sostenible (ABIO) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y en el participa también el Instituto de Salud Carlos III. Ha sido financiado por el Ayuntamiento de Madrid y ya ha presentado los primeros resultados de la investigación, en el Congreso Internacional Energy poverty, clean energy and the European energy divide, celebrado en Bucarest.
Allí se han presentado diferentes estrategias para el desarrollo de políticas que ayuden a profundizar en el conocimiento de la pobreza energética desde múltiples perspectivas, así como para mejorar la comunicación entre los investigadores, las instituciones públicas y la sociedad civil.
De los resultados presentados en Bucarest, las investigadoras destacan la necesidad de mejorar la disponibilidad de datos estadísticos que permitan llevar a cabo investigaciones con perspectiva de género.
“La feminización de la pobreza y la pobreza energética llevan estudiándose desde hace más de 25 años y, sin embargo, no ha sido hasta estos últimos años cuando hemos comenzado a tener acceso a múltiples bases de datos y sistemas de información geográfica que nos ha permitido cruzar información. Debemos seguir haciendo esfuerzos para mejorar el nivel de desagregación, avanzar en el estudio a menor escala y tener acceso a datos que nos permitan analizar las desigualdades intrahogar”, comenta la investigadora Ana Sanz.
Datos contundentes
Los resultados, sin embargo, son contundentes. Los hogares unifamiliares formados por una mujer mayor de 65 años, por ejemplo, se concentran en los distritos de Moratalaz, Chamberí y Ciudad Lineal. Sus viviendas se caracterizan por su antigüedad y elevada superficie por habitante, lo que repercute en una mayor demanda energética.
Los problemas de eficiencia energética, vinculados a la ausencia o incapacidad de utilizar aire acondicionado e incrementados por el fenómeno de la isla de calor urbana, también afloran otra dimensión de la pobreza energética que se está comenzando a estudiar: la pobreza energética de verano. Inciden en que el estudio de los extremos térmicos no se debe limitar a las situaciones de invierno, sino que debe extenderse a las condiciones que se dan durante los meses más cálidos.
Todas estas dimensiones se entrelazan y complejizan la evaluación de la pobreza energética. Por ello, las investigadoras esperan que el conocimiento derivado de este estudio repercuta no sólo en la definición de políticas en materia de vulnerabilidad y vivienda asociadas a la pobreza energética, sino que incremente la base de conocimiento de la ciudadanía y exista una apropiación pública sobre cuáles deben ser las soluciones y con qué grado de prioridad respecto a la pobreza energética. De este modo, dicen, comenzará a ponerse solución a la desigualdad subyacente en el acceso a la energía de las mujeres.
