La nueva directiva -informa el Gobierno canario- hace mención específica "a los sobrecostes y el aislamiento de los sistemas eléctricos de las Regiones UltraPeriféricas [RUPs] y abre la puerta para que los Estados miembros desarrollen instrumentos específicos que ayuden a promover las energías renovables en estos territorios". Según el consejero canario de Economía, Pedro Ortega, "se trata de un paso muy importante para conseguir que Canarias y el resto de las RUPs puedan contar con incentivos específicos que nos permitan promover el desarrollo de las energías renovables, sin tener que recurrir necesariamente a procedimientos de subastas o concurrencia previa". Además, Ortega ha destacado que el texto aprobado hace referencia al papel de liderazgo que las RUP pueden adoptar en el proceso de transición de la Unión Europea a las energías limpias, "dadas las condiciones especiales que tienen estos territorios para el ensayo y la aplicación de tecnología puntera relacionada con el desarrollo de renovables".
En concreto -apunta el Gobierno canario-, el artículo 4.7 de la directiva, sobre sistemas de apoyo a la electricidad procedente de energías renovables, indica que, "a fin de aumentar la producción de energía procedente de fuentes renovables en las RUPs y de las islas de poca superficie, los Estados miembros podrán adaptar la ayuda financiera a proyectos situados en dichas regiones con objeto de tener en cuenta los costes de producción asociados a sus condiciones específicas de aislamiento y de dependencia exterior".
Dentro de las consideraciones de la norma, se reconoce además que "las RUPs podrían servir como ejemplo de la puesta en marcha de tecnologías energéticas innovadoras para la Unión" y en este sentido considera "necesario incentivar el uso de las energías renovables para alcanzar un mayor nivel de independencia energética en dichas regiones, y reconocer su situación específica en lo relativo al potencial de estas energías y a la necesidad de ayuda pública". Los Estados miembros tendrán, como fecha límite, hasta el 30 de junio de 2021 para trasladar a la normativa estatal las disposiciones legales necesarias para cumplir con lo establecido en la ley.
