La vicepresidenta ha querido subrayar que todos los grupos parlamentarios han venido trabajando en la definición de esta ley desde que el pasado 19 de mayo el Consejo de Ministros la remitiera a la Cámara Baja. “Es un texto reforzado en materia de ambición, gobernanza, participación y transparencia, que se ha visto enriquecido gracias a las contribuciones de las distintas formaciones políticas, gracias a las aportaciones de sectores sociales y económicos muy diferentes, y gracias a la ciencia”, ha manifestado. El proyecto de ley -explican desde el Ministerio- plantea cómo prepararnos para los impactos del cambio climático y cómo prevenir sus causas con herramientas de adaptación, anticipación y resiliencia. “Es prioritario -ha dicho la ministra- asegurarnos de que todos los recursos públicos y privados son destinados al aprovechamiento de las oportunidades y a la disminución de los costes asociados a los efectos climáticos con los que ya, desgraciadamente, convivimos”.
Ribera ha señalado así mismo que la nueva ley permitirá modernizar nuestra industria y hacerla competitiva en los nuevos mercados, fortalecer nuestro tejido social, atraer inversiones en las tecnologías del futuro, evitar riesgos financieros, generar empleo estable y facilitar una distribución equitativa de la riqueza en el proceso de descarbonización, guiado por criterios de justicia social y estrategias de transición justa. La vicepresidenta reconoce en todo caso que este proyecto constituye "un primer paso para articular el resto de políticas y medidas, y orientar así el proceso de recuperación hacia un modelo de prosperidad duradero y respetuoso con los límites del planeta". La nueva norma “debe servir -ha dicho Ribera- de marco institucional y de referente para dar certidumbre y estabilidad, y movilizar la acción climática".
La vicepresidenta ha recordado que el proyecto de ley marca objetivos cuantificados de gases de efecto invernadero, de renovables y de eficiencia energética, "que constituyen un mínimo inquebrantable porque se revisarán siempre al alza". Según el Ministerio, el proyecto está alineado con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que recoge las medidas y herramientas necesarias para poner en marcha la transición ecológica recogida en el proyecto de ley y que ha sido valorado de manera muy positiva por las instituciones comunitarias. Esta “ambición inquebrantable” -en palabras de Ribera- se ve reflejada, por un lado, en los objetivos de reducción de emisiones en sectores difusos (movilidad, usos térmicos en edificios, residuos o agricultura). España -informa el Ministerio- se compromete a una reducción del 39%, trece puntos por encima de la meta del 26% fijada por la Unión Europea.
Asimismo, mientras la UE establece una penetración de renovables entre un 38% y un 40% en el consumo final de energía para 2030, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima establece para España un 42%. En lo que respecta a eficiencia energética, Europa considera necesario un aumento de entre el 36 y el 37% para 2030, mientras que el objetivo español se sitúa en el 39,5%.
