Además del juez Silva, el acto de presentación de la Iniciativa Legislativa Popular contó con la participación de algunos de los mayores expertos en energía de este país: Javier García Breva (presidente de N2E, Coalición Nuevo Modelo Energético); Jorge Morales de Labra (experto en mercado eléctrico), Juan Castro Gil (secretario general de Anpier), Francisco Valverde (presidente de la Asociación Nacional de Ahorro y Eficiencia Energética, Anae) y José Luis García Ortega (Greenpeace). Además de Ana Etchenique Calvo (vicepresidenta de la Confederación de Consumidores y Usuarios, CECU), Adrián Sánchez Molina (presidente de Asece) y Sergio Múñoz Abad (vicepresidente de la misma asociación).
Javier García Breva, que intervino en primer lugar, después de que Sergio Muñoz explicara en qué consistía la Iniciativa, aseguró que “la ILP es la mejor respuesta en estos momentos al déficit democrático del Partido Popular”. Y añadió: “La reforma energética está caminando entre la estupidez, la ignorancia (..) y el déficit democrático, que impide que la sociedad pueda conocer el precio real de la electricidad y los costes de las tecnologías que la producen”.
Respecto al reiterado ataque a las renovables por parte del gobierno y las empresas de Unesa, Breva aportó numerosos datos que demuestran lo errado y peligroso de esta política. Entre otros, el ahorro que estas tecnologías suponen para el sistema eléctrico, ya que por cada euro que han recibido en primeras entre 2005 y 2012 han devuelto al sistema 1,2 euros. Otro dato aportado por Breva, y como el anterior recogido en el último estudio de APPA, es que las importaciones de combustibles fósiles en ese mismo periodo nos costaron 7,5 veces más que las primas a las renovables.
El experto en energía y ex presidente del IDAE alertó, asimismo, sobre la “burbuja” que se está produciendo en el gas natural, cuyo déficit, dijo, “crecerá por encima de los 3.000 euros antes de que acabe 2014”. G. Breva señaló los pagos a nucleares, carbón y ciclos combinados como los principales causantes del déficit.
¿Quién teme a la fotovoltaica?
El abogado Juan Castro Gil se mostró convencido de que la aparición de la fotovoltaica era el detonante de lo que está sucediendo. “A finales de 2008 aparecen 55.000 pequeños inversores que invierten en FV”. y ahí empieza la agresión. Según el secretario general de Anpier, no por un problema de lo que habría que pagar a estos productores, ya que el precio iba a ir rápidamente disminuyendo, sino porque “no se quiere permitir de ninguna manera que haya en poco tiempo otros 55.000 productores fotovoltaicos”.
Castro también criticó la política de “puertas giratorias”, identificando, con nombres y apellidos, a los muchos ex altos cargos políticos que, a partir de ese momento, empezaron a entrar en los consejos de administración de las grandes compañías eléctricas. “El negocio se les empezaba a ir de las manos”, dijo y recordó que el primer recorte lo introdujo el ex ministro Sebastián, decidido a impedir que se siguieran “echando semillitas” en la maceta de la FV porque “ese tiesto tiene otros dueños”.
“No somos siervos ni vasallos”
“Estamos como en una sociedad feudal”, dijo Elpidio José Silva, que centró su exposición en las claves jurídicas relacionadas con el déficit de tarifa. “El precio es un concepto liberador en cuanto es pagado, pero en el caso de la energía esto no es así, es un concepto de vasallaje propio de la Edad Media, ya que el pago de un recibo no libera de la deuda generada durante años”.
De acuerdo con el juez (que en aquel momento había pedido la excedencia para presentarse a las elecciones europeas por el Movimiento de Renovación Democrática de la Ciudadanía, Red), son las eléctricas, en realidad, las que nos deben dinero a los ciudadanos, porque el déficit está mal calculado. “Entre 4.000 y 5.000 euros a cada ciudadano”, en concreto, según Silva, que culpó a los gestores de hacernos creer que las eléctricas han cobrado de menos al consumidor y ahora deben repararlo, cuando el problema ha sido el “circo” que se ha montado con la continua mezcolanza de intereses políticos y eléctricos.
El magistrado y profesor universitario se mostró igual de rotundo al afirmar que “la luz no se puede cortar”, porque “es un servicio público esencial, de la misma manera que no se puede dejar de atender una urgencia sanitaria sin caer en el delito de homicidio u omisión de socorro”. Las eléctricas, explicó, “tienen derecho a cobrar, pero no a cortar. Para eso están los embargos judiciales y otros procedimientos administrativos”.
Aquí puedes leer la noticia que publicamos el 21 de marzo de 2014.
Y hace 20 años, era noticia…
Noruega apuesta con fuerza por la eólica marina
La costa noruega podría llegar a albergar la mayor concentración de energía eólica del mundo, si terminan materializándose todos los proyectos offshore presentados: en total, 2.600 parques eólicos marinos, aunque estimaciones más realistas rebajan considerablemente la cifra. (El tiempo ha demostrado que estas ultimas se acercaban más a la realidad).
