El enero que ya termina ha sido el enero con la factura de la luz más baja en 13 años, según Facua-Consumidores en Acción y su análisis sobre la evolución de la tarifa semirregulada (PVPC). El recibo del usuario medio ha experimentado una bajada interanual del 49,5% este mes. Así, un usuario con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y un consumo de 366 kilovatios hora (kWh) mensuales pagará un recibo de 67,20 euros, frente a los 133,06 euros de hace un año. Si se compara ahora con el recibo del pasado diciembre, cuando estuvo en 89,82 euros, la bajada mensual ha sido del 25,2%. Para encontrar un enero con una factura más baja hay que remontarse a 2010, cuando se situó en 61,78 euros. Asimismo, es la primera vez que el recibo del usuario medio se pone por debajo de los 70 euros desde febrero de 2021.
Facua muestra su satisfacción a través de un comunicado ante la propuesta del Gobierno a Bruselas de sacar la nuclear y la hidroeléctrica de la subasta marginalista. Se trata de una de las reivindicaciones que la asociación trasladó a Teresa Ribera en 2021 y que inicialmente no fue aceptada por la vicepresidenta. "Las grandes empresas del sector eléctrico obtienen beneficios desproporcionados con precios inflados gracias a un sistema de fijación injusto y favorecedor de prácticas especulatorias", algo que Facua lleva denunciando desde su implantacion, cuando gobernaba el PP de José María Aznar.
Por su parte, esta asociación también reclama al Gobierno que exija a la Comisión Europea "el punto y final a la subasta marginalista", un mecanismo por el que tecnologías de generación eléctrica extraordinariamente baratas acaban costando a los consumidores lo mismo que las más caras, las cuáles además incrementan artificialmente sus precios. "Junto a la reforma planteada por el Gobierno a Bruselas, la asociación considera esencial que una medida tan importante para proteger a los consumidores más vulnerables como el bono social tenga la debida difusión, dado que año tras año las cifras constatan que la gran mayoría de sus beneficarios potenciales no lo solicitan. No lo hacen porque desconocen su existencia y características o debido a que creen que no tienen derecho a recibirlo. A día de hoy, el Gobierno continúa sin emprender campañas de publicidad institucional potentes sobre estos descuentos", añaden en el comunicado.
A esta necesidad de que los consumidores conozcan el bono social, se suma que entiendan los conceptos incluidos en la factura y para ello la asociación reclama igualmente tanto cambios regulatorios como campañas institucionales. "No es fácil comparar las distintas ofertas existentes en el mercado cuando la factura que pagamos en la actualidad es difícil de comprender, algo que se ha agravado desde la implantación de los tramos horarios (punta, llano y valle) y aún más con la entrada en vigor del tope al gas", defienden.
Y más allá de estas cuestiones, la asociación reclama medidas para fomentar que los consumidores optimicen la potencia contratada en sus viviendas. "Los consumidores domésticos pagan a las eléctricas muchos cientos de millones de euros de más cada año por el exceso de kilovatios que figuran en sus contratos". Según el último Panel de Hogares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), correspondiente al segundo trimestre de 2022, siete de cada diez viviendas tienen contratada una potencia superior a la que necesitan.
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