“Habemus PER”. Cuando ya han transcurrido cinco meses del periodo que debe abarcar, 2011-2020 —y que, por tanto, requería ser conocido con más antelación—, el IDAE ha obtenido la luz verde del Ministerio de Industria para dar a conocer un primer borrador —que se abre al debate durante los próximos meses— del Plan de Energías Renovables para la próxima década y que tiene que hacer viables los objetivos de la política energética europea de contar, para el final de esta etapa, con al menos el 20 por ciento de renovables en el consumo de energía final. Un objetivo que el PER establece en un 20,8% que, a primera vista, podría parecer un meritorio esfuerzo por encima de la exigencia de la Unión Europea cuando en realidad es una reducción respecto al remitido hace un año a Bruselas, como anticipo del PANER, en el que figuraba un 22,7%. Un objetivo que, a su vez, nos sabía ya a muy poco puesto que muchos estamos convencidos de que necesitábamos, podíamos y era una oportunidad inigualable para nuestro país, por muchas circunstancias, ir a un objetivo del 30%.
Sí, este es un PER tímido, rácano, desigual en el tratamiento de las tecnologías y que desprecia el potencial de las energías renovables, nuestro liderazgo en desarrollo industrial y tecnológico. Un par de ejemplos: ¿hemos mejorado notablemente nuestra dependencia energética o cumplido ya con los objetivos de Kioto para que a la eólica se le ponga un cupo para esta próxima década menor del que ha instalado en los últimos diez años? ¿De verdad en el país del sol vamos a poner en 240 meses la misma fotovoltaica —ahora que ha reducido espectacularmente sus costes— que instaló Alemania el pasado año en 6 meses?
Es un PER que responde al mix energético que aprobaba hace meses —a propuesta del Ministerio de Industria— la Subcomisión del Congreso de los Diputados renunciando a la ambición que requieren los principales parámetros de nuestro país: emisiones de Gases de Efecto Invernadero, dependencia energética, balanza comercial, disposición de recursos y tecnologías, empleo, etcétera. Es un PER, no cabe duda, hecho a la medida del sector convencional para que pueda seguir quemando gas, mucho más gas y para que haya un hueco en el sistema para el disparate del carbón. Bien es cierto que se da algún paso positivo como el empujón a la solar térmica, la cenicienta hasta hoy de las renovables, con la retribución de su producción que, como en el caso de las tecnologías renovables eléctricas, evitará emisiones y reducirá nuestra factura del gas.
Pero sobre todo es un PER con trampa. Es cierto que contiene un estudio económico del importe en subvenciones directas —mínimas y para las tecnologías incipientes— y una estimación —digo bien estimación— sobre el importe de las primas e incentivos, pero es una trampa porque el PER no irá al BOE y sí lo hará —no se sabe cuándo, pero acabará publicándose— un nuevo decreto para la retribución de las instalaciones que entren en funcionamiento a partir de 2013 en tecnologías clave como la eólica o la solar termoeléctrica. Este PER puede ser papel mojado si la nueva retribución no hace viables los objetivos, por muy modestos que sean; si ese nuevo decreto es aún más rácano o se dedica a experimentos normativos —como podemos temernos— estos objetivos podrían todavía quedarse en un patético brindis al sol.
Recientemente, en la clausura de un acto sobre la eólica organizado por MCA-UGT, el ministro Sebastián afirmaba desafiante que “la paralización de las renovables es una leyenda urbana” y se escudaba en las cifras de potencia instalada en los últimos años para presentarse como paladín de las energías limpias y autóctonas. El balance en números de esta legislatura, con la creación del Registro de Pre Asignación, la descalificación pública del sector, los recortes retributivos, el retraso de un nuevo marco que dé horizontes a los promotores, la invisible política de gestión de la demanda, no es la cantidad de megavatios instalados estos años ni el descenso del consumo o de la intensidad energética por causa de la crisis.
El balance se hará dentro de unos años de la misma forma que hoy podemos decir —y ya lo he escrito— que la paternidad del ochenta por ciento de la potencia eólica instalada en nuestro país se debe a la legislación aprobada durante las dos legislaturas del PP, nos guste o no —sobre todo no le gusta nada al PP y a sus pregoneros energéticos— pero es así. Y lamentablemente, el parón que ha significado esta legislatura ya es una realidad para la mayor parte de las tecnologías renovables. El informe de la CNE que se acaba de publicar afirma que no se ha instalado ni un solo MW eólico en el primer trimestre del año, lo que no había sucedido nunca desde el inicio del desarrollo de la energía del viento. ¡Y qué decir de la fotovoltaica!
No, señor ministro, lo que es una leyenda urbana es el supuesto apoyo a las renovables de este Gobierno. El tiempo lo ratificará.
