La Corte de Apelación de Svea, uno los tribunales de apelación del sistema legal sueco, ha decidido suspender de forma indefinida la ejecución del laudo, tras el recurso presentado por la Abogacía del Estado, según informa Efe. La agencia añade que, de acuerdo con fuentes conocedoras del proceso, la suspensión puede tener relación con una sentencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) que consideró contraria al Derecho Comunitario una cláusula de arbitraje para resolver disputas entre Estados e inversores incluida en un acuerdo entre Holanda y Eslovaquia.
El laudo dictado en su día por el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo obligaba a España a pagar 53,3 millones de euros -más intereses y costas del proceso- a la sociedad Novenergia, que tiene su sede en Luxemburgo. La compañía, con instalaciones fotovoltaicas en Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y Catalunya, había reclamado 60,4 millones de euros.
La decisión de la Corte de Apelación de Svea se produce un día después de que se diera a conocer otro laudo, en este caso del Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi) -dependiente del Banco Mundial-, que obliga a España a pagar 64,5 millones de euros a la empresa Masdar, de Abu Dabi, por el recorte de las primas a las energías renovables.
Masdar, que es filial de energías renovables del fondo soberano Mubadala, había reclamado una cantidad muy superior, 165 millones de euros. Esta filial promovió tres centrales termosolares en España, a través de la sociedad Torresol Energy, junto a la empresa española Sener: Gemasolar, en Sevilla; y Valle 1 y Valle 2, en Cádiz. Estas centrales supusieron una inversión conjunta de 940 millones de euros.
La Abogacía del Estado estudiará el laudo del Ciadi antes de decidir si lo recurre. Anteriormente, en mayo de 2017, el Ciadi había dictado otro laudo que obligó a España a pagar 128 millones al fondo británico Eiser Infrastructure. La cantidad reclamada por Eiser - que había promovido tres plantas termosolares en España- era de 298 millones de euros. La Cámara de Comercio de Estocolmo dio la razón a España en un laudo previo, dictado a raíz de una demanda de Isolux, que reclamaba 78.868 euros.
Los inversores extranjeros reclaman a España en torno a 7.600 millones de euros en distintas instancias internacionales de arbitraje por los perjuicios que les ha causado los recortes en las primas a las energías renovables.
