El Tribunal de Luxemburgo ha dictaminado, en concreto –informa Europa Press– que la directiva europea sobre el régimen general de impuestos especiales "no se opone" a una normativa nacional que establece un impuesto que grava la producción e incorporación al sistema eléctrico de electricidad en el territorio nacional.
La sentencia considera que el IVPEE "no constituye un impuesto indirecto que grave directa o indirectamente el consumo de electricidad". El hecho imponible del tributo, dice, es la producción e incorporación de electricidad al sistema eléctrico y el impuesto no se obtiene "directamente" de los consumidores, sino de los operadores económicos.
Rechaza, además, que su carga fiscal sea repercutida en los consumidores por dos razones. Primero, porque "no hay un mecanismo formal de repercusión del impuesto". Y, segundo, porque "se calcula exclusivamente en función de la condición de productor de electricidad, sobre la base de los ingresos de los sujetos pasivos parcialmente fijados y con independencia de la cantidad de electricidad efectivamente producida e incorporada al sistema". En consecuencia, no hay un vínculo directo e indisociable entre este impuesto y el consumo de electricidad".
El Tribunal de Justicia de la UE declara, asimismo, que la legislación europea sobre el fomento de energías renovables tampoco se opone a una ley nacional que establezca un impuesto que grave con un tipo único la producción de electricidad, también cuando ésta sea producida a partir de fuentes renovables "y cuyo objetivo no es proteger el medioambiente, sino aumentar el volumen de ingreso". Algo que planteaba dudas jurídicas y que motivo, por ejemplo, la presentación de una cuestión prejudicial ante Luxemburgo en febrero de 2019.
Explica que el hecho de que la directiva europea permita a los Estados miembros establecer sistemas de apoyo para promover las energías renovables a través de exenciones o desgravaciones fiscales "no implica en absoluto que éstos no puedan gravar a las empresas que desarrollan esas fuentes de energía".
Dictamina también que el tributo "no se opone" a la directiva comunitaria sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, puesto que descarta que los ingresos procedentes del IVPEE "constituyan el modo de financiación de una medida de ayuda estatal".
Según Piet Holtrop, uno de los abogados que lleva años defendiendo las incongruencias jurídicas del IVPEE, cree que “la sentencia del TJUE implica que ahora pueden dejar morir la vía administrativa que hayan abierto todos los reclamantes. Y que deben desistir los que hayan ido por la vía contencioso–administrativa, cosa que nosotros ya hemos empezado a hacer para nuestros clientes”.
El abogado experto en renovables explica que “ha habido un cierto revuelo sobre la compensación de una sentencia favorable en la retribución a la operación. Este temor ahora quedará neutralizado, ya que sin devolución, tampoco puede hablarse de compensación. Si finalmente el ejecutivo tomara la decisión de suprimir este impuesto, que es lo que según algunas fuentes se baraja, sólo se compensaría de aquí en adelante, por supuesto, y sería neutro a la retribución a los productores de energía renovables”.
Para Holtrop, “la clave de la sentencia es que el TJUE desvincula los ingresos de los productores de la producción real de electricidad, cosa con la que por supuesto discrepo rotundamente”.
Inicio del litigio
El asunto llegó a la Justicia europea a través del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que debe resolver una disputa entre la empresa Promociones Oliva Park y el Gobierno español. Esta compañía aduce que la naturaleza y elementos esenciales del IVPEE son los propios de un impuesto indirecto y que la carga fiscal del IVPEE "se repercute en el consumidor final de electricidad". Argumenta, asimismo, que es "esencialmente recaudatorio" aunque tenga "nominalmente" una finalidad medioambiental. A esto añade que "discrimina la producción de energía eléctrica derivada de fuentes renovables sin diferenciar en función de la intensidad y de la contaminación del medio ambiente.
El Gobierno defiende, por el contrario, que se trata de un tributo directo "sin repercusión en el consumidor" y "con una finalidad específica medioambiental que no tiene relación con el principio de 'quien contamina, paga' y en el que no se discrimina a los productores de energía renovable".
El impuesto del 7% a la generación eléctrica forma parte del paquete de medidas aprobado en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy para hacer frente al multimillonario déficit de tarifa del sistema eléctrico (diferencia entre ingresos y costes regulados), como parte de la Ley 15/2012 de medidas fiscales. Y aunque el gobierno de Pedro Sánchez lo suspendió temporalmente entre septiembre de 2018 y marzo de 2919, volvió a recuperarlo ese mes.
Desde que empezó a aplicarse el IVPEE se han recaudado en torno a 12.000 millones de euros a través de este impuesto, que aporta a las arcas públicas unos 1.500 millones anuales.
