Greenpeace denuncia en su informe que la ayuda de 20 céntimos aplicada por el Gobierno "acaba directamente en el bolsillo de las petroleras". En concreto, en España -explican desde la organización ecologista-, la industria del petróleo está registrando unos ingresos adicionales de 7,6 millones de euros diarios: siete millones de euros por la venta de diésel y 0,6 millones, en gasolina. La situación -lamenta la oenegé- se replica en otros estados y regiones de la Unión Europea. Por países -concreta Greenpeace-, el mayor lucro extra para las petroleras se produjo en Alemania (1.180 millones de euros), seguido de Francia (412,3) e Italia (387,6), con España en cuarta posición, entre los países más rentables para las petroleras durante la guerra, con 235,6 millones. El análisis de Greenpeace destaca que mientras los precios del crudo subieron 19,38 céntimos/litro entre enero y marzo, los precios del diésel en la refinería aumentaron mucho más en dicho periodo (unos 30-31 cent/l) alcanzando hasta 36,5 cent/l de diferencia en el precio final en el surtidor. Una tendencia similar a la observada en la gasolina, aunque más débil.
Adrián Fernández, responsable de movilidad de Greenpeace España: "estas diferencias demuestran cómo la industria del petróleo está aprovechando la guerra para aumentar sus precios a lo largo de la cadena de suministro, pese a que los costes de producción no han variado notablemente. La ayuda de 20 céntimos aplicada por el Gobierno desde la semana pasada acaba directamente en el bolsillo de las petroleras, contribuyendo no solo a alimentar la crisis climática, sino también la maquinaria de guerra de Putin cuya financiación depende de las exportaciones del petróleo ruso"
En respuesta a la invasión rusa de Ucrania, la Comisión Europea ha permitido a los Estados miembros que establezcan impuestos temporales a los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas. Una posibilidad de la que sin embargo -denuncian desde Greenpeace- se están librando las petroleras, ya que los pocos Estados miembros que han aplicado esta medida (entre ellos España) se han centrado únicamente en los beneficios del gas y la electricidad. "Los líderes europeos -demandan los ecologistas- deben extender el alcance de estas medidas también al sector de los combustibles, en línea con la propuesta de la Comisión de aplicar impuestos a todos los beneficios extraordinarios en la energía".
Sospechas
Por otro lado -apuntan los ecologistas-, tras los precios récord de los combustibles registrados en marzo, países como Alemania o Austria han han iniciado sendas investigaciones para detectar posibles acuerdos de fijación de precios o cárteles entre las petroleras. Greenpeace demanda en ese sentido a la Comisión Europea que también dirija sus investigaciones "hacia los desproporcionados aumentos del precio del diésel y la gasolina a lo largo de la UE para asegurar que no se deben a un pacto de fijación de precios entre compañías".
Klara Maria Schenk, responsable de Clima y Transporte de Greenpeace Europa Central y del Este: "las petroleras están ganando millones de euros día tras día mientras se sigue alimentando el conflicto en Ucrania. Por eso pedimos a los líderes europeos que detengan este vergonzoso aprovechamiento de la crisis e impongan impuestos a los beneficios de las petroleras. Unos impuestos que deben ir destinados a ayudar a los hogares más desfavorecidos e impulsen la transición del transporte para dotar a la población de un sistema de movilidad más limpio, accesible a todas las personas y menos dependiente de los combustibles fósiles"
Mientras tanto, la Comisión sigue trabajando en su plan REPowerEU para reducir la dependencia europea del combustible ruso. En su primer borrador, la UE ha ignorado por completo al sector transporte, a pesar de suponer dos tercios del petróleo que se consume en la Unión. Según Greenpeace, ara librarse de la dependencia de combustibles fósiles, la UE "debe mirar hacia el sector transporte e introducir medidas para acelerar su descarbonización, comenzando por acabar con los vuelos cortos y de negocios que tengan alternativa por tren, impulsando el transporte público y el ferrocarril, y poniendo fin a la venta de vehículos diésel y gasolina antes de 2028".
