La Fundación Renovables ha recibido "con satisfacción" el anuncio del pasado martes, en el Consejo de Ministros, del inicio de la tramitación del Anteproyecto de Ley por el que se actúa sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico, "una medida histórica, demandada por la Fundación Renovables en numerosas ocasiones, pero que supone una solución particular para un problema general como es la necesaria reforma de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico". En ese sentido, la Fundación recuerda, en la nota que ha difundido hoy, que en enero de este mismo año publicó el informe ¿Qué hacemos con la tarifa eléctrica? en el que este colectivo de expertos planteaba toda una batería de propuestas para reducir el precio de la electricidad.
Según la Fundación, el nuevo Anteproyecto de Ley, "si bien busca reducir la carga a los consumidores, no refleja la transparencia que debe tener la señal precio de la electricidad y la necesaria apuesta por la electrificación de la demanda de energía".
Fundación Renovables
«En la Fundación Renovables nos preocupa el reconocimiento implícito de la necesidad de adoptar medidas frente a actuaciones colusorias en los precios por la casación con centrales no emisoras para lo que se considera que el factor de emisión medio será mensual, incluyendo, además, cuando cierre el agua, el coste de emisión de las centrales térmicas que hayan ofertado en un rango del ±10% en la oferta, hecho que consideramos insuficiente y, es más, entendemos que deberían impedirse estas situaciones»
«El destino de la recaudación irá a la reducción de los costes regulados del sistema y no a la reducción del precio medio de la electricidad generada, lo que enmascara la señal precio real. La asimetría existente en la asignación de los costes regulados en contra de los consumidores domésticos, es el motivo de que se reduzca más el coste de la electricidad para el sector doméstico (4,8%) y las PYMES (4,6%), que para la industria (3,9%) y los electrointensivos (1,9%)»
«Entendemos que destinar el 10% de la recaudación para minorar los costes de suministro que sufren los consumidores más vulnerables, es un parche más a la no solución de un tema tan grave como es la pobreza energética, que debería abordarse de forma decidida a través de la creación y aplicación de una Tarifa Social por tramos, como hemos reivindicado en numerosas ocasiones»
La Fundación, que advierte que la nueva norma va a tener que atravesar un largo recorrido parlamentario, considera que disminuir el precio de la electricidad debe instituirse en la base de la política energética. Para ello, propone, entre otras cosas, revisar la base impositiva del IVA para la electricidad y limpiar la tarifa eléctrica de los costes regulados, con la aprobación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (41% del coste regulado), el paso al “pago por uso” de la retribución del transporte y la distribución (38%), la amortización del déficit de tarifa (15%) y la traslocación de los costes extra peninsulares (6%) a los Presupuestos Generales del Estado.
