Ecologistas en Acción, Greenpeace, Oxfam Intermón, Fridays For Future y La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo demandaron al Estado en 2020 por falta de ambición en la lucha contra el cambio climático. Mañana, tres años después, la Sala Tercera del Tribunal Supremo emitirá el fallo del primer litigio climático contra el Estado de la historia de España. Una sentencia a favor de los demandantes podría obligar al Estado a incrementar el objetivo de reducción de emisiones para 2030 hasta el 55% solicitado por las organizaciones demandantes (el objetivo actual es del 23%); es decir, la sentencia podría suponer un cambio de paradigma en la manera en la que el Estado afronta su obligación de mitigar el cambio climático en nuestro país.
Según Jaime Doreste, abogado de las organizaciones demandantes: "una sentencia estimatoria del Juicio por el Clima será no sólo un éxito en la lucha judicial contra el cambio climático, sino que también sentará un enorme hito en el derecho español con respecto a las obligaciones de los poderes públicos de salvaguarda del patrimonio natural y la calidad ambiental, y el deber de cuidado y garantía de los derechos humanos". En septiembre de 2020, Greenpeace, Ecologistas en Acción y Oxfam Intermón iniciaron el primer litigio climático en España para pedir el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos con una demanda ante el Tribunal Supremo contra la inactividad del Estado, que incumplió la obligación prevista en el Reglamento (UE) 2018/1999 sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, de aprobar un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y una Estrategia a Largo Plazo (ELP) antes de 2020.
Sobre el caso
Tras la aprobación del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) por el Gobierno, en marzo de 2021, a las tres organizaciones se sumaron Fridays For Future y La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo para plantear, en junio de ese mismo año, un nuevo recurso contra el contenido de dicho plan, denunciando la falta de ambición y el incumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones adquiridos con la firma del Acuerdo de París. La aprobación de la Ley de cambio climático y del Pniec supuso un importante avance frente a las políticas de gobiernos anteriores. Sin embargo, siguen sin contener la ambición que se necesita para cumplir con el Acuerdo de París y evitar las peores consecuencias del cambio climático.
La pionera española
Esta demanda es la primera de España y sigue la estela de otros procesos judiciales en Europa, como Países Bajos, Francia o Alemania, donde otras Cortes Supremas han condenado a los Estados y los han obligado a actuar con mayor ambición climática. Las cinco organizaciones demandantes confían ahora en que la Justicia española les dé la razón, y reconozca la obligación que tiene el Estado de proteger a la ciudadanía frente a los efectos de la crisis climática, según el comunicado difundido por Greenpeace. "Es imprescindible conseguir reducciones de emisiones de CO2 rotundas, cambiando por completo el modelo energético mediante la migración desde fuentes fósiles a fuentes renovables, como fotovoltaica, eólica y geotermia, entre otras. Es urgente acelerar las medidas para reducir la demanda de energía, aumentar la eficiencia en el uso de la energía y conseguir la sustitución de los combustibles fósiles por energías renovables. El último informe del IPCC indica que con las tecnologías existentes es posible reducir a la mitad las emisiones de efecto invernadero a nivel mundial, y que países con altas emisiones históricas y la capacidad económica, tecnológica y humana para limitarlas están obligados a alcanzar reducciones mayores", añaden.
