Esta medida pretende acabar con el lavado de imagen verde que hacen algunas compañías -conocido como "greenwashing" o "ecoblanqueo"- y reforzar la economía social de mercado en la Unión Europea en lo que supone un avance hacia el establecimiento de estándares sobre sostenibilidad a nivel global, informa Europa Press.
La nueva directiva del Parlamento Europea va en la línea de los expresado por António Guterres, secretario general de la ONU, durante la 27ª Cumbre del Clima (Cop27), solicitando tolerancia cero con la ecoimpostura de muchas empresas y las poco convincentes promesas de reducción de emisiones contaminantes.
El Consejo tiene previsto adoptar el texto el 28 de noviembre y después se publicará en el Diario Oficial para entrar en vigor veinte días después. Las nuevas normas comenzarán a aplicarse entre 2024 y 2028, empezando por las grandes empresas de interés público ya sujetas a la directiva sobre información no financiera.
Pascal Durand, eurodiputado francés del Parlamento Europeo, y ponente de la directiva: "Europa está mostrando al mundo que sí es posible garantizar que las finanzas, en el sentido estricto de la palabra, no gobiernen toda la economía mundial".
Los nuevos requisitos de información sobre sostenibilidad de la Unión Europea se aplicarán a todas las grandes empresas, coticen o no en los mercados de valores, así como a las empresas no comunitarias con actividad sustancial en la UE, que cuentan con un volumen de negocios superior a 150 millones de euros. Las pymes que cotizan en bolsa también estarán cubiertas, pero tendrán más tiempo para adaptarse a las nuevas normas.
50.000 empresas afectadas
Cerca de 50.000 empresas de la Unión Europea, tendrán que adaptarse a esta nueva norma en materia de recopilación e intercambio de información sobre sostenibilidad. Hasta ahora, con la legislación vigente, solo afectaba a 11.700 empresas.
La nueva legislación trata de cubrir lagunas en la normativa vigente sobre información no financiera, considerada insuficiente y poco fiable. Para ello, introduce obligaciones más detalladas sobre el impacto de las empresas en el medio ambiente, los derechos humanos y el ámbito social, basados en criterios comunes en línea con los objetivos de la UE sobre clima. La Comisión aprobará los primeros estándares en junio de 2023.
