Seguimos siendo el mismo país dependiente, ineficiente y con emisiones por encima de nuestros compromisos que éramos antes.
Hemos pasado de negar una realidad de presente y futuro como son las renovables, la eficiencia y la lucha contra el cambio climático a que se les considere elementos básicos de la política energética.
Hacer un análisis del año 2018 sin caer en la tentación de comparar posiciones enfrentadas es una labor difícil sobre todo porque hemos vivido un periodo de oscuridad, tanto por la negación del progreso como por la pérdida de derechos como consumidores, como ciudadanos y como inversores. Volver a hablar de energía en términos de pasado no permitirá recuperar el valor que perdimos en el sector renovable con el desmantelamiento industrial y científico que se ha producido.
Por eso, prefiero hablar de un presente diferente y destacar la realidad de los compromisos que la nueva visión de la energía tiene para el desarrollo económico y social de España, en particular, y de la Unión Europea, en general.
Desde junio de este año se ha producido un cambio radical en los postulados que España estaba defendiendo en materia energética y medioambiental. El cambio más importante de la política energética española se ha visto reflejado en la apuesta activa por una Directiva de Energías Renovables, recientemente aprobada, con mayor compromiso no solo en los objetivos, al pasar del 27% al 32% de aportación, sino, sobre todo, en plasmar derechos y garantías que servirán para garantizar un futuro sin sobresaltos.
La consideración de que los consumidores tenemos como derecho innato la posibilidad de comprar, vender, generar o almacenar energía eléctrica supone de facto pasar de una posición pasiva de los consumidores, atados con modelos contractuales de adhesión, a tener capacidad de decisión sobre cómo queremos cubrir nuestras necesidades energéticas en el presente y en el futuro.
A este derecho se une la imposibilidad de aplicar con carácter retroactivo modificaciones regulatorias, situación que los que invirtieron en energías renovables en España han sufrido desde los primeros recortes del año 2010. Esperemos que en un futuro cercano recuperen sus derechos y al menos parte de las expectativas que tenían cuando hicieron las inversiones, aunque muchos de ellos difícilmente podrán recuperar la confianza en un país que les engañó.
Para la Fundación Renovables el objetivo fijado es insuficiente, pero sirve para marcar una tendencia de futuro a favor de un modelo energético más sostenible.
Este cambio de posición se ha visto reflejado también en la aprobación y posterior convalidación del Real Decreto Ley 15/2018, que deroga el impuesto al sol como máximo exponente de una política energética más enfocada a la defensa de intereses económicos que a la defensa de los consumidores.
La convalidación del RDL ha tenido, además, un significado especialmente importante como es haber sido aprobada con solo dos votos en contra. El significado de un refrendo más que mayoritario de una propuesta razonable en materia energética, haciendo olvidar la continua desintonización entre los diferentes grupos políticos, debería abrir la posibilidad de empezar a hablar de la necesidad de un Pacto de Estado sobre la Energía que consolide nuestra apuesta de futuro tanto social como económica alrededor de las energías renovables y la eficiencia.
La necesaria y obligada promulgación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética debería ser el siguiente objetivo para que podamos disponer de un marco que nos permita cumplir nuestros compromisos y que nos prepare para un futuro descarbonizado recuperando la capacidad industrial y tecnológica que tuvimos antes de la primera moratoria de 2010.
En el mes de noviembre el Gobierno presentó su propuesta de Anteproyecto de Ley como anteriormente lo hicieron tanto el Partido Popular como Podemos. En las tres propuestas existen elementos que deberían permitir alcanzar acuerdos en objetivos y por lo tanto en las herramientas para conseguirlos, haciendo olvidar los intereses de partido frente al interés general.
El rango de Ley de esta propuesta debe ser paso obligado porque en él está implícita no solo la importancia de su desarrollo sino la necesidad de que sea discutida en busca del máximo consenso de todas las fuerzas políticas. Rebajar su rango por motivos de urgencia supone olvidar su importancia y hurtar la posibilidad de alcanzar una amplia mayoría que le dé valor de futuro para los retos estratégicos del 2040 y 2050.
El yin y el yang, aunque diferenciados en su concepción negativa y positiva, tienen puntos de necesaria coincidencia, porque nada es blanco ni nada es negro, pero yo al menos prefiero vivir en un periodo de luz con alguna sombra que en un periodo de oscuridad con algún destello puntual.
Por Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables
