Ambos datos aparecen en el informe "Pobreza energética en España. Análisis económico y propuestas de actuación", presentado ayer en la Universidad Pontificia Comillas ICAI-Icade (Madrid) por el centro de investigación Economics for Energy. Las cinco grandes eléctricas que operan en el mercado nacional obtuvieron el año pasado más de 6.000 millones de euros de beneficio neto.
El informe de Economics for Energy concluye que, "aunque con ciertas limitaciones, el patrón mínimo de ingresos (MIS, minimum income standard) es el que refleja de manera más adecuada la realidad de la pobreza energética". Este concepto -explica Economics...- se define como "la renta precisa para disponer de las oportunidades necesarias para participar en la sociedad, es decir, para no estar en situación de exclusión social". Pues bien, partiendo del MIS, el 9,88% de los hogares españoles se encontraría en situación de pobreza energética, lo que se traduce en 1,8 millones de familias. A partir de ahí, Economics concluye que Melilla (23,4%), Ceuta (16,58%), Canarias (15,09%), Andalucía (15,05%) y Murcia (14,59%) son las comunidades autónomas con mayor pobreza energética. En el lado contrario se encuentran País Vasco (4,93%), Castilla y León (5,77%), La Rioja (6,18%) y Galicia (6,22%).
Revisión de los indicadores
El estudio, que es "fruto del principal trabajo de investigación realizado en el último año por el centro", propone además una "revisión de los indicadores utilizados a la hora de medir la incapacidad de las familias para hacer frente a los costes de sus necesidades energéticas básicas". Economics for Energy asegura que su objetivo es que estos indicadores "contemplen la renta además del consumo, para que la orientación de las ayudas tenga como base un escenario ajustado a la realidad y adaptado a los hogares más vulnerables". Según este centro de investigación -financiado por, entre otros, Iberdrola, Acciona, Gas Natural Fenosa y el Santander-, uno de los objetivos que se han propuesto los autores ha sido identificar el indicador que mejor refleja la realidad de la pobreza energética. Y, en lo que a eso se refiere, Economics for Energy ha concluido que "los indicadores absolutos funcionan mejor que los relativos (basados en la comparación con la situación de otros hogares) y que es imprescindible analizar en profundidad los resultados para intentar aislar los falsos positivos y negativos".
Gastar más de un 10% del total de ingresos
En este sentido, los autores señalan "las limitaciones del indicador más común en Europa para medir la pobreza energética, el denominado umbral del 10%, que considera que un hogar se encuentra en esta situación cuando sus gastos de energía superan el 10% del total de sus ingresos". La ausencia de filtros por nivel de renta y consumo de los hogares hace que los falsos positivos sean inevitables, ya que puede haber familias situadas en los segmentos más altos de renta que, por un consumo excesivo de energía, pueden aparecer como pobres energéticos. Según Economics for Energy, así, la consideración de la renta en el cálculo de la pobreza energética "es especialmente relevante para analizar la situación de los últimos años, ya que los datos confirman que la crisis económica ha contribuido a intensificar las diferencias entre las rentas más altas y las más bajas en España". Dado que la pobreza energética, como faceta de la pobreza general, afecta en gran medida a los hogares con menos ingresos, se trata de un indicador claro de que "el problema se ha incrementado de forma importante: la evolución de la pobreza energética entre 2007 y 2013 revela un incremento de cerca del triple (del 3,60 al 9,88%)".
Un encarecimiento de la electricidad del 76%
El informe señala que, al incremento de la brecha entre rentas -crecen las diferencias que hay entre los ingresos de unas familias y los de otras- "se suma como agravante el considerable aumento de los precios de la energía: entre 2007 y 2014, la factura eléctrica de un hogar medio en España se incrementó un 76% y la factura de gas natural un 35% en el mismo período, tanto por el afloramiento de costes como por la inclusión en la tarifa de conceptos derivados de políticas varias". Por otra parte, el informe de Economics for Energy señala que "la configuración del hogar influye de manera determinante sobre la probabilidad de que este se encuentre en situación de pobreza energética". El perfil que se extrae de la investigación realizada por el equipo de expertos señala en situación de "especial riesgo de vulnerabilidad" a las "familias con hijos –sobre todo las familias numerosas– de ingresos bajos, viviendo en régimen de alquiler y con su sustentador principal en situación de paro o inestabilidad laboral (en especial si tiene una ocupación elemental como administrativo o trabajador de servicios y comercio)". Economics for Energy no ha detectado diferencias significativas entre los hogares situados en zonas urbanas y los ubicados en zonas rurales.
Recomendaciones de los autores
A priori, los autores del informe recomiendan, "para erradicar la pobreza energética", combatir la pobreza en general, de la que la energética sería una faceta más. Por lo que respecta a las medidas concretas, la principal propuesta del estudio de Economics for Energy es "sustituir el actual bono social por una transferencia monetaria a tanto alzado (de cuantía fija) financiada con cargo al presupuesto público". El bono social fue instaurado por el Gobierno español en 2009 y supone un descuento del 25% en la factura de la electricidad. Se aplica en caso de tener contratada una potencia inferior a tres kilovatios (3 kW), de que todos los miembros de la unidad familiar estén en paro, de ser beneficiario de una pensión no contributiva o de tener familia numerosa. Según los autores del informe, este instrumento presenta dos debilidades importantes: solamente es aplicable a la factura eléctrica y no protege específicamente a los consumidores más vulnerables. La prueba de esto es que el 78% de los hogares beneficiados por el bono social lo son por tener una potencia inferior a 3 kW, cuando los datos prueban que un consumo bajo no implica vulnerabilidad a la pobreza energética. Además, paradójicamente -denuncia Economics for Energy-, esta fórmula puede incentivar un mayor consumo.
Transferencia a tanto alzado de cuantía fija
La alternativa propuesta por Economics for Energy es, pues, una transferencia a tanto alzado de cuantía fija, restringida a hogares vulnerables, que sea utilizable únicamente para pagar facturas de energía y que comprenda los gastos en todas las fuentes de energía para el hogar. En este sentido, los autores recomiendan también que la ayuda se financie a través de los presupuestos públicos, en lugar de a cargo del sistema eléctrico, como ocurre con el actual bono social, dado que, "siendo aplicable a todos los tipos de consumos energéticos (gas, gasóleo, etcétera), lo más equitativo es que sea sostenido por el conjunto de los contribuyentes". También se plantean otras medidas de apoyo, como las de fomento de la eficiencia energética e información, o que las tarifas energéticas recojan fielmente todos sus costes y se excluyan los que no tienen relación directa con ellas. El Informe ha sido preparado por José Carlos Romero (Instituto de Investigación Tecnológica, Universidad Pontificia Comillas), Pedro Linares (Economics for Energy e Instituto de Investigación Tecnológica) y Xiral López Otero (Economics for Energy y Universidade de Vigo). Su elaboración ha contado con la ayuda de Xavier Labandeira y Alicia Pérez Alonso, de Economics for Energy y Universidade de Vigo.
