El Gobierno (en este caso concretamente del PP) estableció por ley en 1997 un modelo de mercado de la electricidad -marginalista- que, en sí mismo, y debido a cómo funciona su mecanismo de formación de precio, encarece artificialmente la electricidad (abajo explicamos cómo; lo explica la Fundación). Eso, en primer lugar. Pero es que, además, el Gobierno (en este caso los diferentes gobiernos de PP y PSOE que se han ido sucediendo a lo largo del último cuarto de siglo) han ido añadiendo al precio que sale de ese modelo (al precio que sale del mercado marginalista de la energía eléctrica) un montón de peajes, impuestos, cargos y recargos que, al final, resulta que nos están costando a los consumidores más incluso que el precio, caro, que sale cada día del mercado marginalista. Pues bien, frente a esa carestía, la Fundación Renovables plantea en su informe ¿Qué hacemos con la tarifa eléctrica?, que presentó ayer, una serie de propuestas e iniciativas cuyo objetivo último es disminuir el precio de lo que considera "un bien básico de primera necesidad cuyo acceso debe ser garantizado como servicio público".
Eso sí, antes de presentar sus propuestas e iniciativas, la Fundación señala en su informe ciertos números clave para que nos hagamos una idea de lo que mueve la electricidad en este país. El informe ha considerado como año ejemplo 2019 (año preCovid, con unos números más homologables a los de otros años). Pues bien, ese año los costes del sistema eléctrico fueron, antes de impuestos, 30.954 millones de euros (M€), de los que, por una parte, un 61% corresponde a partidas relacionadas con la regulación (el Gobierno decide políticamente qué mete en la factura y cuánto pesa cada concepto de los que incluye) y, por otra parte, el 39% restante de esos 30.000 millones de euros corresponde al llamado coste de la energía (el precio que sale del mercado marginalista). A esos costes hay que añadirles el IVA del 21% (los gobiernos PP y PSOE le han colocado a la electricidad el mismo impuesto que habrá de pagar aquel consumidor que se compre un yate o una diadema de diamantes (o cualquier otro bien de lujo). En definitiva: 61-39. 
¿Y qué propone la Fundación Renovables?
Pues, según su terminología, llevar a cabo "una limpieza profunda de la tarifa eléctrica" reduciendo los costes regulados contenidos en ella. "Para normalizar y abaratar la tarifa -explican desde la Fundación- hay que actuar, principalmente, por el lado de los costes regulados. Las razones son claras: dependen de la decisión política". Así que repasamos a continuación las propuestas que la FR incluye en su informe.
• Retribución específica Energías Renovables y prima Cogeneración y Residuos no Renovables
Más de 7.300 M€ en 2019, aproximadamente el 41% de todos los costes regulados, que cobran los más de 60.000 productores de energías renovables, cogeneración y residuos no renovables (entre los que se encuentran los pequeños productores solares fotovoltaicos, los propietarios de centrales nucleares -como Endesa, Iberdrola o Naturgy-, los de parques eólicos, termosolares, centrales de cogeneración que queman gas, etcétera, etcétera). Hasta hace unos días, esos más de 7.000 millones de euros salían de la factura. En diciembre, el Gobierno decidió que a partir de ahora saldrán de un Fondo Nacional para la Seguridad del Sistema Eléctrico (o sea, que acaba de sacar de la factura de la luz esa partida). La Fundación Renovables está de acuerdo con esa iniciativa, que demuestra que, con voluntad política, se puede abaratar efectivamente la factura eléctrica, pero pide mejoras para ese Fondo, como una máxima transparencia, "el mantenimiento de la iniciativa en el tiempo y su uso como instrumento de mejora de la sostenibilidad energética".
El Fondo (del que ahora habrán de salir esos más de 7.000 millones de euros) lo van a alimentar las empresas que operan con energías contaminantes, o sea, las comercializadoras de gas; los operadores de productos petrolíferos al por mayor; los operadores de gases licuados de petróleo al por mayor; y los consumidores directos (al por mayor) de los productos anteriores (también alimentarán ese fondo las comercializadoras de electricidad, incluidas las que solo venden electricidad limpia, lo que ha sido objeto de controversia en determinados cenáculos del sector, pues no parece lógico incluir en ese paquete a esas comercializadoras limpias, si de los que se trata es de que los que contaminan paguen a los que producen energías limpias). Pero esa es otra historia (en realidad el Fondo ha sido anunciado pero todavía está en fase de tramitación legislativa). La cuestión es que el Gobierno ha sacado esa partida mil millonaria de la factura y espera abaratar el recibo de la luz en un 13%.
• Transporte y distribución
Otros casi siete mil millones de euros (6.890), es decir, el 38% de los costes regulados. Cobran el transportista único del sistema eléctrico nacional (Red Eléctrica de España), más de 1.700 millones de euros; y las distribuidoras de electricidad (5.181 M€). De esos más de cinco mil millones para distribución, el 90% se lo reparten cinco empresas: END-D (Endesa), IBE-D (Iberdrola), UNF-D (Naturgy), E-Redes (EDP) y Viesgo Distribución. Con respecto a esta partida (Transporte y Distribución), la Fundación Renovables propone el pago por uso: tanto usa (el usuario) la infraestructura en cuestión, tanto debe pagar. Porque es que se ha dado la circunstancia (muchos años, sobre todo estos últimos) de que las redes transportaban y distribuían menos electricidad (o mucha menos) que en años anteriores y, sin embargo, el Gobierno, incrementaba la cuantía a pagar.
En el año 2010, por ejemplo, el transporte nos costó a todos los consumidores 1.397 M€; y la distribución, 4.305 (todo salió de la factura de la luz). ¿Demanda de electricidad total nacional aquel año? 275.773 gigavatios hora (GWh). Pues bien, en el año 2014, justo después de la entrada en vigor de la reforma eléctrica ejecutada por el primer Gobierno Rajoy, las distribuidoras cobran ya más de cinco mil millones de euros (5.013), aunque la demanda es un 7% menor que la de 2010 (como consecuencia de la crisis), y se queda en los 258.117 (GWh). Más aún: en 2017 el transporte le cuesta ya a los consumidores 1.709 M€ (que se embolsa Red Eléctrica de España); y la distribución supera ya con creces los cinco mil cien millones (5.174). ¿Demanda total nacional de ese año? Pues más baja aún: 252.740 gigavatios hora.
¿Conclusión? La demanda baja pues casi 9 puntos en ese lapso (-9%), mientras que la retribución que le fija el Gobierno al transportista único, REE, crece en más de trescientos millones de euros (+22%) y la retribución que le fija el Gobierno a las distribuidoras sube también más de veinte puntos: +20,1%. Si ampliamos la horquilla, el incremento es aún mayor: desde 2008 -y según recoge el informe de la FR-, el cargo sobre la tarifa de estos dos conceptos se ha incrementado más de treinta puntos (+31%), mientras que la demanda ha caído más de cinco puntos: en 2008 fue de 279.392 gigavatios hora y en 2019, de 264.635 (-5,3%).
"Una de las medidas que se debería poner en marcha -propone la Fundación- es relacionar el pago de la retribución de la distribución y del transporte a la energía verdaderamente distribuida y transportada, diferenciando entre redes de alta, media y baja tensión e introduciendo la distancia existente entre la generación y el consumo".
"Esta iniciativa -continúa la Fundación- debe ser fruto de un proceso de diálogo y negociación entre el Gobierno y las empresas implicadas, Red Eléctrica de España (REE) y la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), como patronal de las distribuidoras". En Aelec están EDP, Endesa, Naturgy, Iberdrola y Viesgo.
Además, la Fundación introduce otra idea en este ítem: que la red eléctrica sea de gestión pública.
• Pago del déficit
En 2019 supuso un coste regulado trasladado a los consumidores de electricidad de 2.696 M€, un 15% de los costes regulados o un 8,76% de los costes del sistema, antes de impuestos, y que todavía dejó a finales de 2020 una deuda viva reconocida de 14.271M€, con un descenso de 2.400 M€ respecto a la registrada en 2019, según los datos que maneja la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).
Lo que aquí propone la Fundación es aprovechar el marco de la ley. Por Ley -señalan los autores del informe-, el horizonte de amortización de la deuda podría llegar hasta 2034. Sin embargo, en las previsiones actuales la amortización de la deuda acabaría en 2028. Bueno, pues lo que viene a plantear la FR es: aprovechemos ese margen, extendamos el período de amortización de la deuda hasta el límite legal y, así, reduciremos la anualidad.
• Extrapeninsulares
Producir y suministrar electricidad en las islas y en las ciudades autónomas es más caro que hacerlo en la península (por diversos motivos de carácter técnico y geográfico). El Gobierno, en su momento, decidió que, aunque los costes de suministro son superiores, la ciudadanía balear, canaria y de Ceuta y Melilla debía disponer de precios homologables a la ciudadanía peninsular. Así, subvenciona la electricidad de esos territorios extrapeninsulares. Esa subvención la pagamos en la factura y en 2019 ascendió a más de mil millones de euros (1.093). Para rebajar el peso de ese coste en la factura, la Fundación también solicita no más que cumplir con la ley.
"En el Real Decreto-ley 6/2009 se establecía que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) irían asumiendo, de forma progresiva, los costes extrapeninsulares, logrando en 2013 asumir el 100%". ¿Y qué ha ocurrido? Pues que "esto no se ha producido -denuncia la Fundación- y la tarifa eléctrica ha seguido asumiendo injustificadamente unos costes que deben estar en la política territorial del Estado y, por lo tanto, en los PGE".
• Impuesto a la generación eléctrica
El primer Gobierno Rajoy crea en 2012 el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica. El Ivpee (impuesto del 7%) grava la realización de actividades de producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica. El Gobierno le da a esa tasa un aire ambiental (el legislador plantea que la incorporación del Ivpee es debida a los "indudables efectos medioambientales" que propician las instalaciones de generación de electricidad), pero lo cierto es que el nuevo impuesto grava por igual a todas las instalaciones que producen electricidad, independientemente de la energía primaria que utilicen y/o de lo que contaminen. O sea, que grava por igual a la electricidad nuclear (que produce residuos radiactivos), a la que producen las centrales térmicas de gas (que emiten CO2) y a los parques fotovoltaicos, que ocupan suelo.
El impuesto, además, beneficia a los grandes grupos empresariales del sector, que cuentan con filiales que generan electricidad, filiales que distribuyen esa electricidad y filiales que comercializan (venden) esa electricidad al consumidor final. Los beneficia porque ellos sí podrán repercutir el nuevo impuesto que han de pagar en el precio de la electricidad que van a cobrarle al consumidor final, mientras que los pequeños productores renovables o los productores exclusivamente renovables que solo producen (y no venden al consumidor final) no pueden repercutir ese impuesto.
La Fundación propone mantener el impuesto a la generación de electricidad con gas natural, derivados del petróleo, carbón y nuclear, pero no a las energías que no son contaminantes.
• IVA, el impuesto sobre el valor añadido
La FR critica, en términos absolutos, el hecho de que a la electricidad, que considera un bien básico de primera necesidad, se le esté aplicando el mismo IVA que a los bienes de lujo (21%). Además, considera por otro lado que, en términos relativos, el efecto del IVA no es el mismo para todos los consumidores, "porque la diferencia es que mientras un consumidor doméstico es un sujeto pasivo que no puede repercutir el IVA soportado, lo que le supone un incremento del 21% en la tarifa de luz que paga, para una empresa es un movimiento financiero que compensará con los ingresos que haya tenido".
La Fundación expone a reflexión varias propuestas: un IVA progresivo que vaya desde el nivel superreducido para cobertura de necesidades vitales en consumidores vulnerables a un impuesto incremental y progresivo con el consumo de energía (tramos diferentes en función del sujeto pasivo y del volumen de consumo). En esa onda, propone también reducirle los impuestos al consumo de electricidad con origen renovable, "incluido el IVA, en función de las características de los consumidores y del volumen de consumo".
• La tasa del CO2
La crítica fundamental que la Fundación le hace a esta tasa es esencialmente la misma que plantea respecto al impuesto a la electricidad (que es otro gravamen con perfil medioambiental). El Ivpee, como apuntábase antes, grava a toda la electricidad (a la limpia y a la sucia), como si el impacto ambiental de un kilovatio hora generado en un parque eólico o en un campo solar fuera el mismo, fuera equivalente, al impacto ambiental de un kilovatio hora nuclear (que trae consigo residuos radiactivos) o al impacto ambiental de un kilovatio hora generado con gas (que trae aparejadas emisiones de CO2). No lo es, obviamente, y por eso la Fundación proponía mantener ese impuesto (impuesto a la electricidad o Ivpee) en el caso del gas natural, los derivados del petróleo o la nuclear y no mantenerlo en el caso de las energías limpias.
Pues bien, con la tasa del CO2 la Fundación viene a plantear lo mismo: "lo que no puede ser -señala en su informe- es que grave a toda la electricidad (...), emita o no CO2". La FR propone por eso introducir "elementos correctivos en la aplicación y destino de la tasa del CO2". El coste del CO2, como lo es el impuesto a la generación, "no puede ser -insiste la Fundación en otro lugar de su informe- neutral para todas las tecnologías".
• Otros
Además, la Fundación propone eliminar otro coste: los cargos por interrumpibilidad, que califica de "subvención encubierta para algunas tipologías de centrales y al sector electrointensivo" (grandes multinacionales de los sectores químico, siderúrgico, cementero), cargo que considera "innecesario" y que recuerda que "siempre ha estado en entredicho". (Sobre el particular, léase Interrumpibilidad y la relación de artículos relacionados reseñada a pie de página).
Hasta aquí, los costes regulados por el Gobierno.
Y, aquí, la FR explica cómo funciona el mercado marginalista
El funcionamiento del mercado marginalista en la fijación del precio de la electricidad en el mercado mayorista, hora a hora, es el elemento más importante en la fijación del precio que se va a trasladar al consumidor. Esta importancia se debe no tanto por la forma de fijar el precio de corte en el que la demanda prevista se cruza con la oferta, en un proceso de competencia de manera que el precio de casación final se corresponde con el precio más alto de todas las ofertas que han sido casadas, sino en que este precio es el que se fija para todas las ofertas que se hicieron con precios inferiores.
Obviamente, si hay muchas ofertas que entran a precios muy bajos, como suele pasar con las que tiene origen renovable (solar y eólica), el precio de cierre tenderá a bajar.
El sistema marginalista tiene su razón de ser como modelo competitivo de casación.
Fue implantado a finales del siglo pasado, mediante la Ley del Sector Eléctrico 54/1997. En la España de aquel entonces, el sistema eléctrico tenía apenas 43.000 megavatios de potencia (27.000, térmicos) y se esperaban 26.000 de gas. Pero el escenario ha cambiado por completo. Para empezar, (1) el sistema eléctrico tiene hoy más de 100.000 megavatios de potencia (frente a los 43.000 de entonces); (2) de esos cien mil megas de capacidad, hoy hay 42.000 renovables (eólica, fotovoltaica, termosolar, biomasa) donde entonces no había ni uno (o sea, cero); y (3) tanto la nuclear como la hidráulica hoy ya estarían amortizadas (la más "joven" de las centrales nucleares de España tiene ya 33 años y hay hidroeléctricas con más de cien).
«La cuestión es -plantea la Fundación- si un sistema como el marginalista, creado cuando las ofertas que participaban se basaban en combustibles fósiles como el carbón, el gas y los derivados del petróleo que introducían en los precios ofertados no solo altos costes variables, sino, también, fluctuaciones de precios en los mercados financieros de alta volatilidad por razones geoestratégicas, puede ser válido para un mix de generación formado por ofertas intensivas en capital y con costes variables muy pequeños, cuyos precios marginales de generación tienden a cero, como ocurre actualmente con las renovables (agua, viento y sol) o con la nuclear que funciona sin variaciones como base»
«Asumir el marginalismo ha supuesto que lo que era un impuesto específico para unas centrales, al participar estas en la casación del precio final del pool, sea trasladado a la totalidad de las que participan en el mercado y, por lo tanto, al consumidor final, actuando en sentido contrario al buscado al gravar precisamente un bien que se quería que tuviera precios reducidos para favorecer su consumo»
¿Por qué el mercado marginalista?
La teoría: una central de producción de electricidad que sea ineficiente ofertará a unos precios superiores a la media y nunca entrará en el mercado, porque otras habrán ofertado sus kilovatios hora a un precio menor (porque son más eficientes). Esto obligará a la menos eficiente a mejorar sus procesos. Y al revés: los productores que vendan su electricidad más barata en el mercado mayorista sí prosperarán (porque los mayoristas les comprarán a ellos sus kilovatios hora más baratos) y tendrán más beneficios que sus competidores, que no pudieron entrar porque ofertaban más caro y en la subasta los mayoristas a igual calidad compran lógicamente al menor precio. Es decir, que el mercado produce las señales que obligarán a los productores a adaptarse o perecer; a ser cada vez más eficientes o desaparecer. Y, además, el mayorista adquirirá la electricidad al precio más barato, con lo que, cuando la venda al detalle, también podrá hacerlo a un precio más bajo.
Esa es la teoría.
Y cuando todas las centrales producen kilovatios con gas (y el gas es adquirido en mercados internacionales a unos precios similares para todos), pues esa teoría puede valer. Y la central de gas más eficiente, la que es capaz de generar más kilovatios hora quemando una menor cantidad de gas (es más eficiente y por eso oferta a un precio menor sus kilovatios hora en mercado mayorista) pues será la central que se lleve el pato al agua. Y si un competidor (otra central de gas) quiere arrebatarle mercado, pues tendrá que ser más eficiente (mejorar sus máquinas y procesos) y producir a un precio menor aún. Ello le permitirá ganar cuota de mercado y, además, el consumidor saldrá beneficiado. Eso es la teoría.
Esa manera de establecer el precio fue ideada cuando la mayoría de la potencia (la mayoría de las centrales) tenían como principal coste el coste variable: el combustible, cuyo precio varía. En 1997, cuando el Gobierno eligió el mercado marginalista, había más de 11.000 megavatios de potencia en carbón, fuelóil y gas (combustibles cuyo precio varía), 7.500 de nuclear y 16.000 de hidráulica. Además, venían de camino 26.000 de gas (ciclo combinado), con lo que el horizonte era fuentes de electricidad con combustibles fósiles diversos (de precio variable). Y la idea era "montamos un mercado marginalista y así fomentamos la competencia entre actores -razonablemente homogéneos- y abaratamos el precio".
Además, el Gobierno estableció unas ayudas para la nuclear y la hidráulica (más de 8.000 millones de euros) denominadas Costes de Transición a la Competencia. En estos dos casos, no había coste variable reseñable, pues el agua es gratis y el uranio no está sometido a la enorme fluctuación de precios a la que sí están sometidos los combustibles fósiles.
¿Y qué pasa ahora? Pues que nuclear e hidráulica ya han cobrado esas ayudas (para abordar su transición) y ya están amortizadas, según la mayoría de los autores. ¿Y qué más pasa? Pues que hay más de 40.000 megavatios de potencia renovable (termosolar, eólica, fotovoltaica), que ayer no había, y que no utiliza combustible alguno porque genera con el viento o el Sol.
¿Quiénes ganan?
Nuclear e hidráulica. Porque, estando ya amortizadas (gracias a las ayudas que recibieron) y teniendo como tienen costes variables muy bajos (agua gratis y uranio mucho más barato que el gas), van a cobrar como el que más (gracias al mercado marginalista, en el que todos cobran el precio que marca el kilovatio hora más caro).
Algunos autores proponen que a esas dos tecnologías se las ponga un impuesto que compense esa ventaja; y/o que se las saque del mercado y se las establezca una rentabilidad razonable (como hizo el Gobierno Rajoy con las renovables, a las que les asignó un 7,3% de "rentabilidad razonable").
Proponen eso porque la rentabilidad que ahora están cobrando es desmesurada: la hidráulica produce por debajo de los diez euros el megavatio hora y la nuclear se estima que en torno a 18 euros, mientras que en el mercado mayorista el mega hora se ha pagado en los últimos cinco años a entre 34 y 57 euros (precio medio anual), produciendo así rentabilidades no razonables sino astronómicas en ambos casos todos los años.
Y aquí los dos palos del sombrajo del mercado marginalista se caen. Ni hidráulica ni nuclear se van a ver incentivadas por la competencia a mejorar sus procesos para ser más eficientes (porque no tienen competencia, porque ya no se van a montar nuevas nucleares ni nuevas grandes presas). Ni el consumidor final va a recibir un precio más bajo, sino todo lo contrario.
El Gobierno lo sabe y por eso ha montado subastas de renovables para inyectarle más potencia al sistema pero sin que esa nueva potencia participe en el mercado (las nuevas subastas han arrojado un precio para el productor -entre 19 y 28 euros-, pero no participan de ese marginalismo que quizá tuvo sentido un día pero que hoy no hace sino inflar innecesariamente el precio).
Según el presidente de la Fundación Renovables, Fernando Ferrando, “tenemos un precio de la electricidad alto porque así se ha decidido".
