La Comisión insta a estos cinco estados miembros a actuar para garantizar una buena calidad del aire y proteger la salud pública. Cada año -explican desde la CE-, más de 400.000 ciudadanos mueren prematuramente en la Unión Europea por la mala calidad del aire. Además -continúa la Comisión-, varios millones de europeos y europeas padecen enfermedades respiratorias y cardiovasculares provocadas por la contaminación atmosférica. Más aún: "los niveles persistentemente elevados de dióxido de nitrógeno (NO2) produjeron casi 70.000 muertes prematuras en Europa en 2013, lo que supone casi el triple de las muertes por accidentes de tráfico en el mismo año".
En el otro plato de la balanza -apunta la Comisión-, la legislación comunitaria sobre la calidad del aire ambiente (Directiva 2008/50/CE) establece valores límite para los contaminantes atmosféricos, entre otros, el dióxido de nitrógeno (NO2). Y, en caso de que se superen esos valores límite, los estados miembros están obligados a adoptar y aplicar "planes para la calidad del aire ambiente que establezcan medidas adecuadas para que esta situación cese lo antes posible".
Pues bien, el dictamen motivado de hoy -informa la Comisión- es debido "a la persistente superación de los valores límite de NO2 en Alemania (veintiocho zonas de calidad del aire, entre ellas Berlín, Colonia, Hamburgo y Múnich); Francia (diecinueve zonas de calidad del aire, entre ellas Lyon, Marsella y París); El Reino Unido (dieciséis zonas de calidad del aire, entre ellas Birmingham, Glasgow, Leeds y Londres); Italia (doce zonas de calidad del aire, entre ellas Milán, Roma y Turín); España (tres zonas de calidad del aire; una es Madrid, las otras dos son de Barcelona).
La Comisión Europea explica en su comunicado que, si bien corresponde a las autoridades de los estados miembros elegir las medidas adecuadas para hacer frente a la superación de los límites de NO2, "se precisa mucho más esfuerzo a nivel local, regional y nacional para cumplir las obligaciones que impone la normativa de la UE y para proteger la salud pública". Si las autoridades de estos estados miembros no actúan en el plazo de dos meses, el asunto puede remitirse al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
