El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital publicó ayer el informe que encargó a una comisión de 14 expertos, un informe que debía y debe definir -explican los ecologistas- un escenario de descarbonización de la economía de 2020 a 2030. Durante los últimos seis meses, los 14 expertos (abajo detallamos quiénes son) han trabajado en la elaboración de ese informe, que finalmente ha sido titulado «Análisis y propuestas para la descarbonización» y cuyo objetivo último es orientar al Gobierno en la elaboración de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, así como en la redacción del Plan de Clima y Energía que deberá presentar ante la Unión Europea.
Pues bien, Ecologistas publicó ayer un comunicado en el que valora el informe de la Comisión
Según la oenegé, el informe en cuestión "no aborda la cuestión sobre cuáles serían las reducciones [de uso y consumo de recursos energéticos] necesarias para luchar contra el cambio climático; más bien parece enfocado a cómo mantener el sistema de lucro económico de los actores empresariales más relevantes". Ecologistas considera "evidente" la necesidad de reducir el consumo de energía, reducción que, según el propio informe -apuntan desde esta oenegé-, "solo conllevaría menores costes, menores emisiones y mayor cuota en renovables". Sin embargo -denuncia la organización-, en el informe "no se establece ninguna simulación en ese sentido: reconoce la necesidad de un cambio en el modelo de producción y consumo, pero se limita a la consecución de unos objetivos tan insuficientes como los que ha asumido el Gobierno español".
Las interconexiones "podrían no tener cabida en el sistema"
"Basándose en un sobredimensionado concepto de seguridad energética -denuncia Ecologistas-, el informe apoya la realización de proyectos innecesarios y que encarecen los costes energéticos". Proyectos como la interconexión eléctrica por el Golfo de Vizcaya o el MidCat (gasoducto) no solo están recibiendo un amplio rechazo social -explican desde la oenegé-, sino que, tal y como ha mostrado el caso Castor, suponen "una hipoteca muy cara". El propio informe reconoce -apunta Ecologistas- que la ampliación de infraestructuras -cables, tendidos eléctricos y gasoductos- requerirá "en cada caso una evaluación específica”. Más aún: la propia Comisión aventura, que “bajo algunos escenarios de descarbonización en 2050, las energías fósiles podrían no tener cabida en el sistema, por lo que hay que evaluar cuidadosamente las necesidades de inversión a 2030 asociadas a estas fuentes energéticas y los plazos disponibles para su amortización".
Nuclear
Ecologistas es particularmente dura con el discurso nuclear de la Comisión de Expertos sobre Transición Energética: "es preocupante la parcialidad con la que se aborda la cuestión nuclear -dicen- al no contemplar las cuestiones sobre seguridad, emisiones y costes de todo el ciclo nuclear". Según Ecologistas, "la inflexibilidad de esta energía arroja además mayores derroches energéticos, además de obviar que el actual estado de degradación de la seguridad en muchos de los reactores hará inviable su ampliación, como ya ha sucedido con Garoña".
Cien por cien renovable
En las antípodas de la crítica, Ecologistas da la bienvenida al discurso 100% ren de la Comisión. "El informe -dice la oenegé- da la razón a las organizaciones ecologistas que llevan años señalando la necesidad de impulsar un sistema energético 100% renovable; y también reconoce que la descentralización y la democratización de la energía, así como las medidas de eficiencia energética en edificios, son claves para alcanzar estos objetivos". Sin embargo -matizan-, sigue confiando "en un sistema oligopólico y en medidas fiscales que vulneran el principio de que quien contamina paga, como sucede con el impuesto sobre carbono, que no establece ningún precio mínimo que garantice algún efecto en la reducción de las emisiones". Una propuesta de fiscalidad que difícilmente podrá afrontar la financiación de la transición energética necesaria y sigue perpetuando mecanismos injustos como los pagos por capacidad.
¿Y el transporte?
Los ecologistas también señalan carencias en este informe: "este trabajo -dicen- se centra más en las reducciones sobre el sector eléctrico que en otros sectores importantes, como el transporte, donde se deja sin abordar la necesidad de una reducción neta y contundente del mismo, especialmente en lo que se refiere al vehículo privado". Según Ecologistas en Acción, "salvo la necesidad de incrementar las medidas fiscales, especialmente sobre el diésel, y del desarrollo de planes a nivel local y regional, no se aprecian medidas efectivas para la reducción de las emisiones en este sector, mientras se confía en exceso en la electrificación de los vehículos sin plantear los cambios necesarios entre distintos modos de transporte". En ese sentido, los ecologistas señalan que "cabe recordar que, de todos los sectores, es precisamente el del transporte el que ha experimentado en los últimos años una tasa de crecimiento anual más elevada", y alertan: "descartar una mayor ambición en este sector podría suponer el fracaso de la lucha climática".
Poca pla-ni-fi-ca-ción
Para Ecologistas en Acción el informe presentado sigue apostando por medidas de mercado o financieras "frente a la planificación, la regulación y la desinversión en combustibles fósiles, que debería ser el centro de la actuación climática". Por fin, la oenegé señala que, "aunque reconocer la necesidad de mayor producción renovable es un paso importante, este informe se queda corto en cuanto a las medidas más transformadoras: seguir permitiendo los privilegios del oligopolio energético, favoreciendo un sistema que concentra energía y capital mientras legitima nuevas y mayores infraestructuras innecesarias, permite que sigan siendo los intereses empresariales los que determinen la transición energética".
Informe «Análisis y propuestas para la descarbonización» de la Comisión de Expertos de Transición Energética
Quién es quién
La Comisión de Expertos está formada por catorce miembros: cuatro de ellos han sido designados por el Gobierno; uno, por cada grupo parlamentario (hay siete grupos parlamentarios); y tres, por ciertos agentes sociales, en concreto, los sindicatos mayoritarios -UGT y Comisiones Obreras- y la patronal, CEOE.
La composición del grupo fue en su momento objeto de numerosas críticas. El PSOE dijo de la Comisión que "no es un grupo de expertos independientes, sino un grupo de representantes de agentes sociales y políticos", mientras que ciertos agentes sociales -asociaciones de consumidores y organizaciones ecologistas- lamentaban su exclusión de la Comisión. También fueron, han sido y son muy sonoras las protestas que ha elevado el movimiento feminista, que ha afeado al Gobierno, a los grupos parlamentarios y a los agentes sociales seleccionados (la Confederación Española de Organizaciones Empresariales -CEOE- y los sindicatos) que no hayan elegido ni una sola mujer a la hora de formar esa Comisión.
La Comisión de Expertos, en todo caso, ha quedado integrada del siguiente modo: Luis Atienza (ex presidente de Red Eléctrica de España, seleccionado por el PSOE), Cristóbal Gallego (miembro del Observatorio Crítico de la Energía, elegido por Podemos), Pedro Linares (investigador de la Cátedra BP de Energía y Sostenibilidad, a propuesta de Ciudadanos), Josep Sala y Prat (empresario del sector renovable, elegido por Esquerra Republicana de Catalunya); Txetxu Sáenz de Ormijana (director de Estudios y Planificación del Ente Vasco de la Energía, vinculado al Partido Nacionalista Vasco), el expresidente de Carbunión Óscar Lapastora (vinculado a Foro Asturias) y Diego Rodríguez (Partido Popular).
Los cuatro integrantes de la Comisión que ha elegido el Gobierno han sido Jorge Sanz, Francisco Javier Arana, que ha sido subdirector General de Energía Nuclear con Mariano Rajoy; Ignacio Grangel, exjefe de gabinete de Alberto Nadal cuando este era secretario de Estado de Energía; y el director de operaciones de Red Eléctrica de España, Miguel Duvison. Cierran el grupo el economista Jorge Aragón Medina, director de Investigaciones de la Fundación 1º de Mayo y miembro del Consejo Económico y Social (Comisiones Obreras); José Luis de la Fuente O'Connor, responsable de Vigilancia Estratégica e Inteligencia Tecnológica de Iberdrola (integrante de la Comisión a instancias de UGT); y Guillermo Ulacia (CEOE).
