La secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen; el vicepresidente y consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Histórica del Govern de Illes Balears, Juan Pedro Yllanes Suárez, y Mario Rivas, presidente de Municipios en Transición-ACOM, en representación de la FEMP, firmaron el pasado viernes el Protocolo general de actuación que promoverá la elaboración del Convenio de Transición Justa para Alcúdia, que beneficiará directamente a 13 municipios. El documento recoge su compromiso expreso "para trabajar conjuntamente en vertebrar un plan de futuro para dinamizar la actividad económica y el empleo ante el cese progresivo de actividad de la central térmica Es Murterar, en Mallorca".
Aunque la central seguirá funcionando hasta que finalice la obra de instalación del segundo cable de interconexión eléctrica entre la península y las islas, la firma del Protocolo permite abordar con anticipación las actuaciones necesarias para encarar la reactivación de la zona. Según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, este es además "un paso imprescindible para acceder a fuentes de financiación a través de fondos nacionales y europeos". Desde el Ministerio recuerdan por otro lado que, "recientemente, la zona del Convenio de Alcúdia ha sido incluida en el Plan Territorial de Transición Justa, que en la actualidad está en fase de elaboración y negociación con la Comisión Europea".
El Instituto para la Transición Justa (ITJ), organismo autónomo de Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, lidera los trabajos para la elaboración del Convenio, concebido para garantizar un tratamiento equitativo y solidario para trabajadores y territorios afectados por la transición energética.
Sara Aagesen, secretaria de Estado de Energía: “con este Protocolo de actuación, tanto el Gobierno central como el Gobierno de las Islas Baleares y los representantes de los municipios del ámbito de las centrales térmicas, ponemos de manifiesto nuestro compromiso de trabajar juntos para acompañar a las personas y los territorios en la creación de un nuevo futuro sostenible, respetuoso con la salud y con el medio ambiente. Y para que estos planes reflejen las aspiraciones de los ciudadanos, en los próximos días se pondrá en marcha el proceso de participación pública que les dará la oportunidad de aportar iniciativas y proyectos para la elaboración del Convenio de Transición Justa de Alcúdia”
Juan Pedro Yllanes Suárez, vicepresidente del Gobierno balear: “la transición energética debe ser necesariamente socialmente justa y servir como oportunidad para impulsar nuevos sectores productivos. La zona de Alcúdia ha sido un importante polo económico y laboral a lo largo de las últimas décadas; con la firma de este Protocolo será posible la llegada de fondos destinados a asegurar que se produzca una transición justa, inclusiva y participativa. Una oportunidad para diversificar el tejido económico de la zona hacia nuevos sectores que ofrezcan empleos estables y de calidad"
Mario Rivas, presidente de Municipios en Transición Justa: “la firma de estos convenios abre un horizonte de esperanza para la reactivación de unos territorios que apuestan por un futuro libre de emisiones, así como por la creación de empleo en sus territorios. Desde hace más de una década los municipios mineros han peleado en Bruselas por una transición energética justa, demandando fondos que permitan mantener población, así como dar una alternativa económica a la que hasta ahora venía siendo su actividad esencial”
Proceso de elaboración de los convenios
La primera fase es delimitar el área geográfica de actuación. Atendiendo a la cercanía a la central en proceso de cierre se incluyen los municipios en un radio de 10 kilómetros y a las poblaciones que, aunque superen esa distancia, sufren impactos directos en sus ingresos fiscales, el empleo o las rentas salariales de sus ciudadanos. El Convenio de Transición Justa de Alcúdia incluirá 13 municipios: Alaró, Alcúdia, Ariany, Búger, Campanet, Consell, Lloseta, Llubí, Mancor de la Val, Maria de la Salut, Muro, Pollença y Selva.
Según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la participación pública es una de las claves en la elaboración de los Convenios: "se trata de un proceso transparente e inclusivo en el que multitud de actores (empresas, sindicatos, ayuntamientos, instituciones académicas o asociaciones sin ánimo de lucro, por mencionar algunos ejemplos) tienen la oportunidad de aportar e identificar proyectos para plantear un nuevo tejido productivo en la zona".
Tras el análisis de su viabilidad económica, social y ambiental, las iniciativas que se determinen como las más adecuadas recibirán apoyo técnico para buscar las líneas de financiación que permitan su puesta en marcha. Se trata de unir participación social con profesionalización de los procesos.
El Convenio de Transición Justa es el resultado final de este proceso y en él se recoge un plan de acción, con actuaciones concretas que impulsarán la diversificación de nuevas actividades económicas en coherencia con el contexto socioeconómico de cada zona para garantizar su viabilidad y su mantenimiento a largo plazo.
Convenios de transición justa en marcha
Los Convenios de Transición Justa constituyen una de las herramientas de implementación de la Estrategia de Transición Justa del Gobierno de España. Tras el acto de hoy, son 15 los Convenios de Transición Justa en marcha y siete los gobiernos autonómicos con los que se han firmado Protocolos de Actuación:
• Andalucía: Puente Nuevo-Valle del Guadiato (Córdoba); Carboneras (Almería); Los Barrios (Cádiz)
• Aragón: Andorra-Comarcas Mineras (Teruel)
• Principado de Asturias: Suroccidente, Valle del Nalón y Valle del Caudal
• Castilla-La Mancha: Zorita
• Castilla y León: Bierzo-Laciana y Montaña Central Leonesa-La Robla (León) y Guardo-Velilla (Palencia)
• Castilla y León y País Vasco: Garoña
• Galicia: Meirama y As Pontes
• Islas Baleares: Alcúdia
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