La Administración podría ahorrar 60 millones de toneladas de CO2 si utilizase energía limpia

Son datos del informe sobre compra verde de la Comisión Europea, presentados en España por la Fundación Entorno. “La implicación de los organismos públicos en la exigencia del cumplimiento de criterios ambientales a sus empresas proveedoras y contratistas se hace imprescindible si consideramos que las compras públicas ascienden a 1.500 billones de euros al año, el 16% del PIB de la Unión Europea o, lo que es lo mismo, el equivalente a la mitad del PIB de Alemania, afirmó Cristina García-Orcoyen, directora de la Fundación Entorno. “Sólo en España, las previsiones de gasto público en productos y servicios para 2005 apuntan a un 28% del PIB nacional”.

En España, los Ministerios de Fomento y Medio Ambiente, y cada vez más empresas privadas, aplican valoración ambiental en sus ofertas de contratación pública, valorando positivamente a todas aquellas empresas que tengan implantados sistemas de gestión ambiental. “Sin embargo, los datos no son muy optimistas, ya que en la UE sólo un 19% de las administraciones realiza compras con criterios ambientales”, añadió.

El informe “Contratación con criterios medioambientales: Un manual sobre los contratos públicos con criterios ambientales”, presentado recientemente por la Comisión Europea, pretende ayudar a las autoridades públicas a lanzar con éxito una política favorable al medio ambiente. En este sentido, explica cuáles son las posibilidades y soluciones que pueden utilizarse en los procedimientos de contratación pública.

También pretende servir de ayuda para que los proveedores y contratistas –especialmente las empresas más pequeñas–, entiendan y respeten los requisitos que se les impongan en la contratación con criterios medioambientales.

Un círculo sostenible
Según García Orcoyen, “eligiendo productos y servicios respetuosos con el medio ambiente, la Administración puede contribuir al desarrollo sostenible, ya que la compra verde aumenta la demanda de productos más sostenibles, fomenta una producción respetuosa con el medio ambiente y ayuda a las energías limpias a conquistar el mercado. Al mismo tiempo, la compra verde permite ahorrar energía y recursos, y reduce la producción de residuos, lo que contribuye a una reducción de gastos públicos”.

Como ejemplo, si todas las autoridades públicas de la UE exigieran ordenadores de una mayor eficiencia energética, e indujeran al mercado a avanzar en esa dirección, se ahorrarían 830.000 toneladas de CO2; si todas solicitaran electricidad limpia, se ahorraría el equivalente de 60 millones de toneladas de CO2 (un 18% del compromiso de reducción de gases de efecto invernadero dentro del Protocolo de Kioto), y si todas optaran por sistemas de ahorro de agua en los servicios de sus edificios, reducirían el consumo de agua en 200 millones de toneladas (equivalente al 0,6% del consumo doméstico total de la UE).

En este sentido, García-Orcoyen explicó que los contratos públicos con criterios medioambientales pueden abarcar desde la compra de ordenadores y edificios que se caractericen por su eficiencia energética, a muebles de oficina hechos con maderas sostenibles desde el punto de vista medioambiental, pasando por la utilización de papel reciclado, vehículos eléctricos, transporte público, la disponibilidad de alimentos procedentes de la agricultura ecológica en los comedores colectivos, electricidad producida a partir de fuentes de energía renovables, sistemas de aire acondicionado que incorporen las soluciones medioambientales más modernas, etc.

Para que Administración y empresas puedan llevar a la práctica los criterios de compra verde existen una serie de herramientas que facilitan su trabajo a la hora de elegir. Las ecoetiquetas, la distinción de eficiencia energética de los productos y las distinciones en productos forestales o agricultura ecológica, son algunos de los instrumentos citados; los certificados ambientales (ISO 14001 y EMAS) son también una forma de “discriminación positiva” hacia las empresas con una mejor gestión ambiental a la hora de contratar servicios.

Más información:
www.fundacionentorno.org

panorama

La Administración podría ahorrar 60 millones de toneladas de CO2 si utilizase energía limpia