La Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos (Anpier) ha difundido esta misma tarde un comunicado en el que valora "positivamente" el inicio de los trámites del anteproyecto de ley que establece las nuevas tasas de retribución financiera aplicables a las distintas actividades con retribución regulada del sistema eléctrico para el periodo 2020-2025. Anpier considera este "un primer paso hacia la restauración de los derechos del sector social fotovoltaico español".
El anteproyecto plantea que la tasa de retribución que tienen reconocida en la actualidad el colectivo de productores fotovoltaicos no pueda modificarse hasta el año 2031. Dicho de otro modo, el anteproyecto hoy presentado por el Gobierno garantiza a los productores que "el valor sobre el que girará la rentabilidad razonable fijada para el primer periodo regulatorio, el actual, no podrá ser revisado durante los dos periodos regulatorios que se sucedan, a partir del 1 de enero de 2020". El periplo legislativo de este anteproyecto no ha hecho otra cosa que comenzar, pues, una vez concluyan los trámites del anteproyecto, el texto volvería al Consejo de Ministros para su aprobación y, en su caso, remisión a las Cortes como proyecto de ley.
Anpier considera este Anteproyecto como "el inicio de la recuperación de un sector que ha sido duramente maltratado durante la última década; un colectivo formado por 60.000 familias que, atendiendo un llamamiento del propio Estado español, destinaron sus ahorros y sus esfuerzos al desarrollo y generación de energía solar fotovoltaica y que, sin embargo, había sido sometido a recortes desmesurados que obligaron a la refinanciación para evitar quiebras familiares generalizadas".
Transición ecológica justa
Según el presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, “no hay transición ecológica justa si no se restituyen legítimos derechos a las decenas de miles de familias españolas que, con grandes sacrificios, hemos logrado que sea posible un cambio en el modelo de generación energética”.
Según Martínez-Aroca, “hoy se ha dado un primer paso en el camino de vuelta a la seguridad jurídica del sector renovable español, denostado en todo el mundo por el quebranto ocasionado tanto a los inversores nacionales como a los internacionales; sin embargo, es preciso consolidar el mandato del Consejo de Ministros para que este Anteproyecto termine siendo efectivo”.
El presidente de Anpier ha insistido además en que “habrá que continuar avanzando hasta alcanzar una restauración justa y equilibrada, puesto que son todavía muchos los desajustes arbitrarios ocasionados por la reforma impuesta en 2013, dado que la supuesta rentabilidad del 7,39% es absolutamente ficticia y los recortes soportados son asimétricos, llegando en muchos casos al 50% de la tarifa regulada inicialmente establecida”.
