La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, participó ayer en el Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea, celebrado en Bruselas, donde ha defendido la necesidad de dar “una respuesta urgente y coordinada a favor de una descarbonización más coherente y rápida” que permita a la UE alcanzar la autonomía energética y beneficiar a los ciudadanos. Ribera ha vuelto a apostar por desacoplar el precio del gas y el carbón del de la electricidad, y ha insistido quizá más que nunca en "apoyar a los ciudadanos más vulnerables de la UE". La cuestión es el cómo: ¿rebajándole los impuestos al diésel? Ribera no está por la labor. Reducir la fiscalidad de los combustibles fósiles o facilitar las ayudas de estado para el empleo de estos no está en su cartera. Antes al contrario, la vicepresidenta tercera del Gobierno ha alertado contra los Estados miembros que están alentando esa "regresión", que obviamente sería contraproducente en materia de lo climático -más facilidades para el consumo de esos combustibles es automáticamente equivalente a más emisiones de gases de efecto invernadero- sino que, además, sería también contraproducente en términos económicos, pues estaríamos dándole al mercado -ha venido a decir la ministra- señales de inversión equívocas y si hay algo de lo que no dispone la UE es de combustibles fósiles.
Tres mensajes clave. Para empezar, una respuesta... ya
«Para nosotros es capital que la respuesta que se dé sea efectiva desde el primer día. Estamos en una situación de emergencia energética, de precios enormemente tensionados, que drenan de forma ya muy importante a la economía europea, a su industria y a los consumidores domésticos. Por tanto no vale el adoptar una orientación general y esperar meses a tener las decisiones operativas, porque no creemos que las familias europeas y la industria europea esté en condiciones de soportar esto»
«Una cosa es el precio del gas, que requerirá una respuesta coordinada, una búsqueda de proveedores alternativos, un esfuerzo para conseguir precios razonables hasta tanto vayamos logrando la reducción de la dependencia del gas en nuestras economías, y otra cosa es el precio de la electricidad, que está enormemente distorsionado, cuando en realidad la oferta, la demanda y los costes relativos de todas las tecnologías menos el gas siguen siendo las mismas. Y no parece haber techo hasta dónde puede escalar el precio de la electricidad si no intervenimos, si no desacoplamos la relación entre coste del gas y precio de la electricidad»
«Nuestra petición es que el debate de la semana que viene permita una respuesta operativa desde el primer día»
Según la vicepresidenta, “la invasión de Ucrania ha revelado la necesidad de acelerar la transición ecológica para reducir dependencia energética y ganar en seguridad". Y, en ese sentido, Ribera ha explicado que la situación actual “cambia el modo en que debemos afrontar el paquete Fit for 55”, que ayer centró buena parte de la discusión de los ministros de Medio Ambiente y Clima, que “no sólo debe ser eficaz sino socialmente aceptable” (el objetivo del paquete Fit for 55 es reducir las emisiones UE2030 un 55% con respecto a las emisiones UE1990).
Ribera ha dicho que se debe llegar a junio con propuestas cerradas “con incidencia real y en positivo en la vida de los ciudadanos”. En la negociación de este paquete legislativo "hay que prestar atención -ha defendido Ribera- a los aspectos sensibles que generan tensión en nuestros ciudadanos, como ocurre en España". En este sentido, Ribera ha explicado que “los ciudadanos sienten la necesidad de avanzar en la agenda verde, pero al mismo tiempo están preocupados por las distorsiones en el mercado energético”.
Ribera ha insistido en que la respuesta que la Unión Europea dé a esta crisis debe entender las distintas realidades de los Estados miembros, para no agravar las diferencias entre éstos sino, al contrario, impulsar la igualdad de condiciones y oportunidades a las industrias y ciudadanos independientemente del país en que se encuentren.
Un Objetivo 55 (Fit for 55) con beneficios para la ciudadanía
En este nuevo contexto, Ribera ha defendido que hay que “modular algunos aspectos del paquete”, como la ampliación del régimen de comercio de derechos de emisión a los sectores del transporte y la edificación. Así, ha expresado las dudas de España con respecto al diseño, el calendario y la eficacia de la medida. Por tanto, ha dicho, “debemos ver cómo mejorarlo, pero sin precipitarse para evitar distorsiones adicionales”.
“En un momento en el que una gran parte de los Estados miembros y la Comisión avalan la conveniencia de reducir la fiscalidad de los combustibles fósiles o facilitar las ayudas de estado para el empleo de combustibles fósiles dando la impresión de que puede haber algún tipo de regresión, resulta extraño pensar que imponer una señal de precio puede servir para orientar las inversiones”, ha subrayado.
Por el contrario, hay otros elementos positivos y no cuestionados en los que sí podemos avanzar y acelerar, como son el despliegue de renovables, el impulso al vehículo eléctrico y el aumento de la eficiencia y el ahorro energético en edificios.
Cómo financiar la transición
Asimismo, la vicepresidenta ha defendido que hay que trabajar en cómo financiar esta transformación verde, "asegurando un espacio fiscal y mecanismos de ayuda" para minimizar los impactos sociales, "como ya ha hecho España", al tiempo que hay que explorar el papel que puede jugar el Banco Europeo de Inversiones "con mecanismos de garantía financiera para ayudar en el despliegue general de la inversión privada y microinversiones en estos ámbitos".
En relación al sistema europeo de comercio de derechos de emisión (ETS), España defiende la necesidad de revisar el mecanismo de control de precios de CO2 que permita responder a situaciones como la actual, en la que se está viviendo un alza de precios en muy corto plazo que puede perjudicar la capacidad de respuesta de la industria europea. “Es necesario reducir la volatilidad del mercado ETS para permitir a las instalaciones planificar sus inversiones y la compra de derechos de emisión”, ha señalado.
Además, España ha reiterado su posición con respecto a los objetivos de sumideros de CO2 recogidos en el paquete Fit for 55. La propuesta de la Comisión parte del concepto de que la capacidad de absorción es la misma en cualquier territorio europeo, independientemente de las condiciones biofísicas, y asigna a España un objetivo adicional independiente de sus condiciones climáticas, "una situación -se apunta desde el Ministerio- que choca con el último informe del IPCC, del que se desprende que en las próximas décadas nuestro territorio no sólo sufrirá temperaturas más elevadas, sino también sequías más intensas, más largas y frecuentes, al tiempo que el aumento de la sequedad y la temperatura incrementarán, a su vez, el riesgo de grandes incendios forestales".
Reglamento de pilas y baterías
Los ministros de Medio Ambiente y Clima han acordado también la posición del Consejo sobre el nuevo Reglamento de pilas y baterías, que España ha valorado positivamente. “Las tecnologías de almacenamiento de energía, y en especial las baterías -ha dicho Ribera-, son clave en el proceso de descarbonización, tanto para facilitar el almacenamiento de la electricidad renovable como para transformar la movilidad, pero también para la digitalización de la economía”. La ministra ha apostado por hacer posible una verdadera economía circular de las baterías en Europa.
Teresa Ribera: “debemos ser capaces de reaprovechar las materias primas críticas contenidas en estos dispositivos [las baterías], por razones ambientales, de eficiencia económica y de dependencia del exterior. No podemos pasar de depender de terceros países para el suministro de hidrocarburos a hacerlo para el abastecimiento de litio, níquel, cobalto o grafito”
Según reza el comunicado distribuido por el Ministerio, las principales novedades incluidas en el texto discutido y acordado ayer tienen que ver con (1) la introducción de nuevos requisitos de sostenibilidad y seguridad para la puesta en el mercado de nuevas baterías; (2) la implementación de la huella de carbono; y (3) la necesidad de incorporar materiales recuperados en las nuevas baterías que se fabriquen o requisitos de durabilidad y rendimiento.
Además, se incrementan los objetivos de recogida de las pilas portátiles, mientras que las baterías (industriales, de automoción o de vehículos eléctricos) deberán recogerse "en su totalidad", y se introducen "objetivos de recuperación de materiales valiosos como el cobalto, cobre, plomo, litio o níquel".
También se regula la segunda vida de las baterías de los vehículos eléctricos y se establece la obligatoriedad de incorporar un código QR que dé acceso a información esencial de las baterías contribuyendo a una mayor transparencia y trazabilidad para todos los operadores y ciudadanos.
Deforestación
Durante la reunión también se ha abordado la propuesta de reglamento de deforestación, que persigue frenar la deforestación y la degradación de los bosques, freno que además favorece el cumplimiento de los compromisos adquiridos por España y la UE en la lucha contra el cambio climático y la conservación de la biodiversidad.
Pues bien, el Gobierno de España considera en ese sentido que "es importante lograr una norma que cumpla con su objetivo y mantenga su ambición", si bien cree que "hay que trabajar intensamente y analizar y valorar bien la propuesta, para conseguir que la norma sea eficaz y operativa".
Además, se ha avanzado en la revisión de los anexos 4 y 5 del reglamento sobre contaminantes orgánicos persistentes (COPs) con la inclusión de nuevos valores límite para alcanzar el mejor equilibrio posible entre la protección de la salud humana y el medio ambiente, el incremento de la circularidad de los materiales y la contribución a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
