La historia es, muy resumidamente, tal y como sigue. El gobierno del Partido Popular (presidía la nación entonces José María Aznar) liberalizó el mercado eléctrico en 1997 (Ley del Sector Eléctrico 54/1997, de 27 de noviembre, LSE). Las eléctricas (Unesa) reclamaron entonces una indemnización -los Costes de Transición a la Competencia (CTCs)- porque sostenían que habían hecho unos cálculos y unas inversiones a la luz de un marco distinto -mercado no liberalizado- y que, en el nuevo marco -mercado liberalizado- el precio de la electricidad bajaría de la mano de la presumible mayor competencia que introducía esa nueva norma y no podrían amortizar sus inversiones tal y como habían previsto dado el marco anterior. El gobierno de Aznar atendió entonces esa reclamación, y aunque no estaba obligado jurídicamente a ello, estableció una indemnización -CTCs- por valor de casi 12.000 millones de euros (cantidad luego ajustada a 8.663 M€, como máximo).
Zapatero
El gobierno del Partido Socialista (preside la nación entonces José Luis Rodríguez Zapatero) aprueba a finales de junio de 2006 un Real Decreto-Ley (RDL 7/2006, de 23 de junio) mediante el que suprime los CTCs porque "generan distorsiones en los precios de mercado al ser integrados como determinantes en las estrategias de oferta". O sea, que el Gobierno Zapatero viene a reconocer que esas indemnizaciones han ayudado a las empresas beneficiarias (Unesa) a mejorar sus ofertas, lo que resultaría determinante como ventaja competitiva. A la vuelta del verano, en septiembre de ese mismo año (2006), es nombrado secretario general de la Energía Ignasi Nieto, que encarga un informe a la Abogacía del Estado para saber, grosso modo, si se le han pagado CTCs de más a las eléctricas y si, "en el caso de que resultara que algunos agentes han percibido cantidades superiores a la máxima atribuida inicialmente, cabría exigir a estos agentes la devolución de estos excesos".
Liquidación
El encargo a la Abogacía del Estado no se hace público nunca y tampoco ve la luz la respuesta que la Abogacía envía al secretario general de la Energía en marzo de 2008. Pues bien, esa respuesta -la que firma la Abogacía del Estado el 13 de marzo de 2008- ha sido ahora filtrada al diario El País, que acaba de publicarla (lo hizo el pasado domingo). Y es ahí donde comienza la polémica. La Abogacía General del Estado considera que, una vez suprimidos los CTCs (lo que había sucedido en 2006), lo "más razonable" es establecer una liquidación global de los saldos pendientes y apoya esa interpretación sobre "el hecho de que las compensaciones por los CTC fueron limitadas a una cantidad global tanto por la disposición de creación -la LSE de 27 de noviembre de 1997- como por sus posteriores modificaciones en 1998 y 2001". (Se refiere concretamente al artículo 107 de la Ley 50/1998 y al artículo 1 de la Ley 9/2001, consecuencia, a su vez, del RDL 2/2001, de dos de febrero).
Sí es pertinente hacer las cuentas
O sea, que la Abogacía del Estado dice que sí: sí es pertinente hacer las cuentas para saber si se ha pagado de más o no a las cinco empresas implicadas. Y lo dice sin asomo de duda: "suprimidos los CTC, procede comprobar si las cantidades efectivamente entregadas conforme a los criterios normativamente establecidos han superado respecto de cada empresa el máximo previsto". E insiste sobre el particular, en otro lugar de su informe: "debe existir una liquidación global y definitiva que permita determinar si las cantidades entregadas superan el máximo previsto legalmente, lo cual sólo puede conocerse al final del periodo de vigencia". Y vuelve a insistir: "en el caso de que las empresas hubieran percibido unas cantidades en concepto de CTC superiores a la máxima establecida, se apreciaría en dicho hecho un enriquecimiento injusto o sin causa", enriquecimiento que "constituye un principio general del Derecho cuya conculcación da lugar a la apreciación de infracción jurídica".
¿La devolución?
Y ahora llega la segunda parte de la consulta que formulara el secretario general de la Energía, Ignasi Nieto, a la Abogacía del Estado: en caso de que los hubiera, ¿"cabría exigir a estos agentes la devolución de estos excesos"? Y la respuesta de la Abogacía del Estado vuelve a ser muy concreta: "en el presente caso resultan aplicables, por su alcance más específico, los preceptos del Código Civil que sancionan el cobro de lo indebido en los artículos 1895 y siguientes". ¿Y qué dice el Código Civil? Pues lo que sigue: "el artículo 1895 del Código Civil -continúa la Abogacía- dispone que 'cuando se recibe alguna cosa que no había derecho a cobrar, y que por error ha sido indebidamente entregada, surge la obligación de restituirla'". Y, por fin, llega el asunto de la prescripción del presunto "enriquecimiento injusto o sin causa", o "infracción jurídica". ¿Hasta qué momento podría haber reclamado el reintegro de esos cobros indebidos el Gobierno? O, ¿puede aún reclamarlos?
"El mayor caso de corrupción de la historia de España"
La Abogacía del Estado considera que "el plazo aplicable a la prescripción del derecho a practicar la liquidación global es el de cuatro años contados desde la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 7/2006, de 24 de junio". O sea, que el plazo que tenía el Gobierno para hacer las cuentas expiró el 24 de junio de 2010. Todo esto se lo dijo la Abogacía del Estado a la secretaría general de Energía el 13 de marzo de 2008, es decir, que el Gobierno supo durante dos años que podía hacer las cuentas... pero no las hizo. El caso es que, según cálculos de la propia Comisión Nacional de Energía (CNE), las eléctricas habrían cobrado hasta 3.400 M€ de más. ¿Y qué dice la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético? Pues que podríamos estar ante "el mayor caso de corrupción de la historia de España" y que "no cabe suponer olvido o negligencia en la presunta prescripción de la devolución de tan ingente cantidad de dinero; es claro -decía ayer su portavoz, Cote Romero- que hubo una decisión política de no proceder a la misma".
Nuevo modelo energético
Pero la Plataforma, que congrega a 321 asociaciones de toda España, apunta algo más: la prescripción de los CTCs podría no haberse producido en 2010. Piet Holtrop, abogado voluntario de esta asociación de asociaciones, lo contaba ayer así: "según asentada jurisprudencia de la Audiencia Nacional, las únicas liquidaciones de la CNE que causan efectos reales y que pueden abrir la vía del recurso juridiccional son las definitivas, sobre la base de que, hasta ese momento, el quantum de las mismas no se puede conocer con exactitud, convirtiendo las liquidaciones anteriores (provisionales) en meros actos de trámite que pueden ser revisados". Atendiendo a ese criterio -explicaba ayer Holtrop-, "la liquidación de los CTCs, que correspondía al año 2006, no se produjo hasta el 27 de julio de 2010, por lo que los cuatro años referidos a la prescripción habrían concluido el 27 de julio de 2014, por lo que el actual Gobierno podría tener responsabilidad en los hechos". Pero no solo...
¿Ayudas de Estado ilegales?
... porque, según Holtrop, "el informe de la Abogacía del Estado que hemos conocido abriría la puerta a que la Comisión Europea calificara las sobreretribuciones como Ayudas de Estado ilegales, que no tienen plazo de prescripción y cuya devolución, en consecuencia, aún podría ser exigida", lo cual abre un escenario totalmente nuevo. Así las cosas, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético -que "agrupa a personas, colectivos sociales, partidos políticos, organizaciones empresariales, sindicatos y organizaciones ambientales"- anunció ayer que "las consideraciones efectuadas sobre los plazos de prescripción y la posibilidad de presentar los escritos correspondientes, de información ante la Fiscalía y de denuncia ante la Comisión Europea, serán sometidas a la votación de la asamblea abierta del nodo de Madrid, convocada para el próximo lunes, 24 de noviembre, a las 19.00 horas, en Media Lab Prado".
