Con la liberalización del sistema eléctrico, en el año 1997, se pretendía llegar a crear un mercado competitivo que autorregulara sus precios. La división funcional por actividades: generación, transporte, distribución y comercialización pretendía romper con el monopolio por regiones, pero como hemos podido constatar, sin ningún éxito. Seguimos con más del 70% de la electricidad que se consume monopolizada por cuatro grandes compañías: Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP.
Esta situación de oligopolio se mantiene desde hace décadas a pesar de la normativa comunitaria que obliga a que las actividades de generación, transporte (redes de alto voltaje), distribución (redes de medio y bajo voltaje) y comercialización estén segregadas. Formalmente en España lo están pero se trata de grupos empresariales verticalmente integrados que controlan esas tres actividades del mercado eléctrico: generación, redes de distribución y comercialización, por lo que sigue sin haber una separación y por tanto una competencia real y efectiva.
Las compañías del oligopolio son propietarias incluso de la mayor parte de las instalaciones renovables, especialmente de las eólicas, aunque hay que reconocer que en las tecnologías renovables la propiedad está mucho más diversificada que en la tecnología nuclear, gas o hidráulica, porque hay otros muchos promotores industriales o de otros sectores. Incluso en las instalaciones fotovoltaicas, los llamados huertos solares, existen unos 60.000 pequeños propietarios.
La situación de dominio del sector por un reducido número de empresas privadas condiciona el mercado mayorista de electricidad y da lugar a prácticas oligopólicas, que en ocasiones incluso han sido sancionadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La titularidad y el control de casi todas las redes de distribución por parte de estas grandes empresas han derivado también en innumerables trabas al desarrollo del autoconsumo por su capacidad de dificultar la tramitación de enganches a sus redes.
La democratización de la energía debe permitir una multiplicidad de iniciativas públicas, ciudadanas o mixtas, que reduzcan el poder y el control de los oligopolios. Es necesaria una mayor intervención pública que regule con criterio de interés general y que no deje a la ciudadanía en manos del funcionamiento de los mercados y, de manera prioritaria al 26,4% de la población que, según datos del INE, se encuentra en riesgo de pobreza o de exclusión social.
Pero para realizar cambios en el mercado eléctrico debemos partir de la situación actual, por mucho que estemos en desacuerdo. En primer lugar estamos sujetos a la normativa europea, que exige como principio inexcusable la libertad de mercado en el sector eléctrico. España y Portugal formamos un único mercado, MIBEL, acoplado con Europa desde el año 2014, con el fin de integrar los mercados europeos en un único mercado, el Mercado Interior de la Energía.
Generación
La diversificación de la propiedad, con participación tanto pública como social en centrales de producción de energía, sería un factor determinante a la hora de evitar la falta de competencia que existe actualmente. Una empresa pública gestora de la producción hidráulica no garantizaría, con el actual sistema regulatorio, la bajada de precios en el mercado mayorista pero el aumento de actores en la oferta aumentaría la competencia y facilitaría la actuación del libre mercado como tal.
La existencia de una o varias empresas públicas, de manera principal en el segmento de la generación, permitiría realizar contratos bilaterales con precios asequibles que podrían abastecer el suministro de las personas en situación de vulnerabilidad o facilitar la introducción de una necesaria tarifa social inexistente a día de hoy.
La propiedad pública en el sector eléctrico es muy común en otros países, donde no ha habido procesos de privatización como en España. De hecho 33 de las 51 principales eléctricas del mundo son de control estatal. En Europa hay empresas públicas de energía en Francia, Austria, Alemania, Suecia, Italia, Irlanda…
Además, debemos acercarnos a la situación que existe en otros países europeos donde sí hay una dinámica de participación “popular” en instalaciones renovables, de la ciudadanía o de pequeñas empresas ligadas a los sectores industriales, agrícolas o ganaderos (fotovoltaica, biomasa, biogás…).
En España, diversas entidades y organizaciones, han propuesto una empresa pública de electricidad u otras fórmulas de propiedad o control público. No parece viable la posible medida de nacionalizar las grandes eléctricas, ni con indemnización ni sin ella, por razones económicas y jurídicas que no requieren mucha explicación.
Sin embargo, muchas otras medidas son posibles para avanzar en un control público del sistema eléctrico, aunque sus efectos, desde luego, no van a ser rápidos. Se puede avanzar en dos planos:
● Control de la operación y funcionamiento del mercado eléctrico.
● Iniciativas públicas para adquirir la propiedad de instalaciones de generación.
Hunosa podría ser la empresa pública que recuperara las concesiones de centrales hidroeléctricas que vayan caducando a lo largo de los próximos años. En concreto, hay unas 255 centrales (cerca de 1.000 MW de potencia) que caducarán hasta 2030. El control público de estas centrales sería muy importante para orientar la entrada de generación hidráulica para cubrir intermitencias de las renovables o reducir puntas de producción de centrales contaminantes y caras, y no como sucede ahora que el oligopolio las utiliza para alterar los precios del mercado mayorista.
Esta propuesta no excluye que existan o se creen otras entidades públicas que operen en el campo de la electricidad, por sí solas o con carácter mixto, especialmente en el segmento de las iniciativas de energía eléctrica distribuida en pequeñas plantas sobre suelo, tejados o embalses o de proyectos de comunidades energéticas o de autoconsumo colectivo, tanto a nivel de viviendas como del sector industrial, en cualquiera de las tecnologías renovables disponibles.
Transporte
En el ámbito del transporte de la electricidad una pieza clave es Red Eléctrica de España (REE), la red de transporte en alta tensión, una empresa que tiene aún un 20% de sus acciones en manos públicas (SEPI) y que cumple además la función de operador del sistema, coordinando la producción con la red de transporte y asegurando la seguridad, continuidad y calidad del suministro.
Y es precisamente por su función como Operador del Sistema, que debería tener una participación pública mayor o total como garante de las decisiones de operación. Sus principios deberían ser la seguridad de suministro y, a su vez, priorizar el criterio económico por el interés general de los usuarios sobre el de las empresas. También sería el encargado de aplicar las pautas que haya proporcionado el ministerio (sobre efecto en el precio de generación, la proximidad para reducción de pérdidas en redes, impactos medioambientales, etc)
Más allá del control público, no es aceptable que una empresa cuyos ingresos vienen fijados en el BOE, y de manera que obtiene grandes beneficios libres de riesgo, tenga una estructura de capital, mayoritariamente privado, que sirva para asegurar altas rentabilidades a grandes fortunas y fondos de inversión, la mayoría internacionales, a costa de los consumidores.
Distribución
Las redes de distribución, que llevan la electricidad desde las subestaciones transformadoras (que convierten la alta tensión en media y baja tensión) hasta el contador de nuestros domicilios, también están en manos del oligopolio y esta situación ha supuesto muchas trabas al desarrollo del autoconsumo, constituyendo una seria barrera a la incorporación de otros agentes a la generación distribuida con renovables.
Por ello sería conveniente recuperar la titularidad pública de las mismas, aunque su gestión podría continuar en manos privadas, para integrar con agilidad y desde la óptica del servicio público el autoconsumo y la generación distribuida. Además la distribución constituye un elemento clave en la cadena del sistema eléctrico y podría poner en marcha, a través de los contadores digitales, servicios de gestión de la demanda activa de energía por medio de los agregadores.
En cualquier caso la actividad de distribución necesita una auditoría de costes que determine sus costes reales y pudiera permitir reducir los peajes que paga el sistema eléctrico por la misma.
