La ministra Teresa Ribera lamentó que España se haya convertido en el país de la Unión Europea (UE28) en el que más han aumentado las emisiones de gases de efecto invernadero entre 2014 y 2017 y dijo que su intención es que el país deje de ser una excepción "entre las potencias de Europa, sin una ley de cambio climático que marque el camino". Así, Ribera se ha comprometido a remitir a la Cámara Baja antes de que termine el año el borrador de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, lo cual constituye probablemente el más importante de los anuncios que ha hecho la ministra en la que ha sido la primera Comisión para la Transición Ecológica de la historia del Gobierno de España.
La ministra ha aprovechado su comparecencia en esa comisión para desgranar las prioridades del Gobierno en materia energética y medioambiental, prioridades cuyo fin último es “contribuir de forma decidida a impulsar un modelo de desarrollo sostenible”. Según el comunicado que difundió ayer por la tarde el Ministerio, sus prioridades serán "la lucha contra el cambio climático, el uso racional y solidario de nuestros recursos, la apuesta por una transición energética y la generación de empleo". En este sentido, la ministra ha remarcado "la evidencia científica en torno a los efectos del calentamiento global" y ha apostado por "implementar medidas transversales que reflejen el consenso de la comunidad investigadora".
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética -informa el Gobierno- deberá fijar "objetivos claros y ambiciosos de reducción de emisiones; marcar sendas de descarbonización a largo plazo; impulsar la publicación de informes periódicos del Banco de España sobre los riesgos y fortalezas de la economía frente al cambio climático, y exigir a las empresas cotizadas la evaluación de riesgo climático y de carbono". El Ministerio también ha anunciado que impulsará la creación de "una comisión independiente para elaborar un informe anual sobre el estado de nuestro país en materia de cambio climático" y que trabajará en una "nueva fiscalidad ambiental" y en la inclusión "de criterios verdes obligatorios en la contratación pública".
El Ministerio informa
Para cumplir sus compromisos con la UE en materia de clima y energía, España deberá presenta un borrador de Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 a finales del año 2018: "este plan tendrá que reflejar nuestra contribución a la consecución de los compromisos adquiridos por el país para caminar hacia la neutralidad del carbono hacia la mitad de siglo. Esto implica una reducción de nuestras emisiones en un 20% en 2030 y de un 90% en 2050 respecto a los niveles existentes en 1990".
Transición justa
Según el comunicado que ha difundido esta tarde el Ministerio, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética recogerá un Plan de Transición Justa, "con el que acompañar solidariamente a los territorios y a los trabajadores de sectores particularmente afectados por la transición hacia una economía baja en carbono o que sufran de manera especial los impactos del cambio climático". Sobre el particular, Ribera ha dicho que “el mayor riesgo es no pensar, no actuar, es mirar hacia otro lado, no acompañar. No podemos dejar a su suerte a las personas”.
La transición ecológica que propone el nuevo equipo ministerial apuesta por "desplazar el modelo centralizado del sistema energético, basado en la oferta, hacia uno descentralizado, basado en la gestión de la demanda; todo ello, con el fin de descarbonizar la economía desde una amplia participación e implicación de la sociedad, para colocar al ciudadano en el centro del modelo".
Renovables
Durante su comparecencia, la ministra ha reiterado por otro lado la necesidad de apostar "de forma decidida" por las energías renovables y la eficiencia energética "y, en este sentido -explica el comunicado-, considera oportuno recuperar y estudiar las iniciativas planteadas por los diferentes grupos parlamentarios sobre estas cuestiones".
Asimismo, Ribera considera "imprescindible" (1) reformar la regulación del autoconsumo; (2) apostar por la movilidad sostenible a partir del uso del transporte público y del vehículo eléctrico; y (3) acometer cambios reales en el modelo productivo y energético hacia uno sostenible.
La ministra ha hecho hincapié en la importancia de las ciudades en la construcción del futuro común, ya que pueden convertirse en modelo de convivencia y prosperidad en el siglo XXI. El binomio ciudad-energía puede aportar soluciones a la sostenibilidad ambientalmente sólidas, económicamente asumibles y socialmente incluyentes y satisfactorias. “Hay que pensar bien la ciudad y trabajar conjuntamente con sus actores públicos”, ha apuntado.
Más allá de la energía
La ministra para la Transición Ecológica recordó que España es el país que mayor riqueza natural atesora dentro del continente europeo y manifestó su intención de recuperar el liderazgo español en la lucha contra la pérdida de biodiversidad que ya se ejerció en 2010, en las negociaciones del Protocolo de Nagoya. En este sentido, ha anunciado la incorporación de los compromisos internacionales sobre esta materia a las políticas del Gobierno de España.
Ribera ha alertado sobre la situación de los ecosistemas marinos, de lo que ha dicho están “especialmente amenazados". En lo que a ellos se refiere, la ministra ha hablado de la necesidad de una "intervención inmediata" y ha hecho especial referencia a la amenaza que supone la contaminación por plástico. En este sentido, ha añadido que el Ejecutivo está trabajando para que pronto el primer parque nacional marino de España sea una realidad, ubicado en el Mar de las Calmas, en la isla de El Hierro.
Por otro lado, y ante los “deficientes y preocupantes” niveles de depuración de aguas residuales en nuestro país, el Ministerio diseñará un Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización con el objetivo de garantizar una gestión sostenible basada en el ciclo integral del agua y aportar transparencia a los escenarios de gestión. En materia de gestión hidrológica, ha reiterado la necesidad de avanzar el cumplimento de la Directiva Marco de Agua.