Energy Transfer demandaba a Greenpeace USA por “incitar” las protestas lideradas por indígenas sioux en Standing Rock (Dakota del Norte) contra la construcción del oleoducto Dakota Access de la petrolera. Kelcy Warren, fundador y CEO de Energy Transfer, es uno de los principales donantes del presidente Trump.
“Aunque las grandes petroleras de todo el mundo sigan intentando silenciar la libertad de expresión y la protesta pacífica, la lucha contra la demanda infundada de Energy Transfer no ha terminado: Greenpeace USA recurrirá el veredicto en Estados Unidos y Greenpeace Internacional también está estudiando esa posibilidad”, ha declarado Mads Christensen, director ejecutivo de Greenpeace International.
El pasado mes de febrero, Greenpeace Internacional ya presentó una demanda contra Energy Transfer ante los tribunales holandeses haciendo uso por primera vez de la Directiva anti-SLAPP de la Unión Europea “para recuperar todos los daños y perjuicios sufridos como resultado de las demandas consecutivas e infundadas de la petrolera estadounidense”.
“Estamos presenciando un desolador regreso a la práctica imprudente que alimentó la crisis climática, profundizó el racismo ambiental y priorizó las ganancias de los combustibles fósiles por encima de la salud pública y un planeta habitable”, señala la ONG en un comunicado. Y recuerda que la anterior Administración Trump dedicó cuatro años a desmantelar las normativas que protegían el aire limpio, el agua y la soberanía indígena. “Ahora, junto con sus aliados, quiere rematar el trabajo silenciando las protestas. No daremos marcha atrás. No nos callarán”, afirma Christensen.
“Este caso debería alarmar a todas las personas, sin importar sus inclinaciones políticas”, añade Sushma Raman, directora ejecutiva de Greenpeace USA: “Todo esto forma parte de un renovado impulso por parte de las grandes corporaciones para utilizar nuestros tribunales como arma y silenciar la disidencia” y “destruir nuestro derecho a la protesta pacífica y la libertad de expresión”.
Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España, afirma, por su parte, que “vivimos tiempos oscuros, pero ahora Greenpeace es más necesario que nunca y vamos a seguir peleando por un mundo verde y en paz donde la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica estén garantizados. Sabemos que la verdad y la ley están de nuestro lado”.
Greenpeace afirma en el comunicado que las demandas de Energy Transfer y otras petroleras “son claros ejemplos de SLAPP: demandas que buscan oprimir a organizaciones sin ánimo de lucro y activistas a través de honorarios legales, empujarlos así a la quiebra y, en última instancia, silenciar la disidencia”. Shell, Total y ENI también han presentado demandas SLAPP contra entidades de Greenpeace en los últimos años. Un par de estos casos se han detenido con éxito para la ONG, como la demanda de TotalEnergies en Francia y la de Shell en Reino Unido (ambas en 2024).
