Greenpeace España acaba de publicar “De la Gran Recesión a la crisis del Covid-19: lecciones aprendidas”, un informe en el que hace un breve recorrido por la respuesta gubernamental a la crisis de 2008, "la debacle económica y social, conocida como Gran Recesión", que fue provocada por la quiebra de Lehman Brothers y a la que en España se añadió el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. La organización ecologista plantea en ese documento sobre “la necesidad de evitar la repetición de las recetas que provocaron el aumento de la desigualdad y la exclusión social, el desprecio a la protección de la salud ambiental o la pérdida del liderazgo en sectores como el de las energías renovables”. De la Gran Recesión a la crisis del Covid-19 hace un recorrido por (1) los recortes en políticas sociales y ambientales; (2) el hachazo a las energías renovables y el aplazamiento de la transición energética; (3) la desprotección del territorio y la destrucción de la biodiversidad, acompañada por la mala gestión de los recursos hídricos; (4) el olvido de la economía circular en favor del beneficio de las empresas y de la exoneración de su responsabilidad como productoras de residuos; (5) las ruinosas infraestructuras de transporte sin justificación económica ni social; (6) la marginación del mundo rural; (7) el rescate a las entidades financieras, que se simultaneó con el olvido de las personas; y (8) la aprobación de las leyes mordaza como respuesta a la contestación social.
Según el informe de Greenpeace, los “reparadores” de la crisis anterior no solo se cebaron en el recorte de servicios públicos como sanidad o educación, sino que también atacaron las políticas ambientales, que se vieron “fuertemente afectadas”. Desde 2008, por ejemplo, las partidas presupuestarias destinadas al medio ambiente -explica el informe- se recortaron en un 56,5% en los Presupuestos Generales del Estado: “el resultado fue también la falta de recursos para la protección del medio ambiente, el abandono de políticas de mejora de la gestión de los recursos (del litoral, hídricos, forestales, pesqueros, etcétera) y la precarización de colectivos, como la guardería forestal o los bomberos forestales”.
Energía
En el sector energético -explica el informe-, los recortes retroactivos, moratorias e impuestos hicieron que el sector de las energías renovables en España pasara de ocupar el primer puesto mundial en crecimiento, en liderazgo industrial y know how, en exportación de tecnologías, bienes y servicios, a encontrarse con un bloqueo regulatorio y económico que tuvo su colofón en el impuesto al Sol, todo lo cual “supuso pasar de los 142.000 empleos en 2008 a 74.000 en 2017 (la mitad), con sus correspondientes implicaciones sociales y económicas directas sobre nuestra balanza fiscal y comercial (por nuestra altísima dependencia energética del exterior en combustibles fósiles que alcanzó el 81%)”.
Transportes
Greenpeace también denuncia en su informe “la construcción de aeropuertos sin aviones y autopistas radiales sin tráfico”. Según los ecologistas, “estas obras innecesarias, disfrazadas de impulso económico, fueron un gran favor a nuestras grandes empresas constructoras”, un favor que al final se tradujo, en el año 2014 -recuerdan desde esta oenegé-, en todo un plan de rescate para las autopistas radiales de peaje, “lo que supuso un coste para las arcas públicas de 3.400 millones de euros”. La apuesta por esas soluciones para el transporte ha derivado además en mayores emisiones de CO2 que se traducen a su vez -denuncia Greenpeace- en “enormes costes sanitarios” y en sanciones europeas por exceso de contaminación atmosférica
Miguel Ángel Soto, portavoz de Greenpeace España: “aunque la actual crisis provocada por la pandemia y la anterior crisis de 2008 tienen desencadenantes diferentes y son de naturaleza distinta, la gran amenaza a la que nos enfrentamos en las próximas semanas y meses es que los sectores más vulnerables de la sociedad vuelvan a ser los que paguen los platos rotos”
Otra de las enseñanzas que ha legado la pasada crisis y que recalca en su informe Greenpeace es que “una vez tomadas las decisiones, como la aprobación de la ley mordaza (las reformas del código penal y la ley de seguridad ciudadana) cuesta mucho recuperar las libertades perdidas”. Por ello -alertan desde la oenegé-, “sería conveniente mesurar las medidas actuales que recortan los derechos civiles en nombre de la seguridad”.
Miguel Ángel Soto, portavoz de Greenpeace España: “la reconstrucción económica y social no puede ser un retorno al status quo. Ahora toca poner a las personas y el planeta en el centro. Necesitamos un impulso renovado a la transición energética, la descarbonización de la economía, cambios profundos en las cadenas de valor, con nuevos objetivos en los sistemas de transporte, financiero, agroalimentario, etc. El dinero público debe ser invertido para comenzar una transformación hacia una sociedad en los que nos cuidemos las personas en el marco de la asunción de los límites planetarios y el justo reparto de los recursos. Si la actual crisis nos está enseñando algo es la importancia de disponer de un buen sistema de salud público, el papel estratégico de colectivos y sectores antes marginados en presupuestos y políticas y hoy ensalzados por sostener a la población durante la crisis”
Valoración positiva de la actuación del Gobierno
Por eso, Greenpeace “valora positivamente las medidas de choque tomadas por el gobierno en los últimos días para amortiguar el golpe en los trabajadores, empresas o los alquileres de las viviendas, y considera necesario cuanto antes la aprobación de un ingreso mínimo vital que garantice la seguridad a todas las personas”. La organización ecologista considera por otro lado igualmente “positivo, aunque todavía insuficiente, que se impida la interrupción de suministros energéticos y de agua en todos los hogares mientras se prolongue el estado de alarma, y que se extienda la cobertura del bono social eléctrico a trabajadores autónomos que hayan cesado su actividad o que hayan reducido su facturación en un 75% como consecuencia del brote del Covid-19”. Greenpeace recuerda en todo caso que “sigue pendiente una profunda reforma del modelo de bono social para que sea una herramienta efectiva de protección y prevención de la pobreza energética”.
