Ante el nuevo retraso en los nombramientos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) Greenpeace reclama a la Ministra de Transición Ecológica,Teresa Ribera, que renueve urgentemente este organismo "por motivos democráticos, legales y de garantía institucional".
Democráticamente, explica Greenpeace, porque corresponde al Parlamento ejercer un control continuado sobre la acción del CSN y, tras diferentes requerimientos, el 28 de junio de 2017, la resolución de la Comisión de Energía del Congreso de los Diputados al Informe del CSN concluía: “El Congreso de los Diputados reprueba la gestión del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear e insta al Gobierno a su cese.” El Partido Popular (PP) votó a favor de esta resolución.
“Desde hace año y medio, Fernando Marti está actuando como “okupa” en el cargo de presidente del CSN, sin que el Parlamento, y en especial el PP, asuman su responsabilidad para sustituirlo. El Gobierno está obligado a asegurar el bienestar de la institución”, ha declarado Mario Rodríguez Vargas, director ejecutivo de Greenpeace España.
Respecto a los motivos legales, la organización señala que el CSN debe renovar sus cargos de manera inminente: De sus cinco miembros, uno ha tenido que abandonar su cargo al cumplir, la semana pasada, la máxima edad reglamentaria. Su presidente finalizó su mandato de seis años el pasado 28 de diciembre de 2018, establecido en el artículo 5.2 de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, y se encuentra desde entonces en situación de interinidad. Una situación en la que estarán también el próximo día 22 otros dos consejeros, quedando únicamente uno adscrito al Partido Popular.
“Este Gobierno no puede esperar ni un día más para cumplir con el mandato democrático del Congreso y garantizar la renovación legal exigida por el Estatuto del CSN, velando por el limpio funcionamiento de la institución”, ha declarado Raquel Montón, responsable de la campaña nuclear y miembro del Comité Asesor del CSN.
Incompatibilidades y falta de transparencia
Greenpeace afirma que la garantía institucional es un tema pendiente en el CSN desde el nombramiento de Fernando Marti hace seis años. Según el artículo 1 de la mencionada Ley de creación del CSN, este organismo regulador se crea como ente de Derecho Público, independiente de la Administración General del Estado. Sin embargo, el actual presidente fue Secretario de Energía hasta 24 horas antes de ser nombrado por la Comisión de Industria. Entre sus funciones como Secretario de Estado de Energía, estuvo la revocación de la orden ministerial de cese de explotación de Santa María de Garoña, asunto que ha estado tramitando posteriormente como presidente del CSN.
Greenpeace añade que la falta de transparencia del CSN ha crecido durante el mandato de Marti, tal y como han denunciado muchas organizaciones, entre ellas Transparencia Internacional (TI). La denuncia de esta organización, dedicada a combatir la corrupción, consiguió finalmente que se hicieran públicos los informes que habían solicitado al CSN y que les habían sido negados por este organismo.
Entre estos documentos está el informe con los criterios para la adjudicación del emplazamiento del cementerio nuclear (ATC) en el municipio de Villar de Cañas (Cuenca), su aprobación o el sobrecoste que tendría esta ubicación. En la actualidad las autorizaciones del ATC están paralizadas y, de acuerdo con la ONG, se practica la “política del miedo”, denunciada por técnicos del CSN.
Por último, afirma que el Gobierno del PP utilizó el nombramiento directo de un consejero en 2015, sin contar con el acuerdo de los tres quintos de los miembros de la Comisión competente del Congreso, para dotar al CSN de una mayoría que no reflejaba la aritmética parlamentaria, haciéndolo apenas días antes de las elecciones. Por lo tanto, no sería la primera vez que un Gobierno actúa sin el acuerdo del Congreso.
“Por motivos democráticos y legales, y por la trascendencia que tiene el cargo del presidente del CSN, es urgente que los actuales miembros de este organismo no se perpetúen en sus cargos. Más si cabe en la coyuntura actual de finalización de cinco de las siete licencias de explotación de los reactores nucleares operativos en los próximos cinco años”, concluye Montón.
