Greenpeace ha presentado hoy en Madrid el informe Darle la vuelta al sistema, que la consultora Abay Analistas ha elaborado para la oenegé. Según ese estudio, de más de 70 páginas, es posible "recuperar y transformar el país en clave verde y justa" en solo cuatro años y con una inversión que no alcanzaría siquiera el 5% del PIB: 197.000 millones de euros (España espera obtener fondos por valor de 120.000 millones de euros del fondo europeo de recuperación Covid -Next Generation EU-, de los que alrededor de 72.000 millones son a fondo perdido, mientras que el resto son préstamos). Pues bien, según el informe de Greenpeace, para materializar esa "vuelta al sistema" en solo cuatro años solo haría falta sacar de las arcas del Estado 105.000 millones de euros (esa apuesta pública serviría de acicate y movilizaría la inversión restante, que sería privada).
La organización ecologista, que centra su propuesta en dos objetivos -la mejora de la vida de las personas y la descarbonización de la economía- propone más de un centenar demedidas. Pero no solo económicas. Antes al contrario. Pues solo el 37% de las medidas propuestas requiere financiación. Además, Greenpece plantea "cambios normativos y alineamiento de las políticas públicas para lograr una transformación verde y justa del sistema". Las medidas propuestas por Greenpeace hacen por otro lado especial hincapié en el papel de la mujer como uno de los principales valores para que el sistema cambie de forma sostenible.
La transformación del sistema energético
Greenpeace considera esta -la transformación del sistema energético- la primera clave del cambio. Las mayores inversiones -plantea el estudio- deben ser empleadas en eso: transformar el sistema energético "hacia uno 100% renovable, eficiente y con participación ciudadana". El estudio concreta: 53.560 millones de euros, que en su mayoría procederían de la inversión privada, deben ser destinados a esa transformación. Además, 52.592 millones de euros deberían ser empleados en la segunda clave del cambio: la vivienda y la rehabilitación energética de las mismas (esos recursos procederían en este caso, según Greenpeace, principalmente de financiación pública). Ambas líneas sumarían así el 58% del total de las inversiones.
El 42% restante quedaría distribuidos así: (1) medidas destinadas al medio rural, a proteger y reconocer la conservación de la biodiversidad, y a favorecer la agricultura ecológica y el comercio ecológico, local y de proximidad: 23.000 millones de euros; (2) medidas para la transición justa, que incluyen incentivos al empleo y a la transformación de la industria, con especial atención al empleo de las mujeres + medidas de agenda exterior, destinadas a apoyar un orden global más verde y resiliente: 15.614 millones de euros; y, por último, medidas relacionadas con la investigación y desarrollo centradas en la reconstrucción verde: 22.776 millones de euros (M€).
Estas son las claves del informe
1.- Inversiones necesarias
Las propuestas para transformar el sistema requieren recursos económicos, pero también voluntad política. De las 117 propuestas presentadas el 43,2% son cambios normativos y regulatorios, el 34,1% requieren inversión o gasto y el 22,7% se dirigen a alinear las políticas públicas y sus prioridades hacia los objetivos energéticos y ambientales contemplados en la propuesta.
De los 197.000 millones de inversión en cuatro años, en torno al 53,7% de las inversiones necesarias se llevarán a cabo con financiación pública y el 46,3%, con inversión privada. La distribución entre inversión pública y privada varía notablemente según ámbitos de actuación: en el sector energético, el 78,4% (cerca de 42.000 millones de euros) de las inversiones
previstas las llevaría a cabo el sector privado y en el ámbito de la innovación este porcentaje alcanzaría el 56,7%.
2.- Origen de los fondos para la financiación pública
En la inversión pública, la propuesta implicaría un esfuerzo de inversión adicional respecto a las inversiones ya contempladas en otros planes aprobados por el Gobierno de 43.103 millones de euros. El 42% de este esfuerzo se destinaría sobre todo a la rehabilitación energética de viviendas para la población más vulnerable.
Greenpeace considera el esfuerzo de inversión pública adicional "realista", y asegura que podría obtenerse por varias vías, "entre las que se encuentra una adecuada reforma fiscal que incluya la fiscalidad verde".
La organización ecologista considera además que los fondos europeos Next Generation UE (de los que el Gobierno prevé invertir 72.000 M€ en los próximos tres años) pueden ser otra fuente de financiación, "dada la coincidencia en la orientación estratégica y en el plazo de ejecución de la propuesta" (de esos 72.000 M€, el Gobierno ha anunciado que unos 27.000 serán destinados a "inversiones verdes".
En todo caso -advierte Greenpeace-, es "imprescindible" que el Gobierno reoriente los objetivos de gasto "para mejorar el alineamiento de las políticas hacia una recuperación verde y justa". Los ecologistas consideran que esta reorientación se puede concretar claramente en las inversiones en “defensa” (el entrecomillado es de la oenegé) o en el reajuste de las políticas de compra, entre otras.
3.- Inversión por bloques de actuación. Siete bloques
• Energía
Para transformar el sistema energético y hacerlo 100% renovable, eficiente, inteligente y abierto a la participación ciudadana Greenpeace propone un conjunto de 12 medidas que suman una inversión total de 53.560 millones de euros. La mayoría de estas inversiones (un 78,4%) procederían del sector privado que, mediante subastas anuales de energía renovable (por energía y por pago por oferta), podrían alcanzar los 40.945 millones de euros. La inversión pública se reduciría a 10.880 millones.
Muchas de las medidas propuesta -reconoce Greenpeace- ya están comprometidas por el Gobierno a través de los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, si bien la oenegé quieren adelantar esos compromisos entre uno y tres años, e incrementan en un 20% para 2030 la inversión en distribución para impulsar el autoconsumo y la generación distribuida.
Además, se incluyen otras medidas que tienen un carácter de cambio normativo como son las subastas renovables o una reforma del mercado eléctrico que permita que las renovables recuperen sus costes de inversión y evite la consolidación de posiciones oligopólicas y también que transponga correctamente las directivas en materia de participación ciudadana entre otras.
• Vivienda y rehabilitación energética
Greenpeace propone 14 medidas destinadas a mejorar la eficiencia energética y el bienestar y la calidad de vida de las personas, medidas que "también ayudarán a aumentar la resiliencia de sectores productivos como es el de la construcción". El conjunto de las medidas alcanza la cifra de 52.592 millones de euros. La rehabilitación energética contempla una inversión de 23.035 millones.
Esta medida únicamente difiere de la que plantea el Gobierno en el PNIEC, en el aumento de ambición y el adelanto en la ejecución. Se eleva en un 36% de ahorro energético de las viviendas en el sector residencial respecto a las propuestas del Gobierno y se plantea un adelanto de cuatro años de esas medidas. Además, se fija también como objetivo adicional que el 30% de estas viviendas sean vulnerables. En el caso del sector terciario, un incremento del 9% y un adelanto también de cuatro años.
Dentro de estas medidas se encuentra la ampliación del Plan estatal de vivienda 2018-2021; la rehabilitación energética de edificios; el establecimiento de un Fondo estatal de vivienda ecológica y equitativa o un nuevo Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos, entre otras.
• Movilidad sostenible
Nueve medidas, inversiones por valor de un total de 29.187 millones de euros y que van dirigidas principalmente a la mejora del transporte público. Destaca la creación de un Programa Nacional “Reparo primero” que priorice el mantenimiento y reparación de infraestructuras viales y que cuenta con casi la mitad de la inversión en movilidad (13.238 millones); la promoción del transporte ferroviario y en especial cercanías (6.491 millones) y la electrificación del ferrocarril en especial los tramos entre las terminales de mercancías, para acabar con la dependencia de la tracción diésel en algunos trenes (1.280 millones).
Además, el estudio propone destinar 3.700 millones a impulsar los proyectos vigentes de nuevos puntos de recarga en las carreteras principales para asegurar la disponibilidad de recarga en todo el territorio.
• Fortalecer la agricultura ecológica y repensar el uso del suelo y territorio
Las 33 propuestas destinadas al entorno rural están dirigidas a proteger y reconocer la conservación de la biodiversidad, a repensar el uso del suelo y el territorio, incorporando también al sector agrícola: 23.000 millones de euros en inversiones.
Según Greenpeace, contar con una agricultura, ganadería, pesca y recursos forestales más modernos y sostenibles y que sean "considerados servicios esenciales para la sociedad" pasaría por dotar los planes de desarrollo rural con un total de 7.330 millones para este periodo; y alcanzar un 30% de la superficie agrícola utilizada para agricultura ecológica en 2030 y el 100% para 2050 "conllevaría una inversión de 5.387 millones de euros".
Para repensar el suelo y el territorio Greenpeace propone una inversión de 7.406 millones, que debe ser empleada en rescatar terreno público para cultivos ecológicos y espantar el resurgir “del ladrillo”.
• Transición justa
Diez medidas; 12.900 millones de euros para transformar la industria contaminante en una más sostenible y que genere empleo duradero e igualitario. Destaca especialmente una medida: la implementación de una renta básica universal con garantías para que permita ir hacia la transición ecológica (12.000 millones de euros de inversión pública). El avance hacia nuevas actividades productivas sostenibles reconociendo el peso del empleo femenino en la transformación del sistema o la creación de un fondo para apoyar la formación de cooperativas para realizar una transición justa contaría con 722 millones de euros; y 45 millones de euros para promover medidas para la reducción de residuos en la cadena de producción, así como la reutilización de los productos, y la implantación en los municipios de la recogida selectiva en origen de los residuos urbanos.
También se incluye la puesta en marcha de una política de bienes ecológicos de larga vida para impulsar la reindustrialización, el fortalecimiento del sector textil de pequeñas producciones que generan, o fondos para apoyar las oportunidades para que las mujeres de bajos ingresos valor entre otras propuestas que no requieren un esfuerzo de inversión pública adicional sino una reorientación de las políticas
• Investigación y Desarrollo y Agenda Exterior
La I+D+i y el desarrollo de la agenda exterior están dentro del conjunto de medidas propuestas, ya que Greenpeace las considera "inversiones fundamentales para la reconstrucción verde y justa". Contabilizan un total de inversión de 25.490 millones de euros. Para el caso concreto de la investigación y desarrollo, la organización ecologista propone una inversión de 22.776 millones "que dibuja un aumento en la inversión actual del 3% para 2030, de los cuales el 53% corresponde a la financiación privada".
Mientras que las medidas relacionadas con la agenda exterior destinadas a apoyar un orden global más verde y resiliente, y la dinamización e incremento de la Ayuda Oficial al Desarrollo suponen una partida de 2.113 millones de euros en línea con la petición de las organizaciones del sector de emplear el 0,5% de la Renta Nacional, que representaría un esfuerzo de inversión pública adicional de 2.714 millones.
• El cambio es imposible si se hace de espaldas a la sociedad civil
Por último el estudio concluye que estamos ante una oportunidad única para transformar el sistema, pero que este cambio "no se puede diseñar y gestionar sin que la sociedad civil participe". Así, Greenpeace propone una nueva cogobernanza de los fondos que se empleen para la reconstrucción verde.
"La participación de la sociedad civil, medioambiental y social -sostiene Greenpeace- tiene que ir más allá de la solicitud de información y transparencia, para tener un papel activo en el diseño del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y en la elección y seguimiento de los proyectos que se desarrollen. La participación directa de la ciudadanía -concluyen los ecologistas- se puede canalizar a través de la Asamblea Ciudadana del Cambio Climático o creando nuevos canales de participación".
