Varias causas, entre las que destaca el elevado precio de la energía; y cinco causantes, que Greenpeace identifica sin concesiones: “un oligopolio energético (Endesa, Viesgo, EDP, Naturgy e Iberdrola) que concentra entre el 80 y el 90% de la cuota de mercado, un oligopolio que ha marcado históricamente una cultura y una política energética peligrosa y contaminante en el país”. La pobreza energética es un auténtico problema en España, donde afecta, según la Asociación de Ciencias Ambientales, a unos seis millones de personas, alrededor del 15% de la población, que se declara incapaz de mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante la estación fría. Por comunidades autónomas, la más afectada es Castilla-La Mancha, donde un 20% de la ciudadanía sufre pobreza energética, seguida por Castilla y León, Extremadura y Murcia. En el extremo opuesto se encuentran Euskadi, Canarias y Comunidad Valenciana, de acuerdo a los informes de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), que es la entidad de referencia en materia de pobreza energética en España.
Pues bien, en ese marco, la organización ecologista valora positivamente la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética presentada por el Gobierno en abril de 2019, “que marca una hoja de ruta y se aproxima a países como Reino Unido”, pero al mismo tiempo demanda que la energía sea considerada “un derecho y que se facilite a la ciudadanía una cesta básica de energía justa y renovable”. Greenpeace insiste en que la lucha contra la pobreza energética pasa por mirar más allá de los bajos ingresos en el hogar y debe abordar la grave deficiencia energética de las viviendas, la brecha de género o los elevados precios de la energía.
María Prado, responsable de la campaña de Energías Renovables de Greenpeace: “la energía ha sido y es tan crucial en el desarrollo de las civilizaciones que se ha convertido en un bien básico. La falta de acceso a la energía genera exclusión social y afecta directamente a la salud. Las soluciones no pasan únicamente por abordar la renta económica sino que se deben analizar causas estructurales como la eficiencia energética de los hogares, el mercado eléctrico y la brecha de género social”
Con respecto a estos, la oenegé del arcoiris propone “revisar las políticas de formación de los precios energéticos para que estos reflejen realmente los costes del sistema y los trasladen a un precio justo a los consumidores, donde se calculen los costes en función del consumo, evitando sobrecargar el término fijo -como ocurre actualmente-, para desvelar el verdadero valor económico y social de la eficiencia energética, las reformas energéticas y ahorros de energía”. Mientras esto no ocurra -concluyen en Greenpeace-, el consumidor “no recibirá señales de ahorro o gestión de la demanda para construir un nuevo modelo vanguardista en pro de la energía justa, limpia y democrática”.
La organización ecologista considera que los colectivos más vulnerables estarían entre los más beneficiados por un modelo eléctrico eficiente basado en renovables (sin carbón ni nucleares), porque un modelo de esas características -asegura- supondría “un ahorro medio de un 34% en la factura energética de los hogares”. Según cálculos incluidos en su estudio La recuperación económica con renovables. Creación de empleo y ahorro en los hogares para un modelo sostenible, solo en la factura de la luz el consumidor pagaría un 25% menos.
Además -aseguran los ecologistas-, un avance de las energías limpias y el abandono de las energías contaminantes y peligrosas generaría “más de tres millones de empleos ligados a la construcción de nuevas centrales energéticas y un crecimiento anual de dos puntos en el PIB“.
La oenegé concluye su comunicado con un mensaje muy concreto: Abordar la crisis climática, imprescindible
El cambio climático también juega un papel fundamental para eliminar la pobreza energética, apuntan los ecologistas. Si no se toman medidas urgentes -alerta Greenpeace- para limitar el incremento de temperatura por encima de 1,5 grados en 2030, “cabe esperar un aumento de la pobreza energética debido al aumento de la demanda eléctrica durante los meses de verano tal y como afirma el Panel Intergubernamental del Cambio Climático de la ONU”. Por ello, Greenpeace exige al Gobierno “una reducción de emisiones del 55% para 2030 respecto a 1990, mucho más ambiciosa que el actual 20% propuesto por el ejecutivo de Pedro Sánchez”.
María Prado, responsable de la campaña de Energías Renovables de Greenpeace: “la pobreza energética hace aflorar claramente los síntomas de las estructuras de poder sobre las que se sustenta la desigualdad en favor de las grandes corporaciones energéticas. Por ello se hace inminente y necesaria una revisión del mercado eléctrico hacia la democratización de la energía, que ponga a las personas y a la justicia económica a la vanguardia de la transición a un sistema energético eficiente, inteligente y 100% renovable”
