Hoy está previsto que el precio de la luz marque un segundo récord anual. Un buen momento para pedir al Gobierno que diseñe un sistema eléctrico que deje de perjudicar a las personas más vulnerables y responda a la lucha urgente contra el cambio climático. Greenpeace destaca tres grandes distorsiones en la factura de los hogares, que la encarecen considerablemente al impedir que soluciones más limpias y competitivas puedan desarrollarse:
• La concentración del sector (generación, distribución, comercialización) en manos de cinco grandes grupos empresariales (Endesa, Viesgo, EDP, Naturgy, Iberdrola). Esto provoca situaciones de abuso en el mercado eléctrico e impide que las personas sean el centro de un sistema eléctrico eficiente y 100% renovable.
• La baja penetración del autoconsumo, de las renovables y de la eficiencia energética. Diez años de políticas contra las renovables, el autoconsumo y la eficiencia energética están ralentizando la entrada de las soluciones que abaratan el precio mayorista de la electricidad y la factura para todos los consumidores.
• La no aplicación del principio de “quien contamina, paga” al sector para que internalice todos sus costes ambientales y sociales. Al contrario, el Gobierno sigue subvencionando a las centrales más contaminantes: una reciente investigación de Greenpeace cuantifica estos pagos en casi 18.000 millones de euros en los últimos 20 años. Esto perpetúa la dependencia de las importaciones de materias primas caras y contaminantes como gas, carbón, petróleo y uranio, así como las consecuencias de sus emisiones o residuos producidos, manteniendo el derroche energético.
“La electricidad no dejará de subir mientras se siga produciendo con combustibles fósiles y sean las mismas empresas o grupos las que dominan todas las actividades del sistema eléctrico: producción, distribución y comercialización”, ha declarado José Luis García Ortega, responsable del Programa de Cambio Climático de Greenpeace. “Pedimos a la ministra de Transición Ecológica una tarifa y un mercado eléctricos que pongan a las personas y al planeta en el centro”.
Además, la organización señala que es imprescindible que las medidas para reducir la factura de la luz y la pobreza energética estén en línea con un Plan de Cambio Climático y Transición Energética que incluya el fin del oligopolio de las compañías eléctricas, el abandono ordenado del carbón y la energía nuclear antes del 2025 y el compromiso para alcanzar un sistema energético eficiente, inteligente, democrático y 100% renovable antes del 2050.
Greenpeace ya demostró en 2014 que los colectivos más vulnerables estarían entre los más beneficiados por un modelo eléctrico eficiente basado en renovables (sin carbón ni nucleares), porque supondría un ahorro medio de un 34% en la factura energética de los hogares. Según cálculos del estudio, solo en la factura de la luz el consumidor pagaría un 25% menos. Además, un avance de las energías limpias y el abandono de las energías contaminantes y peligrosas generaría más de tres millones de empleos ligados a la construcción de nuevas centrales energéticas y un crecimiento anual de dos puntos en el PIB.
Al mismo tiempo en Linz (Austria), donde hoy se reúnen los ministros de Energía de la UE para discutir las nuevas reglas del mercado eléctrico europeo, activistas de Greenpeace han desplegado una pancarta (en la foto) en la que exigen que se dejen de usar miles de millones de dinero público para financiar las subvenciones al carbón, el gas y la energía nuclear.
El responsable de política energética de Greenpeace UE, Sebastian Mang, ha señalado: “Muchos de estos líderes europeos se manifiestan públicamente como adalides de la lucha contra el cambio climático, pero al mismo tiempo siguen financiando la energía sucia que calienta el planeta, contamina el medio ambiente y nos confina en un pasado fosilizado. Es hora de que dejen de desviar dinero público para mantener centrales no rentables y contaminantes en funcionamiento, y se comprometan por completo a hacer que la energía 100% renovable sea una realidad “.
Propuestas concretas
– Acabar con abusos de situación dominante en el mercado eléctrico
Hace al menos 17 años que las diferentes autoridades en materia de competencia están pendientes de vigilar y perseguir las manipulaciones de precios que realizan los grandes actores del mercado eléctrico y, sin embargo, las reglas del juego que les permiten hacerlo siguen intactas.
Greenpeace valora positivamente la reciente iniciativa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que los consumidores puedan identificar claramente a su compañía y el grupo empresarial del que depende, pero entiende que no es suficiente y pide la separación horizontal total y efectiva entre actividades liberalizadas y las reguladas, de manera que no puedan ser realizadas por las mismas empresas o grupos empresariales.
Según la Comisión nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en el sector eléctrico, las comercializadoras (libres o reguladas) que pertenecen al mismo grupo empresarial que las distribuidoras de la zona suministraron al 82,0% del total de los consumidores. También, en la generación, las mismas empresas ostentan una posición que les permite ejercer poder de mercado ya que en los últimos años carbón, hidroeléctrica y gas han marcado el precio mayorista y estas plantas son mayoritariamente propiedad de los mismos cinco grupos empresariales. Además, en los mercados de ajustes las mismas cinco empresas concentran el 90% de la cuota de mercado (2016).
– Las personas en el centro de un sistema eléctrico eficiente y 100% renovable
Greenpeace pide al Gobierno que garantice la participación ciudadana en paridad de condiciones en el sector eléctrico para generar, consumir, compartir, almacenar y gestionar su demanda de energías renovables tanto a nivel individual como colectivo. Según la organización esto es esencial para impulsar la transición energética a suficiente velocidad para salvar el clima y para asegurar el ejercicio del derecho a la energía y democratizar el sector energético.
Para ello, Greenpeace demanda al Gobierno que:
• Avance rápidamente en la legalización del autoconsumo tanto individual como colectivo en los términos de la Proposición de Ley de Autoconsumo
• Elimine el Impuesto al Sol y establezca un sistema de remuneración adecuada de la electricidad excedente
• Habilite la modalidad de autoconsumo virtual compartido entre diferentes puntos de conexión
• Reconozca el derecho de los consumidores a la propiedad y acceso en tiempo real a los datos de sus contadores eléctricos
• Elimine o reduzca considerablemente el término fijo de la factura de la electricidad que supone una de las mayores barreras para el ahorro energético
• Regule la gestión de la gran hidráulica para maximizar la entrada de renovables y el abaratamiento de la factura en lugar que para maximizar los beneficios de las grandes empresas
• Reconozca la energía como derecho habilitando intervenciones contra la pobreza energética basadas en las energías renovables y sistemas de autoconsumo virtual colectivo y la rehabilitación energética de los edificios.
– Aplicar el principio de “quien contamina, paga” y eliminar las subvenciones de las energías contaminantes y peligrosas
La organización ecologista llama la atención sobre la necesidad de que las energías sucias carguen con todos los costes sociales y ambientales que crean. Abaratar artificialmente estas opciones (que a nivel mundial reciben más del doble de subvenciones que las energías renovables o la eficiencia energética) mantiene la dependencia desproporcionada a unas tecnologías obsoletas, contaminantes, peligrosas, caras e importadas como el carbón, el gas, el petróleo y el uranio. Además, expone a la economía española y a los hogares a la volatilidad de los mercados internacionales de materias primas.
Para ello, Greenpeace demanda al Gobierno que:
• El fin de todas las subvenciones públicas y encubiertas que reciben estas centrales, empezando por:
• Aplicar el principio de “quien contamina, paga” para que se haga responsable de los impactos sociales y ambientales de las emisiones de gases de efecto invernadero, emisiones contaminantes y residuos nucleares
• Eliminar los pagos por capacidad que una reciente investigación de Greenpeace cuantifica en casi 18.000 millones en los últimos 20 años
• Hacer que las empresas paguen el total del coste del desmantelamiento de sus instalaciones y la gestión de los residuos nucleares durante todo el tiempo que tengan niveles peligrosos de radiactividad
• Hacer pública y accesible toda la información sobre quién recibe las subvenciones del sector
• Eliminar los llamados “beneficios caídos del cielo” de los que disfrutan la energía nuclear y la gran hidráulica.
