El consenso es generalizado: una ley de cambio climático y transición energética ambiciosa debe ser un elemento clave para la reconstrucción social y económica tras la crisis sanitaria. Por esto, tanto Greenpeace como el partido EQUO y Fundación Renovable piden más ambición, que la ven escasa. Algo que esperan ocurra en el trámite parlamentario que ahora emprende la norma en el Congreso de los Diputados.
Denuncian que el actual objetivo de reducción de las emisiones de CO2 no está alineado con las recomendaciones científicas para no superar 1,5ª las temperaturas globales y evitar así los peores impactos del cambio climático. Según Naciones Unidas, las emisiones deberían reducirse un 7,6% entre 2020 y 2030, pero la ley española –añaden– plantean poco mas de un 3% anual en el mismo periodo. En consecuencia, piden elevar la reducción al 55% en 2030 respecto a 1990 y alcanzar el cero neto en 2040.
Para ello, dice Greenpeace, la ley debe establecer el marco legislativo necesario para la reducción de GEI en otros sectores clave como el financiero, agroalimentario, turismo, gestión de residuos o industria, dada su importante contribución a las emisiones nacionales y teniendo en cuenta sus altos costes en materia de adaptación.
La organización ecologista reconoce que el proyecto de ley recoge medidas imprescindibles, en especial en algunos aspectos de la transición energética hacia un sistema 100% renovable, la transición justa, prohibición de las prospecciones, inclusión del sector vivienda o el anuncio del fin de los vehículos con motor de combustión, aunque considera que 2040 es muy tarde. Sin embargo, reclama la necesidad de que el texto incluya la eliminación de las subvenciones a los combustibles fósiles y a otros sectores que perjudican el clima, como las aerolíneas y la agricultura industrial.
Así mismo, propone un artículo específico que obligue al sector financiero a realizar una correcta gestión del impacto sobre el cambio climático de su cartera de préstamos e inversión, con un cálculo específico de su huella de carbono en los sectores contaminantes. También echa en falta el papel que juegan los servicios ambientales gratuitos en la lucha contra el cambio climático así como la inclusión de criterios de adaptación.
“El texto es muy bueno en el diagnóstico, pero falla en los objetivos. Mientras reconoce que la región mediterránea es una de las áreas más vulnerables del planeta frente al cambio climático y que España se enfrenta a importantes riesgos derivados de este, paradójicamente no asume los objetivos necesarios para evitarlos”, ha declarado Tatiana Nuño, responsable de la campaña de Cambio climático de Greenpeace.
Otra oportunidad perdida
Para la Fundación Renovables, estamos ante una nueva oportunidad perdida. Por dos motivos fundamentales: cambios poco relevantes o casi inapreciables respecto a la anterior versión del anteproyecto y la fijación de objetivos de energías renovables y reducción de emisiones GEI aún menores que los planteados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Por lo tanto, también reclaman que durante la tramitación parlamentaria del anteproyecto se aumente "considerablemente su ambición con objetivos mas acordes con las necesidades de la meta que acertadamente se fija en el texto".
Fundación Renovables también critica que el texto siga sin fijar un año concreto para el cierre de plantas de carbón y nucleares, y que se continue sin el compromiso de desarrollar un cambio en la estructura de consumo de energía en origen, hacia un modelo de gestión de la demanda que implicaría, junto a su electrificación, la democratización de la energía dando protagonismo a la ciudadanía y facilitando la consecución de un sector energético descarbonizado y basado 100% en energías renovables.
En este sentido, señala que tampoco se plantean objetivos de penetración de autoconsumo, ni en potencia ni en energía, los cuáles, "deben llegar a aportar el 10% de la demanda de energía final en 2030", según la Fundación. Otro aspecto que critica es la caída en el objetivo de penetración de energías renovables en el sistema eléctrico para 2030 "al no plantear conjuntamente un objetivo de electrificación del sector energético, para el cual nosotros proponemos que se alcance un 50% para 2030 y así contribuir decisivamente a la reducción de emisiones del sector en su totalidad".
Para Fundación Renovables, la actuación en municipios es también, descafeinada: "plantea la obligación de zonas de bajas emisiones para municipios de más de 50.000 habitantes, pero no están presentes en el documento un batería de propuestas para conseguirlo ni objetivos concretos de reducción del volumen del tráfico o penetración de vehículo eléctrico". Considera, igualmente, que falta una definición clara en relación a las medidas de política fiscal activa respecto al consumo de hidrocarburos y a la recaudación en los Presupuestos Generales del Estado, para redistribuir e invertir en la lucha contra el cambio climático y la aceleración de la transición energética.
Muy insuficiente
EQUO califica de decepcionante y muy insuficiente el anteproyecto de ley. Dice que no cuestiona el actual modelo económico de nuestro país, dejando fuera sectores fundamentales como el agroalimentario o el turismo, lo que hace inviable el cumplimiento de los objetivos climáticos.
“Si bien es buena noticia que llegue por fin al Congreso el anteproyecto de Ley de Cambio climático que tanto hemos reclamado (la ley está anunciada desde 2015), todavía este borrador es muy insuficiente en comparación con el reto climático", señala Florent Marcellesi, coportavoz de EQUO y ex-eurodiputado de Los Verdes Europeos.
"Al igual que hemos aprendido a alinearnos con la ciencia para enfrentarnos a la emergencia sanitaria, también es hora de alinearnos con la ciencia para enfrentarnos a la emergencia climática. Esto supone al menos una reducción del 55% de las emisiones de los gases de efecto invernadero para 2030 y neutralidad climática para 2040”, añade.
El portavoz de EQUO considera que la ley tendría que ser transversal e indicar pautas y objetivos para todos los sectores económicos. "No puede ser una mera ley sectorial energética sino una verdadera ‘Ley de emergencia climática’, que cuestione el modelo económico y su insostenibilidad estructural, aún más después de la crisis sanitaria”. El partido verde insta también al Gobierno a poner coto con mayor claridad a las emisiones de los sectores mas contaminantes, como la aviación.
“Necesitamos reducir los vuelos domésticos y reforzar la oferta de trenes alternativa para cubrir un mismo trayecto, así como establecer un impuesto sobre el queroseno y poner una moratoria a las grandes infraestructuras del pasado, como la ampliación del aeropuerto del Prat. Necesitamos un verdadero plan de choque por la movilidad sostenible, y el transporte limpio y seguro”, señala Marcellesi. “Es urgente que el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos pasen de las palabras a los hechos y muestren más ambición”, concluye.
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética tiene como objetivo fundamental que España sea neutra en emisiones de dióxido de carbono (CO2) en 2050. El anteproyecto de ley hoy aprobado se puede consultar en la web del Miteco.
