La organización ecologista ha enviado una carta al Ministerio de Industria; al Ministerio de Medio Ambiente; al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN); y a la empresa propietaria de la central nuclear de Santa María de Garoña, Nuclenor, en la que solicita información sobre cuándo y cómo se llevará a cabo este proceso de Estudio de Impacto Ambiental. Greenpeace informa de que no ha recibido aún la información requerida. Esa petición de información -explica la oenegé- se enmarca en la obligación establecida el pasado siete de junio en la reunión de las partes del Convenio de Espoo. Según la responsable de la campaña antinuclear de la organización ecologista, Raquel Montón, "Nuclenor y el ministro Soria parece que olvidan que Garoña debe ser sometida a una Evaluación de Impacto Ambiental transfronterizo antes de una renovación de la licencia y a la participación del público en el proceso".
La Convención de Espoo
En el comunicado que ha difundido, la organización ecologista explica que el próximo 30 de septiembre, o sea, mañana, "vence el plazo que el CSN estableció para que Nuclenor presente una previsión de fechas para el cumplimiento de todos los requisitos adicionales solicitados por el organismo regulador para la renovación de Garoña; a ello hay que añadir la Evaluación de Impacto Ambiental de carácter transfronterizo, y la construcción de una torre de refrigeración, tal y como exige la Confederación Hidrográfica del Ebro". La Convención sobre la Evaluación de Impacto Ambiental en un contexto transfronterizo fue firmada en Espoo (Finlandia) el 25 de febrero de 1991. Junto a todos los estados miembros de la Unión Europea, también son partes firmantes Suiza, Noruega, Bielorrusia, Ucrania, Moldavia, Serbia, Bosnia- Herzegovina, Montenegro, Macedonia, Albania, Armenia, Azerbaiyán, Kazajistán y Kirgistán.
Greenpeace informa
La central nuclear de Santa María de Garoña alcanzó el límite de su vida de diseño de 40 años en 2011, y tenía permiso de operación hasta el seis de julio de 2013. En julio de 2012, el Ministerio de Industria revocó parcialmente la Orden Ministerial que establecía el cese de explotación hasta esa fecha. Nuclenor SA pidió un aplazamiento para pedir esta nueva ampliación de vida, que no le fue concedido en 2012, pero sí en 2013. A pesar de que finalmente consiguió este aplazamiento, no solicitó una nueva licencia, y el Ministerio de Industria procedió a declarar el cese de explotación definitivo. Desde diciembre de 2012 Garoña ha estado parada, lo que ha motivado que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) le haya impuesto una multa por infracción muy grave, por reducir sin autorización la capacidad de producción o de suministro de energía eléctrica y por el cese unilateral de la actividad.
Endesa e Iberdrola
Nuclenor SA -que pertenece a partes iguales a Endesa e Iberdrola- ha solicitado ante el Ministerio de Industria, Energía y Turismo la ampliación de la vida útil de la central hasta el dos de marzo de 2031 al amparo del Real Decreto para la Gestión Responsable y Segura del Combustible Nuclear Gastado y los Residuos Radiactivos, aprobado el 21 de febrero de 2014. Ese RD permite, una vez decretado el cese de la explotación, obtener una nueva autorización. La puesta en marcha de la central nuclear para este nuevo periodo solo puede suceder tras la preceptiva autorización otorgada por el regulador nuclear, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). El CSN no determina si una central nuclear debe o no debe funcionar; determina si es o no seguro ese funcionamiento.
