La prioridad del gasto público continúa estando en Defensa, que supone más de un 32% del "gasto de inversión" del presupuesto total del Estado (algunos otros analistas hablan incluso del 40%). La denuncia del 32 es de Greenpeace, que concreta que "estas inversiones del Ministerio de Defensa se cifran en 3.264 millones de euros, de los que casi un 75% se destinan a atender compromisos de pago correspondientes a Programas Especiales de Armamento". La denuncia la inscribe la organización ecologista en su análisis de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, cuentas en las que destaca, en lo positivo, "grandes avances en la apuesta por la recuperación justa y verde, con un considerable aumento económico (11.737 millones, gracias al adelanto de los Fondos europeos) y la oportunidad única que supone en el avance de la transición energética justa y la movilidad sostenible".
Greenpeace espera así que el Gobierno "sea valiente y apueste por una verdadera transformación justa y verde del país", y demanda que no se deje pasar esta oportunidad histórica y se destinen los fondos "a políticas y proyectos que logren una transformación del sistema y generen empleo verde de calidad, para lo que no se debe subvencionar a las industrias y las energías contaminantes". En ese sentido, recuerda que ya en el pasado se “malgastaron” miles de millones, como con el fallido Plan E, y confía en que se haya aprendido de los errores.
La organización pide también una profunda reflexión para incorporar la lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad en todos los sectores de la economía "tal y como establece el presupuesto plurianual europeo". Sería deseable -sugiere en ese sentido- que todos los Ministerios reflejaran las partidas presupuestarias necesarias para cumplir estos objetivos. En todo caso, desde Greenpeace recuerdan que el presupuesto actual "todavía está lejos de dedicar al menos el 30% del dinero disponible a la lucha contra el cambio climático y un 10% adicional para abordar la crisis de biodiversidad".
Alicia Cantero, coordinadora del análisis de Greenpeace: "aunque este año se ha avanzado en la transparencia con el Informe de Alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible incorporado en los PGE es necesario seguir avanzando para tener un mejor control y seguimiento de las aportaciones concretas de cada Ministerio a la lucha contra el cambio climático y la crisis de biodiversidad y de las que impiden avanzar. Es necesario mayor esfuerzo presupuestario para llegar al menos al 30% que el Presupuesto Plurianual Europeo dedica a la lucha contra el cambio climático al que habría que añadir un 10% más para abordar la crisis de biodiversidad"
La biodiversidad, perdedora
Greenpeace denuncia que las partidas para los programas destinados a actuaciones ambientales gestionados por la Secretaría de Medio Ambiente, aunque han subido un 67,3% con respecto a los últimos presupuestos de 2018, aún son insuficiente para abordar la grave crisis de biodiversidad. La organización señala en concreto que de los 1.395 millones que se destinan de los Fondos Europeos para este fin, la conservación de los ecosistemas solo cuenta con 601,44 millones de euros.
Mario Rodríguez, director de Greenpeace España: “estos presupuestos podrían marcar el principio del fin de la era de los combustibles fósiles y poner rumbo hacia una verdadera transformación verde y justa de la economía. Un hecho que reconocemos y valoramos positivamente. La transición energética lidera este cambio, pero está lastrada por las subvenciones a sectores contaminantes. Esperamos que la aritmética parlamentaria no se lleve por delante el tímido avance del impuesto al diésel, en un contexto en el que la fiscalidad verde sigue sin despegar. Resulta desalentador que la crisis de biodiversidad siga siendo la gran olvidada y tenga un presupuesto insuficiente"
Reto demográfico y agricultura
Greenpeace celebra la creación de un programa para abordar el reto demográfico y la lucha contra la despoblación que cuenta con una partida de 19,01 millones de euros de los que se transferirán 17 millones a comunidades autónomas y entidades locales para invertir en servicios y conexión. La organización pide que la lucha contra la despoblación tenga en cuenta la mejora del territorio, la gestión forestal y de las actividades sostenibles que refuerzan los bienes y servicios ambientales.
La organización ecologista considera que la agricultura "es una de las grandes asignaturas pendientes". El dinero que aportarán los fondos europeos es "insuficiente" -dice- y no va dirigido a apoyar "la necesaria y urgente transición" hacia la agroecología del sector: "solo se dedicarán 270,8 millones para dotar de sistemas para el ahorro del agua y la eficiencia energética a la red de regadíos, además de 118 millones de euros para abordar la transición ecológica y la defensa de plagas y enfermedades emergentes".
Por otro lado, Greenpeace califica de "incomprensible" el hecho de que los fondos para la agricultura ecológica hayan descendido un 20% respecto a 2018 en el programa de Competitividad y Calidad Alimentaria. En el otro plato de la balanza coloca, "como nota positiva, que este mismo programa va a emplear una partida para el desperdicio alimentario de 283,45 millones de euros".
Transición Energética Justa
Las políticas de industria y energía incorporan la mayor partida (5.622.8 millones) procedente de los Fondos Europeos que se dedicará a impulsar las renovables, la eficiencia, la movilidad sostenible y la transición justa. Por esta razón, en 2021 el presupuesto destinado a las políticas de industria y energía se ha duplicado con respecto a 2018, así como el porcentaje que este dedica a la transición energética verde y justa, que pasa del 6% al 55%.
Pese a la lectura positiva de este proyecto de presupuestos, a la organización le preocupan algunas políticas de gasto para Industria y Energía, "concretamente algunas ayudas encubiertas a través de compensaciones al sector industrial sin que se especifiquen condicionantes ambientales, como es el caso de los 320 millones de euros dirigidos principalmente a compensar a determinadas industrias por los costes indirectos de CO2 y a los consumidores electrointensivos (que deberían condicionarse a mejoras de eficiencia y/o aumento del uso o contratación directa de energía renovable) o los 250 millones de euros del Programa de Renovación de Vehículos 2020 (Plan Renove), que continuará subvencionando coches contaminantes".
Greenpeace considera en todo caso que estos presupuestos apuestan "por una transición energética justa hacia un sistema energético 100% renovable" al destinar 285,11 millones al desarrollo económico de las comarcas mineras de carbón, 46,7 millones del Instituto de Transición Justa y los 90 millones del Fondo Europeo.
Cecilia Carballo, directora de Programas de Greenpeace: "desde Greenpeace esperamos que no se desaproveche la oportunidad que representan estos presupuestos. La adicionalidad de los fondos europeos refuerza las posibilidades de hacer cambios sustanciales en nuestra economía y consolidar una . transformación del sistema ,justa, verde y orientada a la cohesión social y territorial. La transformación del país debe estar anclada en los recursos disponibles. Los existentes y los adicionales derivados de la situación que vive el mundo. Dinero hay, hace falta valor y voluntad política para respaldar las decisiones que garanticen el necesario viraje hacia un verdadero Green Deal Transformador"
Movilidad
Greenpeace destaca también la apuesta por el desarrollo de la movilidad sostenible y la rehabilitación sostenible y social de edificios que recibirá de los fondos un total de 4.953 millones de euros, de los que casi el 67% se dedicará a movilidad.
En este sentido la organización destaca también la apuesta por el transporte ferroviario de los PGE 2021, que aglutina el grueso de las inversiones en infraestructuras de movilidad (4.719 millones de euros) y que la inversión en carreteras priorice la conservación "frente a la obra nueva, tras los años del ladrillo y el hormigón que convirtieron a España en el país europeo con más kilómetros de autopistas y autovías por habitante". La organización lamenta que se siga apostando por ampliar la capacidad dotando de más carriles a las autopistas existentes, "ignorando el hecho de que más oferta viaria solo consigue inducir más tráfico y más contaminación".
Fiscalidad verde
El principio de quien contamina paga -denuncian por otro lado los ecologistas- está "prácticamente ausente de la fiscalidad en los Presupuestos Generales del Estado". Greenpeace destaca en todo caso la reducción de la bonificación del impuesto del diésel, aunque -matiza- "no iguala la fiscalidad de la gasolina y mantiene las exenciones al uso profesional y que tendrá un impacto de 450 millones de euros".
El Gobierno cuenta con otras figuras -recuerdan desde la oenegé- como el impuesto sobre envases de plásticos de un solo uso que aún se está tramitando en el Congreso y con la que espera recaudar 491 millones de euros y el impuesto sobre la eliminación de residuos con 861 millones.
Sea como fuere, la organización denuncia que los impuestos denominados ambientales (incluidos los energéticos) tan solo representan el 5,8% de los ingresos del Estado y demanda al Gobierno que siga asumiendo su responsabilidad para integrar eficazmente la fiscalidad verde y el principio de quien contamina paga "como medidas indispensables dentro del paquete de reformas fiscales".
