La historia ya es bien conocida: llegó la pandemia, llegó la guerra, llegó la inflación y la energía pasó a estar en boca de todos. El relato continúa como una pesadilla, como lamenta el eurodiputado español Nicolás González Casares. “La Comisión no tiene suficientes medidas de emergencia que se adapten a todos los Estados miembro. Algunos de ellos no podrían hacer frente a la crisis. Sabemos que hay una capa de la sociedad en la que la vulnerabilidad energética es crónica”, ha descrito este viernes en una charla con algunos medios españoles. Se ha apoyado en los últimos datos de Eurostat, que defienden que en 2021 un 6,9% de la población europea tuvo problemas para calentar sus viviendas.
La Unión Europea (UE) trató de frenar el impacto en los hogares más expuestos. El parlamentario socialista reconoce que a la Comisión Europea le faltó tener preparada esa “medida de emergencia” y plantea una que cumpla tres aspectos: que sea clara, homogénea y temporal, para no frenar los incentivos a las inversiones. Por ello, Casares, miembro de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, apoya la propuesta de la reforma del mercado eléctrico de la UE. Para dar pasos más seguros.
Principalmente, hay tres objetivos: empoderar a los consumidores, mejorar la competitividad industrial y darle un impulso a la la transición hacia la neutralidad climática. Y, aparentemente, dos problemas: las fechas y llegar a un acuerdo. El 1 de julio España ejercerá por quinta vez la Presidencia del Consejo de la Unión Europea (hasta diciembre), 19 de julio el Parlamento Europeo contará su posición acerca de esta reforma y el 23 de julio hay elecciones en España.
El eurodiputado español espera que a finales de año haya un acuerdo. “No porque me obceque por la Presidencia española. Queremos que al menos en esta legislatura esto se cierre para no aumentar la volatilidad que existe en el mercado. Si esto se mantiene abierto durante un año más, habría inestabilidad. Y hay voluntad por todas partes”, ha defendido.
A la pregunta de si puede haber un cambio total de rumbo, González Casares asegura que el proceso seguirá su cauce “incluso si hay cambio de gobierno”. Ha puesto de referencia la presidencia de Suecia, que “pasó de un gobierno socialdemócrata a otro más conservador”. “No se notan grandes diferencias. En ese caso se han sacado casi todos los temas programados. Al final, la presidencia es la voz de todos”. Además, el tren de la reforma del mercado eléctrico ya ha cogido velocidad. “Sería una sorpresa hacer una enmienda a la totalidad de la presidencia de la Comisión Europa”, ha descrito. Aunque reconoce que la voluntad política puede perjudicar, al limitar, al no adaptar la legislación o simplemente por inacción.
Derecho a compartir energía
Uno de los aspectos de la reforma que Gonzalez Casares encuentra más positivo es el derecho de compartir excedente de energía. Encuentra que “va más allá de lo que se conoce como comunidades energéticas”. Pone un ejemplo: “Si yo tengo naves industriales, las cubro de placas solares y producen más energía de la que necesito, puedo volcarla en un mercado donde, en lugar de que me lo compre mi distribuidora o comercializadora, se lo vendo directamente a otras personas”.
Lo que a priori parece “muy democrático” también puede tener un riesgo. “La propuesta de la Comisión nos parecía que dejaba la puerta demasiado abierta”, ha recordado. Por eso, hubo una primera limitación de potencia y un análisis más profundo. Para que siguiera con ese espíritu de compartir energía sin llegar a ser un negocio. “Tiene un punto de vista no altruista, pero sí de solidaridad. Se necesitará que el que compra su energía pague una remuneración que es el coste en la instalación y una pequeña plusvalía”, ha relatado. Veían la posibilidad “preocupante” de que terceros agentes se aprovecharan. Pusieron como límite 100 kilovatios (KW). “Aunque el PP propuso 10 megavatios (MW)”, ha apuntado. “No creo que acabe siendo ninguna de las dos cifras, pero buscaremos un espacio intermedio”.
