El segundo Consejo de Ministros de la era Rajoy ha dado hoy el sí-quiero (sí-quiero cementerio nuclear) a Villar de Cañas, un municipio de la provincia de Cuenca al que llegarán 700 millones de euros de la mano del gobierno de los recortes multimillonarios (700 millones de euros es lo que el ejecutivo destinará a la construcción de este Almacén Temporal Centralizado, donde serán confinados los residuos nucleares de alta actividad durante aproximadamente sesenta años). La decisión de ubicar en el municipio conquense esa multimillonaria instalación, decisión estrictamente política, obvia el dictamen que el propio Ministerio de Industria encargó el año pasado a un comité de expertos que debía determinar qué ubicación era la más apropiada para acoger esos residuos. Aquel equipo de expertos evaluó ocho candidaturas y presentó su informe al Consejo de Ministros el 17 de septiembre de 2010. Pues bien, ese informe asignó una puntuación a cada municipio en función de su mayor o menor idoneidad como sede del futuro ATC y Villar de Cañas no fue ni la primera, ni la segunda, ni la tercera localidad mejor puntuada. A saber: Zarra (Valencia), 304 puntos; Ascó (Tarragona), 300; Yebra (Guadalajara), 290; y, por fin, Villar de Cañas, en Cuenca, 272.
Mucho anexo y poco informe
El dictamen que sí parece interesar –y muy mucho– al gobierno de Mariano Rajoy es el que publicó en junio de 2009 el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) con respecto a la prórroga de Garoña. En esa fecha, el CSN emitió un "informe favorable a la renovación de la autorización de explotación" de esa central nuclear por un periodo de diez años, o sea, hasta 2019, "siempre que la explotación se ajuste a los límites que se recogen en el Anexo". Por cierto, que el Anexo de aquel informe del Consejo de Seguridad Nuclear (de 5 de junio de 2009) establecía más de una docena de "límites y condiciones sobre seguridad nuclear" y, curiosamente, ocupó más espacio –el anexo, casi seis páginas– que el propio "informe favorable a la renovación" (página y media). En todo caso, el CSN dijo sí a la renovación y justificó todos esos límites y condiciones en la necesidad de "una modernización y mejora significativas de las condiciones de seguridad de la instalación". Sí, "mejoras significativas", decía literalmente.
Las decisiones son políticas
El caso es que el Gobierno de Rodríguez Zapatero tomó dos decisiones con respecto a Garoña. La primera, que funcionara más de cuarenta años (la central fue puesta en marcha en marzo de 1971) y continúa operando; la segunda, que la central burgalesa –que es propiedad de Endesa e Iberdrola– cese su actividad en junio del año 2013, y no en 2019. El anuncio lo hizo el ministro de Industria, Miguel Sebastián, apenas un mes después de haber conocido el "informe favorable". Lo hizo en rueda de prensa, concretamente el dos de julio de 2009. Respecto al cierre de Garoña –decisión también estrictamente política– Sebastián dijo en aquella rueda de prensa exactamente lo siguiente: esta "es una decisión meditada que se justifica por cuatro razones fundamentales: la primera es que es políticamente coherente; la segunda, y la más importante, es que es laboralmente responsable; la tercera es que es técnicamente justificable; y la cuarta es que es energéticamente asumible".
Depende de las empresas
Pues bien, ayer, en el programa La noche en 24 horas, de Televisión Española, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, desempolvaba el "informe favorable del CSN" y aludía al año 2019. Así, el nuevo ministro, que empezaba anunciando que, con respecto a Garoña, "hay un margen de maniobra", señalaba explícitamente a continuación –en la entrevista emitida por TVE– que, "con lo que ha determinado el CSN, es posible extender la autorización hasta 2019". Apuntaba lo susodicho y, acto seguido, contextualizaba: "¿estamos planteando eso? En estos momentos, no. ¿Podría plantearse? A lo mejor sí, pero dependería fundamentalmente del planteamiento que hicieran las empresas que explotan esa central". ¿Un desliz...? ¿Está dejando el ministro la decisión en manos de Endesa e Iberdrola? Porque es que Soria dijo anoche, literalmente, que la prórroga "dependería fundamentalmente del planteamiento que hicieran las empresas que explotan esa central"... En fin, habrá que ver.
Lo del ATC es una trampa
Lo que está claro de cualquier manera es lo que apunta la última edición de la revista mensual del Foro Nuclear (la patronal del sector en España). Lo explicita desde la mismísima portada: "la industria española conserva su capacidad para la construcción de nuevas centrales nucleares". ¿Aviso para navegantes? De momento, en todo caso, el sector acaba de asegurarse –gobierno mediante– 700 millones de euros y trabajo para un buen puñado de años (sesenta). ¿Podría habérselos ahorrado el gobierno, un ejecutivo que hoy mismo ha anunciado recortes que oscilan entre los 8.900 millones de euros que publica El Mundo y los 36.500 del diario Público? ¿Podría –sea cual sea la cifra exacta– haberse ahorrado el gobierno esos 700 millones de euros? Pues bien, eso era grosso modo lo que nos decía, hoy hace casi exactamente un año, Juan López de Uralde, líder de Equo, el partido ecologista que se estrenara en las urnas en noviembre: lo del ATC es una trampa, denunciaba Uralde.
El sector que tiene prisa
Reproducimos a continuación exactamente lo que nos contaba a la sazón: "para nosotros, este es un debate que tiene que vincularse al futuro de las centrales nucleares. Para empezar, el debate del ATC es un debate con trampa. Ahora, el sector nuclear tiene prisa por abrir el cementerio porque quiere alargar la vida de sus centrales, centrales que han sido diseñadas para operar durante un tiempo, y diseñadas para acumular los residuos durante ese tiempo. Por eso decimos que este es un debate que hay que vincular al debate sobre el alargamiento de la vida de las nucleares. Nosotros somos contrarios a ese alargamiento. Y, por eso, no entendemos necesario el ATC". El sector nuclear "tiene prisa" por abrir el cementerio, nos decía visionario entonces Uralde. Y mucha prisa en efecto se han dado Santamaría y Rajoy para satisfacer esa demanda: no les ha hecho falta más que dos consejos de ministros.
Las obligaciones de Santamaría
Precisamente la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, decía hoy lo siguiente: "nos encontramos con una cifra de déficit público estimada para final de año mucho más elevada de lo que había comunicado y comprometido el gobierno anterior. Estamos hablando de un déficit público estimado para final de año del entorno del 8%. Por eso, este gobierno se ve obligado a adoptar otras medidas que no tenía previsto adoptar y que no hubiera adoptado si se hubieran cumplido los compromisos de déficit público anunciados por el anterior gobierno. Este gobierno se ve obligado a una subida temporal de determinados impuestos". A lo que no estaba obligado el gobierno es a asignar 700 millones de euros a un cementerio nuclear. Sáenz de Santamaría ha dicho hoy que estas medidas son "el inicio del inicio", un inicio, eso sí, que promete –no le han hecho falta más que dos consejos de ministros al Partido Popular– 700 millones de euros a la industria nuclear española, 700 millones de euros para una instalación que muchos consideran innecesaria.
Cuando no son 700 los millones
¿Por ejemplo? Greenpeace, que difundía hoy un comunicado en el que insinuaba que el gobierno miente cuando dice 700 millones de euros. Y es que, según la organización ecologista, "el coste estimado del ATC es de unos 2.000 millones de euros" (cantidad en la que la organización ecologista incluye "la construcción, el mantenimiento y el transporte de los residuos nucleares"). Greenpeace asegura además que "el coste de los Almacenes Temporales Individualizados (ATI) es mucho menor". ¿Por qué? Pues por varios motivos. Uno: porque sólo sería necesaria su construcción en las centrales de Garoña, Cofrentes (Valencia), Almaraz (Badajoz) y Vandellós (Tarragona) "porque en el resto de centrales nucleares ya existen". Y dos: porque el coste de cada uno de ellos es de unos 25 millones de euros, "debido a que el mantenimiento es mínimo y el transporte, innecesario". ¿Conclusión? Greenpeace concluye que "la diferencia de costes hace inexplicable que se escoja está opción en momentos de recortes económicos severos".
Del "nuclear-no-gracias" al "nuclear-sí-seguro"
Llegados aquí, hay muchas preguntas en el aire: si, según los informes de estrés recién presentados por el propio CSN, todas las centrales nucleares españolas son seguras, como seguros son todos los depósitos de residuos nucleares de alta actividad que hay en ellas... si eso es así, ¿por qué menearlos, por qué sacar entonces de allí los residuos para enviarlos a otro almacén? Si las centrales nucleares españolas (casi todas) fueron diseñadas, como apunta Uralde, para albergar todos los residuos que iban a ir produciendo a lo largo de su vida útil, ¿por qué sacar de allí entonces la basura radiactiva que han producido, la que aún producen y la que seguirán produciendo durante toda su vida útil si todos esos residuos van a caber en cada una de esas centrales precisamente por eso, porque fueron diseñadas para ello, diseñadas conforme a todas las exigencias de seguridad a las que se les sometió? Si hay una solución mucho más barata, ¿por qué apuestan el gobierno de Santamaría y Rajoy por la más cara?
